El padre de Kira, otra menor que se suicidó tras sufrir acoso escolar: «¿Cuántos niños tienen que morir para cambiar las leyes?»

El suicidio de Sandra, la chica de 14 años que se quitó la vida este martes en Sevilla tras sufrir acoso escolar, ha vuelto a conmocionar al país y a abrir un debate doloroso, pero necesario: ¿qué está fallando en el engranaje institucional cuando una menor pide ayuda —o cuando hay señales— y no se actúa a tiempo? José Manuel López Viñuela conoce demasiado bien esa realidad. En 2021, su hija Kira también se quitó la vida en Barcelona a los 15 años tras sufrir un proceso prolongado de acoso escolar. Desde entonces, José Manuel preside la asociación Trencats contra las violencias en las escuelas. Un proyecto nacido del dolor y de la convicción de que ninguna familia debería volver a pasar por algo así.

Por eso, cuando conoció el caso de Sandra pensó: “No puede ser otra vez”. Los paralelismos con el caso de su hija lo dejaron, según sus propias palabras, “hecho polvo”. “Colegios concertados, falta de aplicación de protocolos, directores desaparecidos…”, recuerda. Ahora la asociación de José Manuel presta asesoramiento a la familia de Sandra. “Nosotros hemos perdido a Kira, así que, por desgracia, los entendemos mejor que nadie; ellos ahora no están en condiciones de nada, así que Trencats está vigilando que se cumpla la ley y que se haga justicia”, explica a elDiario.es. Con él analizamos por qué, cuatro años después de la muerte de Kira, el sistema sigue sin aprender de sus errores.

Han pasado más de cuatro años desde la muerte de su hija. ¿Qué le dice este nuevo caso sobre el fenómeno de las violencias en la escuela? ¿No ha cambiado nada en este tiempo?

Todo sigue igual. La administración, tanto central como autonómica, no ha hecho ningún cambio. El problema no se va a solucionar solo. La consecuencia máxima y peor de la violencia en la escuela es el suicidio. Y si no muere un chico o una chica, por desgracia, la sociedad no se moviliza y los gobernantes tampoco. Es una realidad muy triste, pero es así.

En los últimos años, los datos sobre acoso escolar siguen siendo preocupantes. ¿Qué cree que está fallando en el sistema para que sigan produciéndose casos tan graves?

Hace dos años la Complutense de Psicología en Madrid dijo que la violencia escolar ha aumentado un 45% entre menores de 14. Los niños no tienen la inocencia que tenían antes. Nosotros cuando éramos niños íbamos a casa y no teníamos ciberbullying. Pero a ellos el acoso escolar les persigue hasta su casa. Eso no hay mente que lo soporte. Yo estoy seguro de que ese día las dos [tanto Kira como Sandra] volvieron y pensaron: “Yo no aguanto más”.

Y eso hace necesario cambiar las leyes. Nosotros pedimos una ley de acoso escolar que estipule qué consecuencia puede tener, por ejemplo, no aplicar el protocolo a tiempo o mirar a otro lado por parte de profesores, o por parte de familias que no eduquen a sus hijos con valores y luego hagan daño a otros niños en el colegio. Esas familias también deberían tener consecuencias, al menos civiles. Queremos una ley clara que no dé lugar a errores y que penalice al centro que lo haga mal y que premie al que lo haga bien.

Precisamente, hace unos años presentaron esa iniciativa respaldada por más de 230.000 firmas ante la ministra de Educación, Pilar Alegría. ¿No se ha avanzado nada en ese sentido?

Nada. Y sigue siendo la ministra, se le han suicidado ya un montón de niños y niñas y siguen sin hacer nada. Yo no sé cuántos niños y niñas fallecidos tiene que haber para que se empiecen a cambiar las leyes. Yo creo que con las muertes que ha habido desde entonces es suficiente. Con los chicos y las chicas que se han quitado la vida hasta ahora ya tienen una excusa lo suficientemente sólida como para sentarse y ponerse a legislar al respecto. Pero parece que no, ahí siguen inmóviles, preocupándose por otras cosas.

¿Tienen datos de cuántos adolescentes se han quitado la vida?

El problema es que los padres no lo cuentan. Cada año fallecen de media entre 50 y 60 niños por suicidio consecuencia de acoso escolar. Pero el Instituto Nacional de Estadística (INE) no lo registra como tal. En muchos casos se contabilizan como tropezones en la vía del tren o como que han tomado una medicación más alta de la normal. Pero no, son suicidios. Los suicidas no siempre dejan cartas de despedida porque muchas veces se producen cuando tienen una subida alta de ansiedad o de angustia y optan por esa vía como una manera de dejar de sufrir. No quieren morir, pero quieren dejar de sufrir.

¿Reciben muchos mensajes de familias que se ven reflejadas en su historia? ¿Qué es lo que más se repite en esos testimonios?

Constantemente y de todo tipo. Sobre todo, acoso psicológico y social, que es el que no se ve y no se puede denunciar ante la Policía porque te dicen que aislar a una persona en el patio no es delito. Y como la inspección educativa casi siempre no hace nada, pues acuden a asociaciones como la nuestra.

Nosotros lo que hacemos es mediar: cuando la familia se reúne con el director del colegio, vamos como representantes de la familia y mediamos para asegurarnos de que utilizan los medios que hay para defender a su hijo o hija y no les engañan, porque hay una tendencia general a no querer aplicar el protocolo, bien porque estropea la reputación del centro o porque levanta mucha tarea administrativa. Y esa es nuestra acción, darles unas pautas a las familias para que no comentan los mismos errores que cometimos nosotros.

¿Qué consejos les habéis dado a los padres de Sandra que a ustedes os hubiera gustado recibir?

Nosotros, por ejemplo, no sabíamos que había una Consejería de Educación que podía intervenir y que el colegio no era el único sitio donde se podía denunciar. Yo en ese momento pensaba que el problema del colegio se arreglaba en el colegio. Y cómo iba a imaginar yo que un colegio podría mirar tanto para otro lado, si tú dejas a tu hija ahí para que te la cuiden. Por eso, es muy bueno que en Andalucía la inspección educativa haya comprobado que no se han aplicado los protocolos, haya apreciado negligencia y omisión de auxilio y lo haya derivado a la Fiscalía.

También les hemos recomendado que pongan una fotografía de su hija, como hemos hecho nosotros. Con una imagen de la víctima se conciencia más a la sociedad, porque ahora el objetivo es que no se quiten la vida ni un niño ni una niña más. Y parece que si no pones una foto se va a quedar en un dato estadístico. Les he dicho que pongan la foto que más le gustaba a su hija para que vean que era una persona sana, normal, una niña preciosa como son todas. Si no le pones cara, cuatro días dura la noticia y hasta el siguiente y el siguiente. Y esto hay que pararlo, hay que crear una normativa o incluir el acoso en el Código Penal, pero tienen que hacer algo. 

En el caso de Sandra, la Junta ha confirmado que el centro no activó el protocolo de acoso pese a estar obligado por normativa. Desde su experiencia, ¿esto es una excepción o algo más común de lo que se reconoce?

Es común, más de lo que debería. Y eso no puede pasar porque los protocolos son efectivos si se aplican desde el principio. Una vez que está el mal hecho, no tiene mucho sentido.

¿Los protocolos funcionan?

Yo le garantizo que si se aplican desde el principio, sin desidia, con ánimo de que funcionen por parte de quien tiene que aplicar, que es la misma escuela, sí que pueden funcionar bien. En Cataluña, mi asociación ha conseguido que el protocolo se aplique desde el primer ataque. En el resto de España tiene que haber repetición del daño para que se aplique el protocolo de acoso escolar. Eso no tiene sentido. La repetición del daño es tortura.

Entonces, convendría revisar esos protocolos.

Claro. Y penalizar cuando no se apliquen a tiempo. Lo que no se puede hacer es mirar a otro lado y no darle importancia porque los chicos sufren mucho. Si no hay consecuencias para los acosadores, ni sus padres, ni para el centro educativo y se normaliza la burla y el insulto diarios, los niños pueden pensar: “Si la vida va a ser así siempre, no quiero seguir aquí”. Y te garantizo que el dolor no desaparece, desaparece de la niña que fallece, pero se pasa a los padres y el dolor continúa.

El problema es que actualmente el colegio niega lo que los padres denuncian, entonces el inspector pide un informe psicológico que avale que le hacen bullying en la escuela. Y mientras el colegio no aplica el protocolo, tienes que seguir llevándola al colegio mientras la están maltratando porque si no, servicios sociales te quita la custodia.

En el caso de la joven de Sevilla, la familia había presentado ese informe psicológico acompañando a las denuncias.

Así es. Hubo informes y avisos al colegio de que Sandra estaba mal y se pedía que hiciesen algo. Pero lo único que hicieron fue cambiar a una de las acosadoras de clase. Eso no estuvo mal, pero fue insuficiente porque el protocolo andaluz contempla más acciones que no se llevaron a cabo.

¿Cree que las instituciones y la sociedad tienden a reaccionar solo cuando sucede una tragedia, pero no a prevenir?

Claro. Por ejemplo, cuando mi hija falleció, la Consejería de Educación se presentó como acusación popular apoyándonos y ahora, en este caso, la Consejería ha apoyado a la escuela y ha llevado el caso ante la Fiscalía para que se investigue. Por desgracia, por culpa de estas pérdidas va habiendo avances, pero es un precio muy caro el que estamos pagando.

¿Qué cree que debe pasar para que la muerte de Kira, y ahora la de Sandra, no queden solo en titulares?

Que las autoridades, empezando por la ministra de Educación y hasta el último responsable autonómico, porque todos ellos son responsables, se conciencien en que la violencia escolar es seria e incentiva el suicidio infanto-juvenil. Es que no es la primera vez que una niña se quita la vida. Desde que murió mi hija, la ministra Pilar Alegría lleva ya unas cuantas. Y los niños son el bien más preciado que tenemos en la sociedad y hay que cuidarlos.

¿Qué cambios urgentes reclaman desde su asociación a las administraciones educativas?

Reclamamos una ley de acoso escolar que no dé lugar a confusión y a malas interpretaciones. Que sea clara y justa. Si no, al menos que, como en Francia, se incluya el acoso escolar dentro del Código Penal, porque ahora vas a una comisaría a denunciar acoso escolar y como no está tipificado como delito, no se acepta la denuncia. Por otro lado, hay que dejar de poner el foco en la víctima. Las campañas publicitarias se centran en la persona que sufre, incitándole a actuar o aprender a detectar. Si detectar, detectan, y actuar, actúan. El problema es que cuando llegan a la administración, no se les ayuda, y tienen que acabar en el juzgado. El juez es el único que ayuda, pero es una pena tener que llegar a judicializar un caso mientras la Consejería de Educación se mantiene impasible.

Sandra incluso estaba recibiendo ayuda profesional.

Claro. Pero se sienten solas y las llaman chivatas. Y los otros niños las aíslan. Y a veces son las víctimas las que se tienen que ir del colegio. En el caso de Sandra, ¿se ha hablado de los acosadores? No sabemos quiénes son. En el caso de mi hija Kira, ¿alguien se ha preocupado en averiguarlo? A mí prácticamente no me preguntaron. Tampoco lo puedes decir porque son menores. Y sobre todo si son menores de 14, es que no les va a ocurrir absolutamente nada. Solo una comunicación que manda el fiscal al director del centro pidiéndole que vigile, que ponga atención. Eso es lo único que ocurre. Pero hay niños con 13 años que ya hacen daño y saben perfectamente que lo están haciendo.

¿Qué papel deberían jugar entonces los centros educativos y las administraciones para que esto no se repita?

Si cumpliesen la ley actual, sería suficiente, porque el Código Civil dice que los responsables de la seguridad y el bienestar de los niños –cuando los padres los dejamos en la escuela, que pasan más horas que en su casa– son el colegio, la dirección y los maestros. Cuando esto no ocurre, la administración, el Gobierno, lo que tiene que hacer es sancionar y, a la vez, invertir más en prevención. Y también hacer intervenir más a las familias de los acosadores en la en talleres para decirles que sus hijos no pueden acosar.

En una clase hay tres tipos de niños: el acosado, el que acosa y el espectador. Y los tres sufren, porque el acosador no es feliz siendo malo. Lo hace por alguna razón. También un 17% de los acosadores se suicida frente al 20% de los acosados. Y los espectadores acaban muchos en el psicólogo porque ven injusticias que se repiten día a día y crecen con miedo. Entonces, si sabemos que no se libra ningún tipo de alumno, ¿por qué no hacemos algo? Toca ya.

Según su experiencia, ¿qué medidas preventivas son realmente eficaces para evitar el acoso escolar?

Las definen los protocolos. Apartar a los acosadores de la clase y no al acosado. Que estén vigilados los patios, las zonas comunes, la entrada y la salida… Eso ya existe, pero no se aplica bien. Y además de enseñar lo intelectual, tiene que enseñar educación emocional, que es la que deberían darles los padres. Japón, por ejemplo, lo primero que enseña a los niños es a comportarse como buenos ciudadanos y después las materias. Aquí falta la conciencia todavía de que tenemos un problema con esto.

La importancia de educar en valores. Pero, ¿está el profesorado suficientemente formado en detección y actuación ante el acoso?

Yo te garantizo que prácticamente ningún docente y pocos directores han cogido el protocolo de acoso escolar y se lo han leído de principio a fin. No lo han hecho. Por otro lado, tendrían que formarse ya desde la universidad. Pero yo me he encontrado con maestros que dicen que ellos van a dar clases, que no son policías que tengan que vigilar a los niños, cuando la ley dice que sí. Son los maestros los que tienen que poner orden. De hecho, se les dio la condición de autoridad. Pero muchos carecen de conocimientos jurídicos y desconocen la responsabilidad que tienen.

Además, si no reciben ninguna consecuencia, ¿por qué se van a enfrentar a los padres de los acosadores y cargar con un problema? Yo no condeno nunca a todo el profesorado, solo a algunos puntuales, porque la mayoría hacen lo que pueden. Pero están obligados por ley a vigilar y eso habrá que recordárselo con charlas y talleres.

La Junta de Andalucía ha puesto el caso en manos de la Fiscalía. ¿Qué pasos tiene que dar ahora la familia? ¿Debe llevarlo también a los tribunales?

Sí, porque, si no lo hace, la Fiscalía no tiene la obligación de decirle a la familia qué han averiguado. Para eso se tienen que presentar como acusación particular con abogado y procurador. Nosotros presentamos en 2024 una demanda por la vía civil para solicitar la responsabilidad del centro después de que el caso no prosperase por lo penal. Pero a veces conviene esperar a ver cómo avanza la Fiscalía, porque a lo mejor lo averiguan todo y directamente encausan a los culpables y se pueden ahorrar lo que yo quiero que nos ahorremos todos: acudir a un juez. Porque no todo el mundo se puede permitir un abogado. Este tipo de colegios son cadenas, tienen varios centros y mucho poder económico y una familia no.

Como ha comentado antes, el sufrimiento de niñas como Kira o Sandra permanece en los padres. Cuatro años después, ¿qué les da fuerza para seguir luchando?

Una vez que sucede, lo único que nos queda es que el honor de tu hija quede limpio, porque aún se atreven a acusar a la víctima de que era débil o que no se defendía. Existe esa tendencia de culpabilizarlas. Un niño no va al colegio para aprender a defenderse, un niño va al colegio para aprender a estudiar y para hacer amigos. No es un ring de boxeo. Y eso es lo que suele ocurrir, culpar a la víctima o culpar a los padres que les podrían haber educado mejor o haberle llevado a clases extras para hacer más amigos. En fin, los colegios se inventan mil cosas para no hacerse cargo de su responsabilidad. Por eso queremos que el honor de nuestras hijas quede a salvo. No queremos que la sociedad se olvide de hoy para mañana de ellas.

Por eso pusieron en marcha la asociación con el lema Ni una víctima más, aunque hayan seguido lamentando pérdidas.

Para quienes hemos perdido a nuestra hija, es imperdonable que los responsables políticos no hagan nada. A mí me hubiese gustado que la ministra, cuando tuvo la reunión con nosotros, nos hubiese dicho que iban a cambiar las cosas, a mejorarlas. Pero no me esperaba que a nivel nacional no hicieran nada. Yo si fuese un responsable a nivel nacional, lo tendría claro: cogería un equipo jurídico acompañado de psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras y haría una ley adaptada para el presente y para el futuro, que con la inteligencia artificial (IA) nos podemos ir preparando. Vienen cosas peores. Aquí en Cataluña hemos conseguido algunas cosas, pero hay que seguir trabajando. Porque un niño que se suicida no quiere morirse, lo que quiere es dejar de sufrir.