Dos nietos de prisioneros republicanos presentan querellas por trabajos forzados durante el franquismo

Dos nietos de prisioneros republicanos han interpuesto este lunes nuevas querellas por trabajos forzados durante el franquismo. Se trata del exeurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer y Yolanda Martín-Alameda Benlliure, cuyos abuelos fueron parte del sistema de mano de obra que el régimen puso en macha contra los perdedores de la Guerra Civil. Las querellas han sido presentadas en los juzgados de Sigüenza (Guadalajara) y Montijo (Badajoz), donde se vieron obligados en 1942 y 1943 a participar como prisioneros en diversas obras públicas como parte de su castigo.

El abuelo de Meyer, del mismo nombre, fue detenido y condenado a muerte tras participar en la defensa de Madrid con el Ejército republicano, una pena que sería conmutada por 30 años de cárcel. Posteriormente fue destinado a las colonias penitenciarias de Montijo, en Badajoz, donde participó en la construcción del canal de riego del Guadiana. Por su parte, Juan Benlliure, detenido en octubre de 1939 acusado de auxilio a la rebelión, fue enviado al destacamento penal del pantano de Pálmaces de Jadraque (Guadalajara), donde estuvo implicado en el levantamiento de la presa.

“Con esta querella nos sumamos a la lucha colectiva por el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”, ha dicho Yolanda Martín-Alameda en la rueda de prensa en la que se han presentado las querellas. Ambas cuentan con el apoyo del Ayuntamiento madrileño del que son vecinos ambos nietos, el de Rivas-Vaciamadrid, y han sido impulsadas por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). La alcaldesa del municipio, Aída Castillejo, que lidera la coalición IU-Más Madrid-Equo, ha justificado la adhesión en “no solo un acto de apoyo de un ayuntamiento, sino de una ciudad, de unos vecinos a otros vecinos”.

El trabajo forzado en el franquismo fue una de las vías de represión impuestas por la dictadura y una manera de intentar vaciar las cárceles en un momento en el que estaban saturadas de presos. Para ello se instalaron espacios concentracionarios en los que “se hacinaban a los prisioneros”, a los que “se les facilitaba una mala alimentación” y condiciones extremas al tiempo que debían desarrollar “un trabajo intensamente duro”, explica CEAQUA. “El régimen disciplinario que se le aplicaba a los presos incluía agresiones físicas, palizas, trabajo adicional y la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales inmediatas”.

Para Yolanda Martín-Alameda, el objetivo era “acabar moral y físicamente con los presos y las familias” como la suya, que se ha decidido a interponer la querella para “poner luz” sobre lo que implicó el régimen en términos de mano de obra forzada. Según ha explicado el abogado de CEAQUA, Jacinto Lara, la querella se dirige contra los “mandos del Ejército español que formaron parte” de estos destacamentos penales, de los que actualmente “se desconocen los nombres”. Por eso, una de las primeras diligencias que piden que se practique es “facilitar la identidad y filiación” de estos “presuntos responsables que son objeto de la denuncia”.

La querella se ha presentado en el marco de la campaña “contra los 50 años de impunidad”, con la que CEAQUA quiere denunciar que medio siglo después de la muerte de Franco no se hayan juzgado los crímenes del franquismo. “Con su presentación no sólo se denuncia la comisión de crímenes de derecho internacional (trabajos forzados o esclavos), sino también el modelo de impunidad que impera en el Estado español que impide la investigación y enjuiciamiento de los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista”, asegura la organización, que apunta a que “la mayoría” de las 120 querellas presentadas hasta el momento han sido inadmitidas a trámite o archivadas.