El exarquitecto jefe de Barcelona fracasa en su intento de reabrir el caso contra Colau por las peatonalizaciones

A Josep Antoni Acebillo no se le puede afear pereza procesal. El exarquitecto jefe de Barcelona hasta 2003 (durante los mandatos del PSC) ha intentado reabrir la querella archivada hace dos años contra la exalcaldesa Ada Colau y la exteniente de alcaldía de Urbanismo Janet Sanz por las peatonalizaciones impulsadas por los Comuns cuando gobernaban la capital catalana. Su intento ha fracasado porque la jueza ha desestimado su pretensión, tal y como ha podido saber elDiario.es.

Celebradas y premiadas en media Europa pero contestadas por comerciantes y grandes patronales locales, las conocidas como supermanzanas de Barcelona (la peatonalización de calles céntricas) también formaron parte del alud de querellas que recibieron la exalcaldesa y su equipo de gobierno. Todas se han archivado e incluso una magistrada dejó escrito que Colau sufrió una guerra judicial por parte de fondos buitre y otros rivales políticos.

Acebillo, además de criticar con contundencia las supermanzanas en prensa y actos públicos, se sumó a la vía judicial contra ellas. Recurrió a la penal y no a la contenciosa-administrativa, la habitual para discutir las decisiones de un Ayuntamiento. La querella tildó el proyecto de “atentado urbanístico” y, pese a incluir los delitos de prevaricación y malversación, dedicaba más páginas a desacreditar políticamente el proyecto que a enumerar indicios delictivos.

Primero lo intentó en la Fiscalía, donde obtuvo su primer revés, y después reiteró su querella ante una jueza, que abrió una causa pero descartó las otras peticiones del exarquitecto, como citar a declarar a Colau y a Sanz o parar cautelarmente las obras (en plena precampaña electoral de las municipales de 2023).

El caso no fue a más y, como el resto de querellas contra Colau, se terminó archivando a finales de 2023. Los jueces de la Audiencia de Barcelona le recordaron a Acebillo, representado por el abogado Francesc Jufresa, que el principio que debe regir la vía penal es el de intervención mínima, es decir, que no todo lo ilegal es delictivo.

Así ocurrió con las supermanzanas: los intereses de los contrarios al proyecto ya quedaron “amparados”, remarcaron los jueces, a través de los recursos en la jurisdicción contenciosa (que anularon los proyectos por errores en su tramitación), por lo que no era necesario añadir la vía penal. El gobierno del PSC y de Jaume Collboni ha rechazado por ahora proyectar más peatonalizaciones de este tipo en Barcelona.

Un año y medio después, Acebillo hizo acopio de cinco sentencias contenciosas que anularon las peatonalizaciones debido a que no fueron tramitadas a través de una modificación del plan general metropolitano, sino como una medida de gobierno municipal, y las aportó al juzgado de instrucción 26 de Barcelona para pedir que se reabriera la causa contra Colau y Sanz.

A juicio de Acebillo, esas sentencias que anulaban las peatonalizaciones eran “hechos nuevos” que, como en toda causa penal cuando aparecen, obligaban a reabrirla. Omitió el exarquitecto el hecho de que la Audiencia de Barcelona ya se basó, para archivar el caso, en una sentencia de lo contencioso que tumbó el proyecto de la supermanzana.

El exarquitecto también citó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que confirmó la anulación del proyecto, pero obvió que contenía un voto particular favorable al mismo de una magistrada, tal y como advirtieron a la jueza los letrados de Colau y Sanz, Olga Tubau y Àlex Solà. A nivel contencioso, las supermanzanas están a la espera de las sentencias definitivas del Tribunal Supremo.

En su escrito, Acebillo cargó contra la Audiencia de Barcelona por haber sobreseído la causa y situarle “en total indefensión”. Pidió además que el caso se reabriera sin tener que pagar fianza como todo querellante o que fuera una cantidad “simbólica”, ya que mantuvo no seguir “ningún interés particular sino únicamente el interés de la ciudad”.

El fiscal también se opuso a la pretensión de Acebillo al constatar que de su escrito “no se desprende ningún hecho fáctico nuevo” que haya cambiado la valoración jurídica que se hizo al archivar el caso en 2023, esta es, la inexistencia de delito.

“No se apreció en la actuación municipal una clara, manifiesta, contundente e indiscutible contravención de la normativa urbanística”, indicó el fiscal, una frase que la magistrada del juzgado hizo suya para denegar, en dos párrafos, la petición de Acebillo el pasado 30 de julio. El exarquitecto no ha dicho la última palabra y ha recurrido la negativa del juzgado a reabrir el caso de las ‘superilles’.