El empeño de Almeida por otorgar al Real Madrid el negocio de los parkings en el Bernabéu choca contra un muro judicial

Hace casi cuatro años, el Ayuntamiento de Madrid desveló de forma muy discreta, a través de un proceso de información pública sin apenas publicidad, que el Real Madrid le había pedido construir dos aparcamientos en el entorno del Bernabéu. El club presidido por Florentino Pérez quería completar su proyecto de estadio del siglo XXI con una infraestructura que permitiera entrar en coche hasta el mismo estadio, aparcando en el subsuelo y accediendo a sus salas VIP sin tener que poner un pie en la calle.

Los merengues necesitaban la ayuda del Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo su idea, porque los aparcamientos serían horadados bajo el espacio público (en concreto por el subsuelo de Padre Damián y la Castellana) y solo el Gobierno de Almeida podía autorizar la construcción de los parkings y su explotación por el Real Madrid mediante un concurso público, durante décadas. Cuando Somos Madrid desveló los primeros detalles del proyecto, los vecinos del entorno empezaron a preguntarse si lo que proponía el club merengue era beneficioso para el barrio —como inicialmente aseguraban— o convertiría el entorno del estadio en un eventódromo, con mayor tráfico y actividades durante muchos más días al año que los que habían generado hasta ese momento las competiciones deportivas.

El área de Movilidad, en manos de la mano derecha de Almeida —Borja Carabante— recogió el encargo y preparó el proyecto a lo largo del año 2022. En septiembre sacaba a información pública el proyecto constructivo, al que añadía un túnel de 650 metros para intentar mitigar el tráfico al que atraerían los nuevos aparcamientos, que iban a contar con más de 2.000 plazas. Por el camino, evitaba hacer públicos los estudios de tráfico y también ocultaba unos informes negativos del área de Urbanismo que sacó a la luz pública este periódico y que han acabado convirtiéndose en clave fundamental en la demanda que ha anulado todo el proyecto.

En paralelo a estos trámites, los vecinos se empezaban a movilizar: primero con tímidas manifestaciones y luego con acciones judiciales, una vez que fue publicado el concurso público para la adjudicación de los aparcamientos. A la licitación solo se presentó el Real Madrid, pese a que la explotación de este negocio iba a permitir recaudar 470 millones de euros a lo largo de los 40 años que duraba la concesión, un plazo que podía ampliarse a 46 años en el caso de que fuera necesario “restablecer el equilibrio económico del contrato en las circunstancias previstas”, rezaba uno de los pliegos. Para ello tendrá que construir dos grandes aparcamientos bajo el Paseo de la Castellana y la calle Padre Damián que sumarán más de 2.000 plazas, en los que habrá sitio para grandes camiones y autobuses y contarán con acceso directo al renovado estadio y a su zona VIP.

Las obras iban a durar 18 meses y dejarían al Real Madrid con un estadio techado para albergar conciertos multitudinarios de hasta 80.000 espectadores —uno de los mayores recintos de este tipo en Europa—, dotado de cientos de plazas y de espacio para decenas de autobuses, además de poder gestionar 20.000 m2 de espacio público alrededor del estadio para organizar eventos. La firma se cerró a finales de 2023 y todo parecía enfilado por los equipos de Almeida y Florentino Pérez… pero entonces llegaron los conciertos.

Plano del aparcamiento diseñado bajo la calle Padre Damián, junto al Bernabéu

En la primavera del año 2024 el Real Madrid estrenó su reforma del estadio y el nuevo escenario de conciertos con varios eventos multitudinarios y, sobre todo, con el desembarco de Taylor Swift en la capital. Los vecinos del entorno empezaron a notar de cerca las incomodidades que suponían acoger al lado de casa este tipo de actuaciones. Empezaron a sumarse a las protestas contra el nuevo recinto. Y a buscar la vía judicial para tumbar los proyectos de Florentino Pérez.

Primero frenaron las obras recurriendo el concurso municipal, a través de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, que empezaba a convertirse en un dolor de cabeza tanto para el club blanco como para el Ayuntamiento. La sentencia que consiguieron del Juzgado de lo Contencioso—Administrativo número 30 de Madrid era rotunda: la adjudicación no había seguido los trámites administrativos pertinentes, se había aprobado en contra del planeamiento y el túnel proyectado no había demostrado ningún tipo de “interés público”. Esto ocurría en mayo de 2024 y en septiembre las obras —que apenas habían arrancado— quedaban anuladas por orden judicial. Entre medias se habían registrado talas de árboles, inundaciones y hasta peligrosos cortes de gas.

Luego llegaría el segundo frenazo a los planes del Real Madrid para el Santiago Bernabéu, con la suspensión indefinida de los conciertos por los problemas de acústica en el recinto y el anuncio de unas obras para cumplir con los niveles sonoros. El resultado es todavía una incógnita, porque expertos en acústica aseguran que será imposible insonorizar el estadio. De momento, a día de hoy no se ha anunciado ninguna actuación musical en el recinto, y los artistas internacionales han movido sus conciertos futuros en la capital de España durante la temporada estival al Metropolitano o se marcharán a Barcelona. El club de Florentino intenta mientras tanto eludir otro segundo frente judicial por el ruido planteado por los vecinos y que afecta a su mano derecha, José Ángel Sánchez, que ha tenido que declarar en los juzgados contando las acciones puestas en marcha por la empresa gestora, Real Madrid Estadio SL, para mitigar las molestias.

Pese a los procesos judiciales, el Gobierno de Almeida hizo oídos sordos a la anulación de los aparcamientos y este mismo verano planificó un cambio urbanístico en el entorno del Bernabéu para adaptar a la llegada de los parkings la reforma de las calles aprobada durante el mandato de Manuela Carmen. El proceso de información pública se lanzó el pasado agosto, pero aún así recibió cientos de alegaciones vecinales porque, entre otras cosas, daba por sentado que los aparcamientos se acabarían construyendo. Algo que hoy parece mucho más lejano que la semana pasada.

De momento, el equipo de Almeida no ha tomado la decisión de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo pero los argumentos validados en el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid parecen inapelables, pues respalda todos los errores que ya señaló la justicia en primera instancia. “Los servicios jurídicos están analizando la sentencia”, es lo único que se limitan a decir desde el área que dirige Borja Carabante, después de encajar este duro revés judicial.

El presidente de la AVPB, Enrique Martínez, ha indicado que los vecinos están “felices” al comprobar que la Justicia “da la razón” a los vecinos. “Aquí lo importante es que se ha confirmado que era una ilegalidad brutal, una vulneración bestial de la ley”, ha asegurado en declaraciones a Europa Press. La“victoria” vecinal se produce después “tirar de un carro entre mucha gente” y que ha logrado visibilizar que, en una pelea contra “gigantes”, se puede ganar si se tiene “razón, fuerza, constancia y las cosas hechas como es debido”, asegura.

Enfrente, los vecinos celebran la sentencia y su presidente, Enrique Martínez, cree que este desenlace es lógico: “Cuando las cosas están tan claras los jueces no se permiten el lujo de pensar que se puede hacer de otra manera, entonces estamos muy satisfechos por eso, por la contundencia tan brutal que tiene la sentencia, que vuelve a ser demoledora”, indicaba este lunes al recibir el fallo.