
El auge de la universidad privada dispara los créditos para pagar los estudios
En cinco años los préstamos al estudio han crecido un 60%. Las universidades privadas han pasado de facturar 2.200 millones de euros en 2017 a 3.700 millones en 2023 y en el último cuatro de siglo han abierto 27 centros privados por ninguno público
Las familias invierten más cada año en Educación y el gasto privado ya supone uno de cada cinco euros del total
Uno de cada siete créditos que se piden se destinan a pagar estudios, básicamente la universidad y más concretamente los centros privados. La “eclosión” de estos campus por España, especialmente en la última década, está mutando el sistema de educación superior en el país, llevando a más familias a endeudarse, según Asufin (Asociación de Usuarios Financieros). La cifra, empujada por el bloqueo en la oferta pública, ha subido un 60% en cinco años.
La deriva del sistema ha sido relativamente rápida. El plan Bolonia consagró a principios de siglo la apuesta por los posgrados y la especialización, diferenciada de la formación básica universitaria, los grados. Las matriculaciones de los másteres se dispararon y las universidades públicas, escasamente financiadas, se vieron incapaces de satisfacer esa demanda. Pasó lo mismo con los grados. La juventud, consciente de que formarse en la universidad –también aplica a algunas FP– puede suponer hasta el doble de salario que no hacerlo y que en un mercado laboral competitivo como no lo ha sido nunca hay que diferenciarse del de al lado, aprieta, estudia, hace un máster, un posgrado, otro máster. Para algunas profesiones –abogado, profesor de Secundaria– son incluso obligatorios. Hay que hacerlos, da igual dónde. ¿La pública no me ofrece una plaza? Me voy a la privada. ¿Que no tengo dinero para pagar matrículas que pueden oscilar entre los 6.500 y los 10.000 euros año, con picos de 30.000 para carreras como Medicina? Se lo pido al banco.
¿El resultado? En el último cuarto de siglo se han abierto 27 universidades privadas y dentro de poco serán mayoría cuando hace no tanto, allá por 2004, la relación era 50-22. Desde este año, ya hay más gente cursando másteres en los centros privados que en los públicos. La facturación del sector ha pasado de 2.255 millones de euros en 2017 a 3.700 millones de euros en 2023, según el observatorio sectorial DBK Informa, una subida del 68%, y este año uno de cada siete préstamos que se piden a los bancos tienen los estudios como fin, según el VII Barómetro de Préstamos al Consumo de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros).
“Esto ocurre no porque los estudiantes quieran ir a la privada, la primera opción sigue siendo la publica”, reflexionaba la ministra de Universidades, Diana Morant, cuando el Gobierno aprobó el endurecimiento de los requisitos para crear universidades con el que pretende acotar la el boom de centros privados. “Pero las universidades públicas no tienen suficiente oferta debido a la infrafinanciación de las comunidades autónomas. Esto hace que las notas de corte suban y se perciba la universidad pública como elitista. [Estamos] preocupados porque en un futuro vamos a volver a esa España en la que se estudia o no en función de la renta. El 14% de créditos que se suscriben ya es para financiar pagos universitarios”, ha señalado.
La tercera razón para pedir un crédito
En 2020 los préstamos que se pedían para sufragar estudios eran el 8,8%. Es una subida del 60%. Hoy, esta motivación ya es la tercera a la hora de solicitar un crédito, por detrás del consumo (comprarse un vehículo, etc.) y la necesidad de dinero con carácter general. “Hay reto muy grande en estos momentos porque los salarios no son muy elevados”, explica esta subida Antonio Gallardo, de Asufin. “Entonces, existe la convicción de que se puede mejorar profesionalmente con formaciones, la competencia es cada vez mayor y se dispara el interés de las universidades en ofrecer titulaciones, especialmente posgrados. Y muchas veces vienen paquetizados: te ofrecen la educación, pero también la financiación. Sobre todo las privadas”, elabora.
Según la información que maneja Asufin, las familias piden, con carácter general, dos tipos de créditos para estudiar. Por un lado están los préstamos a más corto plazo, de cuantía no muy elevada, que van más destinados sobre todo a sufragar matrículas y suelen estar entre los 6.000 y 10.000 euros, “a devolver en plazos muy cortos, 12-18 meses”, explica Gallardo. “Existe una segunda tipología, de mayor cuantía, suben hasta los 25.000 euros, y destinados a los posgrados. La característica principal frente al otro préstamo es que suelen ofrecer un periodo de carencia [un plazo de tiempo durante el que no hay que devolver el crédito] más elevado, hasta seis o doce meses porque se supone con tu empleabilidad futura los vas a satisfacer”.
Cada vez más familias se endeudan para financiar unos estudios que el estado no le ofrece, un poco en la línea del modelo de educación estadounidense, aunque a gran distancia tanto en su impacto como en las cifras. En la primera economía del mundo, los altos costos de las matrículas y la facilidad de acceso han llevado a que 43 millones de estudiantes le deban a los bancos 1.600 millones de dólares (1.360 millones de euros). Nada cercano a lo que se maneja aquí, pero cuando se baja al detalle se observa que cada estudiante se gasta entre 10.000 y 70.000 euros en pagar sus estudios universitarios, según el Pew Research Center. Estudiar Medicina en una universidad privada en España no cuesta menos que ese máximo.
Un tapón que empuja a lo privado
Como explicaba Morant, hace años que hay un tapón en la universidad pública. Con una financiación escasa por parte de las comunidades autónomas, la oferta pública está básicamente estancada en los últimos diez años: en España las universidades públicas presenciales ofrecieron 245.956 plazas en el curso 2023-24 (el último del que hay datos consolidados), una cifra que una década antes era básicamente la misma (había mil plazas más). Pero en este tiempo el número de universitarios ha subido un 21%. ¿Dónde han ido? Al único sitio que podían. Las universidades privadas han ganado un 129% de alumnado en este periodo, las públicas un 2%.
Pero, como decía la ministra, no es por elección. Ese cuarto de millón de plazas recibió un total de 475.500 preinscripciones. Dicho de otra manera, hay casi dos solicitudes por cada una y grados con medias de 11 aspirantes por plaza, como Medicina. En la Universidad Pública de Navarra o la de Cantabria han registrado este año casi 40 aspirantes por cada plaza ofrecida para esos estudios. En total hay 12 grados en toda España en los que 20 o más personas aspiran a cada plaza que se ofrece. Las notas de corte se disparan y quien quiere hacer un grado y no le vale otro solo tiene una opción, pagar, aunque tenga casi un 13 de nota sobre 14, como le ha pasado este mismo curso a María Fomina. En carreras como Odontología hay ya más gente cursándola en la privada que en la pública, a razón de 15.000 o 20.000 euros el curso.
De media, cada estudiante de educación superior que acude a un centro privado se gasta cada curso 6.358 euros, una estadística de la que la FP superior tira hacia abajo con precios sensiblemente más bajos que la universidad. Lo privado es caro, pero lo público tampoco es barato: quienes acuden al sistema público se gastan 1.533 euros anuales, siempre según la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del Instituto Nacional de Estadística del curso 2023-2024, últimos datos disponibles. Esas mismas cifras eran de 664 euros en lo público y 4.656 euros en lo privado en 2019 –siempre de media y con el efecto FP–, lo que quiere decir que en los cinco años transcurridos el gasto en lo público se ha más que duplicado mientras en lo privado ha subido un 30%.
Mientras esto sucede se da una paradoja: por un lado, un acuerdo en 2020 provocó que las comunidades autónomas con los precios públicos más caros bajaran el coste de sus estudios (aunque sigue habiendo grandes diferencias entre regiones); por otro, muchas comunidades están implementando o extendiendo la gratuidad de las primeras matrículas. Pero el tapón con las plazas limita quién se puede beneficiar de estas medidas porque no caben todos, solo los que tienen mejores notas pueden aspirar a una plaza pública. Y rendir en el instituto y el bachillerato también es una cuestión de clase.