La vivienda ya es el principal foco de desigualdad: casi la mitad de la población dice que afecta directamente a sus vidas

La ciudadanía española ya no señala a la economía como la principal fuente de desigualdad del país. En 2025, y coincidiendo con los recientes resultados del CIS, redirige el dedo hacia la vivienda, según el último informe de Oxfam Intermón. “[La economía] sigue teniendo un gran peso, pero ya no ocupa el primer lugar como en 2023, cuando predominaba una espiral inflacionaria que ahora parece ser adelantada por la subida de los precios de la vivienda”, explica la ONG en su estudio Vivir la desigualdad.

Del informe, elaborado en base a una encuesta representativa a 4.102 personas de todos los estratos socioeconómicos —de las cuales 3.520 eran españolas, 293 tenían doble nacionalidad y 289 eran extranjeras— se desprenden los siguientes datos: casi la mitad de los encuestados declara que la crisis de la vivienda afecta directamente a sus vidas y solo el 14,4% de los no propietarios cree que podrá comprarse una vivienda en el futuro.

El acceso a la propiedad es, evidentemente, una de las grandes brechas observadas al respecto, junto a la edad o la etnicidad: solo el 33,2% de la personas propietarias dicen verse afectadas por la situación habitacional, mientras que entre las inquilinas ese porcentaje se dispara al 73,6%. A su vez, el 62,7% de los jóvenes se sienten afectados, frente al 22,8% de quienes tienen más de 65. Por último, el 57,5% de las personas racializadas la sufren, frente al 40,3% de las blancas.

La mayoría aprueba que se amplíe el parque público de vivienda

Los encuestados señalan como principales responsables del problema a las administraciones públicas por su inacción (con una puntuación media de 7,7 sobre 10), seguidas de los fondos buitre, las entidades bancarias, los grandes tenedores, las plataformas de alquiler vacacional, los propietarios de alquiler turístico, las empresas constructoras, y, en último lugar (con un 6), los caseros y los pequeños tenedores (aquellos que tienen menos de 10 viviendas).

“Los datos parecen reflejar cierto consenso en que el acceso a una vivienda no debería depender exclusivamente del mercado, y que las administraciones públicas tienen un margen de acción que no están activando”, explica la ONG en el documento. 

En este sentido, la gran mayoría de la población (74,8 %) está de acuerdo en que se amplíe el parque público de vivienda, el 72,4% en que se rehabiliten viviendas vacías para su incorporación al alquiler, y el 71 % en combatir la proliferación de pisos turísticos o de temporada.

La sanidad pública asciende como prioridad y la educación desciende

Al alejar el foco de la vivienda y observar el escenario general, el 78% opina que en nuestro país existen grandes desigualdades (3,4 puntos porcentuales menos que en 2023). Y la confianza en la movilidad social ha descendido: el 52 % de las personas encuestadas cree que el origen (social, étnico…) determina la capacidad para progresar en la vida, cuatro puntos porcentuales más que en 2023.

El 39% considera que los principales responsables de estas injusticias son las administraciones públicas y sus políticas, seguidas de los partidos (29,7%) y las grandes empresas (13,7%). Aun así, más de la mitad de la población confía en que el Gobierno de España es muy capaz de combatir estas brechas, por delante de actores como la Unión Europea, las comunidades autónomas o las entidades locales.

En lo que se refiere a grupos sociales, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo la más visible (7,9 sobre 10), seguida de la percibida en cuanto al origen socioeconómico (7,6), la derivada de la situación irregular de las personas migrantes (7,3) o la persistente en barrios o distritos en grandes ciudades (7,2). Las existentes entre hombres y mujeres (6,4) y hacia personas LGTBIQ+ (6,2) se perciben con menor intensidad, pero siguen siendo relevantes, especialmente entre quienes experimentan directamente esa exclusión. 

“Este diagnóstico ciudadano viene a constatar una de las principales paradojas de España: pese a ser la cuarta economía de la eurozona, sigue ocupando el quinto puesto entre los países más desiguales de la Unión Europea, solo por detrás de Bulgaria, Lituania, Letonia y Portugal”, subrayan desde Oxfam.

No obstante, el 62,4% cree que estas injusticias sí se pueden erradicar. Para lograrlo, señalan como medidas el fomento del empleo de calidad (aumentar el salario mínimo, control de horas sobre contrato…), asegurar una vivienda digna, o un sistema sanitario público de calidad y universal. Estas dos últimas políticas son las que más prioridad ganan desde 2023, con subidas de 6 y 5 puntos, respectivamente, al tiempo que la mejora de la educación pública de calidad se ha reducido en 4,1 puntos porcentuales.

Por otro lado, aunque la mayoría reconoce que los impuestos son indispensables para sostener los servicios públicos (con una media de 7 sobre 10), el 73,4 % considera que el sistema fiscal español no está repartiendo la riqueza de manera equitativa (en la línea de lo declarado en 2023). Casi seis de cada diez opinan que las grandes fortunas contribuyen insuficientemente.

El 37,5% necesitaría un segundo empleo para tener una vida digna

“El crecimiento económico luce en los indicadores macroeconómicos, pero en los hogares la percepción es distinta”, explican desde Oxfam Intermón. Casi tres de cada diez personas afirma que sus ingresos no alcanzan para llevar una vida digna y cuatro de cada diez considera que su vida laboral no es buena (esta sensación se intensifica principalmente entre quienes enfrentan desigualdades de género o raciales). 

“Esa vulnerabilidad se traduce en renuncias. Y lo que hemos constatado en esta segunda edición es que, sin la crisis inflacionaria, algunas de esas renuncias de 2023 se mantienen. El 43% admite no poder permitirse irse de vacaciones ni una sola semana al año, y 1 de cada 4 personas ha tenido que renunciar a ir al dentista por cuestiones económicas”, ha expresado Ernesto García, antropólogo y coordinador del Equipo de la Estrategia Recuperación Justa de Oxfam.

El 37,5% asegura que necesitaría un segundo empleo para alcanzar una vida digna y la mitad dicen estar sobrecualificados para el trabajo que realizan —el 58,5% de los jóvenes de 25-34 años y el 46% de los mayores de 35 así lo creen—. 

En el caso de las mujeres, están menos satisfechas con su trabajo que los varones (un 66,7 % de ellas están conformes frente a un 73,2 % de los hombres); tienen una mayor necesidad de

un segundo empleo por razones económicas (41,3 % de mujeres frente al 33,7 % de ellos) y perciben en mayor medida la desigualdad relativa al hogar (6,5 sobre 10) que ellos (5,8).

Y a pesar de la moderación de la inflación y la mejora del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), durante el último año más de un 60 % dice haber tenido que comprar por problemas económicos productos en oferta, más baratos, o en supermercados más económicos.

También destaca el dato de que más de la mitad de quienes tienen entre 25 y 34 años no podrían asumir un gasto imprevisto de más de 600 euros y que el 34% de ellos han tenido que pedir ayudas económicas a familiares o instituciones humanitarias (Cáritas, Cruz Roja…). 

“La desigualdad es una violación de la dignidad humana que nace, entre otros factores, de decisiones políticas. Los objetivos y la hoja de ruta están marcados. Ahora hace falta la voluntad de todos los actores sociales para recorrerla”, enfatizan desde la ONG.