Cotizar es un derecho, no un castigo

“En Suecia, te cuesta casi más la entrega que la pizza”, me cuenta un amigo que vive allí. Es razonable que sea así. El trabajo se debe pagar por lo que cuesta, no solo por el mínimo que el más pobre esté dispuesto a aceptar. Da para ley universal: las sociedades donde los empleos precarios están mejor remunerados son también las más avanzadas. El tipo de país donde me gustaría vivir. 

Piensa en los repartidores de pizza. Pero no solo: en las limpiadoras, en los de la vendimia, en los mozos de almacén… En todos aquellos empleos por los que nadie tiene nunca vocación, que apenas necesitan formación y existen porque el modelo productivo los ha dibujado así. Fueron esclavos. Después, siervos. Y hoy el sueldo de esos trabajos que nadie quiere es donde se mide la dignidad de una nación. 

Nadie sensato duda ya de la revolución que ha supuesto para España la extraordinaria subida del salario mínimo, impulsada por el Gobierno de coalición. Queda mucho para ser Europa, pero al menos nos estamos distanciando del injusto y desigual modelo laboral de otros países.

Pero, ¿por qué el debate cambia tanto cuando hablamos de los autónomos y sus cuotas? ¿Por qué aceptamos que, en ese régimen, se trabaje en ocasiones por debajo del salario mínimo? ¿Por qué una parte de la izquierda compra las premisas reaccionarias y demagógicas de la derecha para hablar de esta espinosa cuestión?

El nivel de desinformación sobre este asunto es tan enorme que conviene desmentir tres grandes bulos.

No, los autónomos no pagan más impuestos que el resto. Simplemente no es verdad. No pagan más IRPF, ni tampoco más IVA. Al contrario, pueden desgravarse legalmente una parte del IVA que recaudan por medio de gastos relacionados con su trabajo, algo que un empleado por cuenta ajena no puede hacer. 

No, las cotizaciones a la Seguridad Social no son impuestos. Son un seguro obligatorio, exactamente igual que el que cubre a todos los trabajadores por cuenta ajena –que pagan sus empresas como parte de su retribución–. Es un dinero que después vuelve de forma directa, en forma de tu pensión de jubilación o de tu baja por enfermedad. 

No, los autónomos no deberían tener menos derechos que los demás. Y vamos en esa dirección: ya cuentan con la gran mayoría de las prestaciones en igualdad de condiciones con los demás cotizantes con la misma cuota: la pensión, las bajas por enfermedad o los permisos de maternidad y paternidad.

La única diferencia sustancial está en el paro, donde ya existe una alternativa imperfecta, pero que está en vías de mejorar. 

Cotizar no es una carga: es una conquista social. Es también parte de un derecho: el de un trabajo digno. Es un modelo que se sostiene sobre tres grandes principios.

El primero, que es un seguro obligatorio. No puedes trabajar sin cotizar, y está bien que sea así. Lo saben mejor que nadie esas mujeres que durante décadas quedaron fuera del sistema: las empleadas domésticas. Cotizar es la garantía de prestaciones y pensiones más dignas. También una herramienta para reducir la desigualdad.

El segundo principio, que es un seguro contributivo: recibes más o menos según lo que aportas a la caja común.

Y el tercero, que es un seguro solidario: el Estado garantiza un mínimo –con las pensiones, por ejemplo– incluso para quienes no han cotizado lo suficiente.

Es un modelo europeo de éxito probado. Allí donde se ha optado por dejar que cada trabajador decida individualmente cuánto ahorra, y no existe un seguro social obligatorio, no hay una buena vejez para todos. Son países donde hay que hacer una colecta en Tiktok para que un anciano de 82 años pueda dejar de trabajar de cajero de supermercado. 

Explicado todo esto, creo que se entiende mejor qué pasa con los autónomos. Es un colectivo enorme y muy diverso, que va desde trabajadores precarios hasta ricos empresarios –todos dentro de un mismo régimen–. Son distintos al resto también por una razón: pueden elegir su base de cotización. Deciden cuánto contribuyen a este seguro obligatorio, a partir de un mínimo. Y hasta hace muy poco daba igual cuánto ganaran: la mayoría pagaba lo mismo, el mínimo posible. En 2018, eran 279 euros al mes. 

Con los trabajadores por cuenta ajena, no es así. Las empresas pagan las cotizaciones sociales en función del sueldo, según unas tablas fijas por tramos. Unas cotizaciones que han aumentado a lo largo del último medio siglo con los gobiernos de izquierdas y que las derechas (y la patronal) siempre han tratado de recortar.

Que los autónomos pudieran decidir libremente su cotización es algo que ha generado enormes distorsiones en este colectivo. Autónomos que acaban siendo explotados y otros que se aprovechan del sistema. Lo que suele ocurrir con todos los trabajadores en los países donde no hay seguro social, o no es solidario ni obligatorio. 

Una parte de los autónomos, los más precarios, no solo tienen dificultades para llegar a fin de mes. También se encuentran después con que su protección social es ridícula. Si cotizas por la mínima, tu pensión es ínfima. Igual que lo que cobras durante una baja por enfermedad, cuando te encuentras con un cáncer o cualquier otra dolencia grave. 

Hay otro problema: que los autónomos puedan decidir cuánto cotizan ha llevado a algunos de ellos –solían ser los de mayores ingresos– a hacerlo de manera estratégica, ajustando el importe según su edad para optimizar la pensión: para lograr la máxima posible con el menor coste posible. Como no cuenta igual toda la vida laboral, como los demás trabajadores no pueden elegir su cotización, este efecto ha provocado que el sistema de cuotas de los autónomos, en conjunto, sea una de las principales causas del déficit de la Seguridad Social. 

Ahora el modelo está cambiando. En 2022, el Gobierno pactó con todas las organizaciones afectadas una reforma en las cotizaciones de los autónomos para que realmente sean obligatorias, contributivas y solidarias. Para que los autónomos paguen cuotas a la Seguridad Social en función de sus ingresos. Que, poco a poco, su seguro social sea exactamente igual al de cualquier otro trabajador con los mismos ingresos, tanto en beneficios como en coste. Que no haya trabajadores de primera y de segunda. 

El objetivo es equiparar sus cuotas con las del resto de los trabajadores en 2032. Con esa meta, el Gobierno acaba de anunciar las subidas que propone para los próximos tres años. 

En los sueldos más bajos, suben menos –y siguen siendo inferiores a los 279 euros que se pagaban en 2018–. En los más altos, en cambio, se llegarán a duplicar. La columna de 2025 muestra lo que se abona hoy. Y quienes empiezan a cotizar y tienen ingresos netos inferiores al salario mínimo, durante los dos primeros años, solo pagan 80 euros al mes.

Ingresos netos, por cierto, significa después de descontar todos los gastos deducibles, incluida la propia cuota de cotización.

Incluso con las nuevas subidas, las cuotas de los autónomos aún seguirán en 2028 por debajo de las que aportan los asalariados con sueldos equivalentes. Por ejemplo: alguien que cobra 2.000 euros netos al mes —unos 31.500 brutos al año— también recibe otros 833 euros mensuales de su empresa en forma de cotizaciones sociales. Aunque no lo perciba directamente, lo notará el día que se jubile.

Esta reforma no fue solo una iniciativa del Gobierno: es una medida que partió del Pacto de Toledo, recogida en el punto cuarto de las recomendaciones de 2020. En su momento, fue aprobado en el Congreso con el apoyo de la gran mayoría de los partidos. 

Otra cosa es aplicarla: es una medida impopular. Muchos autónomos ven cómo su cuota va subiendo año tras año, y casi nadie explica bien el porqué ni los beneficios que consiguen a cambio.

Este es uno de los problemas de fondo. Los autónomos tienen la sensación de pagar más porque son los trabajadores que mejor conocen, euro a euro, cuánto aportan. Con los asalariados sucede justo lo contrario: pocos saben detallar su sueldo bruto antes de retenciones, y menos aún la cantidad exacta que paga su empresa por ellos, incluyendo esa parte menos visible de la retribución que son las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los autónomos saben muy bien cuánto cuestan sus obligaciones –que muchas veces chocan con una burocracia absurda–, pero no conocen tan bien sus derechos. Por ejemplo, hay algunos autónomos que no sabíamos que teníamos derecho al permiso de paternidad remunerado. Y hablo en primera persona: llevo décadas cotizando como autónomo y con mis hijos pequeños descubrí que también tenía derecho a esta prestación.

El PP, después de votar a favor de la reforma, ahora la critica con demagogia: llama “subida de impuestos” a algo que no lo es. Y muchos partidos de izquierdas se ponen de perfil, o cuestionan directamente la reforma, conscientes de lo impopular que puede resultar entre muchos ciudadanos.

Pero creo que es justo que las cuotas suban poco a poco. Que este seguro obligatorio se equipare para todos los trabajadores, con las mismas ventajas y obligaciones.

Es justo para quienes tienen ingresos más altos, pero aún más para los que ganan menos. Dejar a los trabajadores con sueldos precarios fuera de la cobertura y de las cotizaciones de la Seguridad Social –como ocurría con las empleadas domésticas– solo fomenta una mayor vulnerabilidad. La lucha es otra: que cobren más. Y eso rara vez se consigue sin una defensa solidaria de los intereses comunes, como la que representa para todos los trabajadores el modelo de cotización.

También hay casos de economía sumergida: trabajadores que no declaran todos sus ingresos, los del “¿con factura o sin factura?”. Un fraude demasiado extendido, que deberíamos erradicar.

Hay otras críticas de los autónomos donde tienen toda la razón. Por ejemplo, que tengan que adelantar el IVA de facturas emitidas pero aún no cobradas. Es un problema que se debería repensar.

Pero son precisamente los autónomos en precario quienes saldrán más beneficiados de estas reformas. Que no haya fuerza de trabajo disponible a precios del tercer mundo favorece, a la larga, a todos los ciudadanos, y especialmente a los más vulnerables. Igual que ocurrió con la subida del salario mínimo.

Y ese joven que pedalea entre los coches bajo la lluvia para repartir una pizza no es un emprendedor. Es un trabajador precario. Ojalá vivamos algún día en un país donde su esfuerzo se pague con dignidad.