Familias contra el giro ultraconservador de una escuela en Terrassa: «Ha sido un golpe de estado ideológico»

El viraje ultraconservador en una escuela concertada de Terrassa, en la provincia de Barcelona, mantiene en vilo desde hace más de un año a decenas de familias. Son al menos unos 290 padres y madres de la concertada Mare de Déu del Carme las que han denunciado que la nueva dirección pedagógica y administrativa ha llevado a cabo “un golpe de estado ideológico”, que ha provocado que en las clases afloren discursos católicos extremistas e incluso el revisionismo histórico franquista. 

La queja la hicieron pública antes de final del pasado curso mediante un manifiesto de la plataforma Recuperem el Karmel, según adelantó El País, pero también ante la Inspección educativa, que mantiene abierto un expediente al centro. El Departament de Educación ha constituido además una comisión de conciliación con el colegio para abordar el conflicto.

Desde que están los nuevos responsables en la escuela, se trata de la segunda vez que les abren un procedimiento de este tipo –según confirman fuentes gubernamentales a elDiario.es–, un mecanismo poco habitual y pensado para cuando hay indicios de incumplimiento de la normativa de conciertos. 

Entre los distintos motivos de queja por parte de las familias destacan los comentarios que aseguran haber presenciado los alumnos, sobre todo por parte de profesores contratados por la nueva dirección. “En vuestro libro de texto no mencionarán que Franco hizo cosas buenas por España”, “Primo de Rivera era el cirujano de hierro que España tanto esperaba”, “hay un infierno lleno de demonios, que tiene las puertas grandes y se abren cuando un niño se porta mal” –a alumnos de Infantil–, “Freddy Mercury se merecía morir de sida por ser gay”… Estas son algunas de las frases referidas por las familias.

Un directivo de los ‘kikos’ y más contenido religioso

El conflicto se desató después de que los dueños del colegio, los Carmelitas, pusieran el centro en manos de un representante de la titularidad, Nuno Pitta, que pertenece al movimiento ultracatólico Camino Neocatecumenal, conocido como los kikos. Además, ficharon como coordinador pedagógico a Lluís Seguí, con vínculos con Comunión y Liberación, y que cuenta con un pasado con quejas parecidas en otros centros, como el Liceu Politècnic de Rubí, donde docentes denunciaron en 2016 adoctrinamiento religioso. 

Estas familias, que describen la escuela Mare de Déu del Carmel como tradicionalmente catalanista y con una visión abierta de la religiosidad, se pusieron también en alerta al conocer el ideario que Seguí propugna en entrevistas. “La dirección tiene que ser capaz de desarrollar hasta el último resorte el ideal cristiano de educación, que significa desde la importancia de las matemáticas en Primaria hasta cómo se plantea una excursión, o por qué una actividad extraescolar sí o no”, declaraba Seguí en enero en el canal de Youtube religioso A tiempo y a destiempo. 

Seguí critica que las escuelas cristianas en España han dejado la religión en segundo plano. “Han puesto a buenos gestores que les han garantizado la jubilación, que el colegio no cierre, pero en ese colegio no está Dios ni se le espera”, lamenta en esa entrevista. 

Esa penetración del discurso religioso conservador es el que aseguran estas familias que se ha producido en su colegio. “Esto se extrapola de forma sutil a las asignaturas, y donde antes una comprensión lectora en Lengua iba de cualquier tema, ahora el párrafo a analizar es de la Biblia”, señala una madre, que asegura que los cambios más evidentes se han dado en Secundaria. “Como los adolescentes están formando su personalidad, es cuando creen que pueden moldearlos mejor”, se queja. 

Denuncian incumplimiento de la carta de compromiso

Asimismo, aseguran que también el curso anterior aumentaron repentinamente las horas de misa en horario lectivo, con “genuflexiones” incluidas, algo impensable años anteriores. Y por ese motivo van más allá en su queja y aseguran que la escuela ha incumplido la carta de compromiso que firman los padres y madres cuando matriculan a sus hijos en el centro. En ese documento, las familias aceptan que la enseñanza de la religión católica se hace “desde un planteamiento fundamentado y crítico de la cuestión religiosa”, y sin imponer “asistencia a ningún acto religioso”. También dice la carta que se imparten las clases en catalán, algo que según estos padres y madres también se ha vulnerado con algunos de los docentes fichados. 

Sin embargo, desde la escuela niegan la mayor, y aseguran que estos padres y madres mienten y que están difamando el centro. Sin ir más lejos, han demandado a tres de las personas que han participado en esta campaña al considerar que han vulnerado el derecho al honor del centro mediante injurias. Ahora les piden 37.000 euros en concepto de indemnización. “Una escuela que demanda a las familias está rompiendo con el diálogo y pierde su sentido más profundo”, lamenta uno de los progenitores denunciados. 

Una portavoz del colegio asegura que los comentarios revisionistas históricos u homófobos atribuidos a sus docentes están, o bien sacados de contexto, o son directamente falsos. “Tenemos un departamento de compliance que investiga todo aquello que se sale de la gestión de la escuela y hemos constatado que esto no es cierto”, insiste sobre las frases recogidas por los alumnos. 

Esta representante del Mare de Déu del Carmel niega que haya cambio ideológico alguno en el centro, aunque uno de sus responsables pertenezca a los kikos. “Hay más de 90 profesores, con distintos idearios, y esto no significa que el de la escuela vaya a cambiar”, insiste. “Somos cristianos, religiosos y carmelitas. Esto no ha cambiado en 80 años”. 

La escuela esgrime además un comunicado del personal docente y administrativo que niega imposiciones ideológicas y critica a las familias denunciantes. Pero estas últimas recelan de que ese documento cuente con el apoyo todo el profesorado, entre el que hay –dicen– miedo a represalias. Y ponen como ejemplo el despido en abril del que había sido durante años director de la escuela, que ha denunciado por despido improcedente. Ese cese, según la portavoz de la escuela, se debía, igual que la llegada de los nuevos responsables, a la necesidad de enderezar el rumbo de un centro que aseguran que estaba en declive académico. 

De Terrassa al Parlament

Con todo, el conflicto ha escalado a la Administración e incluso al Parlament de Catalunya. A raíz de conocerse este caso, la Cámara catalana aprobó una moción para introducir protocolos de detección e intervención “en casos de discursos de odio, adoctrinamiento ideológico o vulneración de derechos en las aulas”, así como la retirada inmediata del concierto en estos casos y si se difunden discursos “contrarios a los valores democráticos y constitucionales”. Propuesto por Comuns, el texto se aprobó con votos de PSC, Junts, ERC y la CUP. 

El Departamento de Educación, por su parte, tiene sobre la mesa al menos dos carpetas sobre este caso. Por un lado, el expediente abierto por Inspección, que sigue en marcha y por el que este inicio de curso se requirió más documentación al centro. Del otro, se ha constituido en octubre una comisión de conciliación formada por Educación, el titular del centro, y un representante del Consejo Escolar (en el que no están las familias críticas) para tratar de encauzar la situación. 

Fuentes conocedoras confirman que en 2024 la Administración abrió otra comisión de conciliación a la escuela, aunque por cuestiones relacionadas con unas escolarizaciones de alumnos. Estos procedimientos, nada habituales, se abren cuando hay indicios de hechos susceptibles de retirar un concierto y se quiere corregir la situación.