Ayuso recurre al Supremo para mantener ocultas las cuentas de Madrid Network, que recibió 80 millones de dinero público

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha planteado un recurso ante el Tribunal Supremo en lo que se perfila como una operación a marchas forzadas para mantener ocultas las cuentas de Madrid Network, la asociación público-privada a la que en 2011 Esperanza Aguirre transfirió para su reparto discrecional entre empresas los 80 millones concedidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid como préstamo destinado a investigación, desarrollo e innovación.

Formulado el 4 de julio y sin que el Supremo haya decidido aún si lo admite o no a trámite tal como corroboran portavoces del alto tribunal, el recurso busca anular una sentencia dictada en abril por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) y que, en resumen, ordena a la Comunidad permitir el acceso a todas las memorias anuales de Madrid Network. Entre las obligaciones de Madrid Network, el convenio de 2011 estipula “acreditar ante la Consejería de Economía y Hacienda el cumplimiento de la finalidad del préstamo, la ejecución de las actividades para las que también se concede y la correcta utilización de los fondos públicos que se entregan”.

Entre 2008 y 2011, Madrid Network inyectó a cambio de servicios aún por conocer 1,8 millones a Equipo Económico SL, la empresa fundada por el exministro Cristóbal Montoro y ahora sometida a investigación judicial por supuesta corrupción. La mercantil de quien había sido ministro de Hacienda con Aznar y volvió a serlo con Rajoy también recibió pagos directos –314.360 euros– de la Comunidad de Madrid a lo largo de ese mismo cuatrienio. Con un sueldo neto de 4.219 euros al mes, Isabel Díaz Ayuso trabajó en el área de comunicación de Madrid Network antes de hacerse con un escaño en 2011.

La resolución del TSJM impugnada ante el Supremo por el equipo de la presidenta da la razón al Consejo de Transparencia de Madrid y tumba el argumento esgrimido por la Comunidad para justificar su negativa a rasgar el secreto que desde hace 14 años blinda los movimientos financieros de Madrid Network. Es decir, de la entidad cuyos impagos de las cuotas para la devolución del préstamo que regó como una lluvia torrencial su tabla de ingresos en 2011 le han costado ya más de 50 millones al erario madrileño.

“Daño” sobre intereses económicos

El argumento central para denegar la entrega de las memorias anuales de Madrid Network a un ciudadano que las solicitó en 2021 a través del Portal de Transparencia se sintetiza en un párrafo extraído de la resolución del Consejo de Transparencia que el Gobierno de Ayuso intentó derribar sin éxito con su demanda ante el TSJM: el director general de Política Financiera y Tesorería [se lee en el citado documento] adujo que divulgar las memorias anuales de la asociación “implica un real, claro y directo daño sobre los intereses económicos de numerosas empresas que se citan en ellas”. O sea, de las empresas receptoras de créditos otorgados por Madrid Network.

En su sentencia de abril, el Tribunal Superior de Madrid sostiene que “existe un claro interés general y público en saber cómo la Comunidad de Madrid ha ido prestando dinero a esta Asociación desde el año 2011”. Los magistrados recalcan asimismo que la Ley de Transparencia “extiende el ámbito de los sujetos obligados al cumplimiento de las obligaciones de transparencia a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros”. La sentencia declara que el convenio de 2011 posee una “clara naturaleza subvencional”. De forma adicional al préstamo de 80 millones que la Comunidad le traspasó a partir de mayo de aquel año, Madrid Network ha seguido recibiendo ayudas del Ejecutivo madrileño hasta 2024.

El tribunal marca con la sentencia de abril un rumbo opuesto al aplicado por el Gobierno de Ayuso para zafarse del control parlamentario en lo que a Madrid Network respecta. Y lo hace al afirmar que “la Administración actora no ha justificado suficientemente qué datos o extremos de las memorias solicitadas pueden ser susceptibles de causar perjuicios a los intereses económicos y/o comerciales de indeterminadas entidades, ni tampoco que esos daños puedan configurarse como reales y efectivos y no simplemente potenciales”.

A partir de la premisa anterior, el tribunal alcanza una conclusión demoledora y contraria a las tesis del Gobierno de Ayuso al concluir “que en la ponderación de los intereses públicos y privados que pudieran enfrentarse en este caso, deben prevalecer claramente los intereses públicos derivados del derecho de cualquier ciudadano a conocer cómo se manejan los fondos públicos y el cumplimiento de los fines que justifican el otorgamiento de subvenciones”.

Entre las empresas receptoras de créditos de Madrid Network a bajo interés (1,232%) y que no devolvieron el dinero figuran dos capitaneadas por Ildefonso de Miguel, quien fue mano derecha del expresidente madrileño Ignacio González, protagonista del caso Lezo y aún pendiente de juicio; y una tercera a cuyo frente se situaba el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, el aguirrista que emprendió una feroz persecución judicial contra médicos del hospital Severo Ochoa acusándoles en falso de provocar la muerte de pacientes mediante sedación terminal.

Cuando se produjeron los pagos tanto de Madrid Network como de la Comunidad a Equipo Económico SL (2008-2011), la Consejería madrileña de Hacienda estaba bajo el mando de Antonio Beteta, antiguo alto cargo de Montoro. Los estatutos originales de la asociación, que luego fueron modificados en 2016, encomendaban su presidencia al consejero de Hacienda o a la persona en quien él delegase.

Desde 2018, los impagos de Madrid Network de las cuotas anuales de devolución del préstamo se han traducido en un coste anual superior a nueve millones para el Gobierno regional, que está abonándolas al Gobierno central con cargo al presupuesto autonómico. Hace un mes, el Ministerio de Ciencia confirmó a elDiario.es que de los 80 millones de euros del préstamo concedido en 2010, el importe pendiente de amortizar es de 5,367 millones. De esa cifra se infiere que el daño infligido a las cuentas de la Comunidad por los impagos ronda los 70 millones –cuatro millones habían sido devueltos por Madrid Network como remanente– pero todavía no hay datos oficiales sobre 2024 y 2025. El más reciente lo dio a conocer la Cámara de Cuentas en un informe aprobado el pasado mes de diciembre. Y en ese informe se lee que, al cierre de 2023, el agujero de los impagos de la asociación ascendía a 51,89 millones.

Hasta hoy permanece inédita la lista oficial de empresas que se beneficiaron de aquel préstamo de 80 millones repartidos a partir de 2011 y cuyo principal e intereses debe abonar en cuotas anuales Madrid Network a la Comunidad de Madrid para que, a su vez, la Comunidad vaya pagando al Ministerio de Ciencia lo establecido en el convenio suscrito por ambas partes el 27 de octubre de 2010.

La desaparición de Imade

El organismo que, tras firmar aquel día Esperanza Aguirre el convenio con el Ministerio de Ciencia, debía gestionar los 80 millones del préstamo se llamaba Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). Pero exactamente 15 días después de que el acuerdo con el Ministerio de Ciencia quedase rubricado, el Gobierno de Madrid anunció que Imade dejaría de existir. En mayo del año siguiente, el dinero que tocaba gestionar a Imade fue a parar a Madrid Network. A partir de ahí, la posibilidad de control opositor en la Asamblea de Madrid sobre la actividad de la asociación entró en el limbo. Y allí sigue estando hoy.

En aplicación del convenio de 2011, Madrid Network debe facilitar a la Consejería de Hacienda la memoria de cada anualidad aunque portavoces de la Comunidad sostienen ahora que lo referido a esa asociación no compete al departamento que dirige Rocío Albert sino a Educación. En efecto, los Presupuestos de 2025 incluyen en el capítulo de educación una escueta frase: “Participación en la Asociación Madrid Network y sus actividades como socio de la misma”. Una nueva resolución denegatoria de facilitar copia de las memorias anuales de Madrid Network, emitida el pasado día 8, lleva la firma del director general de Política Financiera y Tesorería. Es decir, la del mismo alto cargo de la Consejería de Hacienda que rechazó en 2021 facilitar esos documentos a un ciudadano.

En esta segunda resolución denegatoria, la Comunidad considera “preciso indicar que en la actualidad existe un litigio que se encuentra pendiente de resolución judicial firme, relativo a una cuestión sustancialmente idéntica a la planteada en esta solicitud”. Traducido, el entrecomillado anterior significa que el Gobierno de Ayuso no cambiará de posición en tanto no se haya pronunciado el Tribunal Supremo.

A la pregunta de si Madrid Network ha entregado a la Comunidad de Madrid todas las memorias anuales correspondientes al periodo transcurrido a partir de 2011, un portavoz de la Consejería de Educación, respondió que sí.

El portavoz negó que la condición de socio que ostenta la Administración madrileña implique que asigne partidas presupuestarias a Madrid Network. “La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades [fue su respuesta escrita] no ha destinado ninguna cantidad a Madrid Networks en 2025. Esta entidad sí ha participado en las convocatorias 2022 y 2024 de Entidades de Enlace, un programa de ayudas de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que tienen como objetivo potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo. Estas ayudas se conceden por concurrencia competitiva y las solicitudes se evalúan por un panel experto independiente, que concedió a esta entidad una ayuda de 106.974,39 € para desarrollar el proyecto Madrid Sistema Global Innovador y otra de 229.877,23 € para ejecutar el proyecto Capacitación para la Empresa – Skills 2 Market, tras acreditar que cumplía los criterios establecidos en las bases reguladoras de las respectivas convocatorias”.