El Gobierno andaluz congela la subida salarial a 77.000 empleados públicos para derivar el gasto a la crisis de los cribados

Los retrasos diagnósticos en los cribados del cáncer de mama, que en las últimas semanas se han cobrado el la salida de la consejera de Salud, han supuesto un terremoto en el Gobierno andaluz con réplicas en otros departamentos.

El pasado viernes, los sindicatos entraron a una reunión con la convicción de que iban a firmar una subida salarial para los funcionarios negociada durante meses y aparentemente cerrada, pero salieron con un notable enfado y anunciando movilizaciones.

Según fuentes sindicales, los negociadores de la Junta -en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública- les comunicaron que no podían cerrar el acuerdo porque para apagar el fuego de la crisis de los cribados de cáncer, el Gobierno andaluz necesitaba acometer una “redistribución de recursos”; es decir, reasignar a sanidad una partida presupuestaria ya destinada a mejorar las condiciones salariales de los funcionarios.

El pasado miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y nuevo responsable de la cartera de Salud, Antonio Sanz, anunció una inversión extra de 100 millones de euros y 700 contrataciones para intentar sofocar el incendio político que ha provocado el escándalo de los cribados de cáncer. La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, explicó que ese dinero se detraería de otras partidas “sin ejecutar” del Presupuesto en vigor, pero no especificó qué inversiones previstas se sacrificarían para engordar el gasto sanitario.

Los sindicatos presentes en la mesa general, UGT, CCOO y CSIF, califican el requiebro de la Junta de “deslealtad”, y ya han anunciado movilizaciones por el “bloqueo injustificable” a los “compromisos adquiridos” por la Junta de Andalucía. “Por dos veces [el viernes pasado y el 2 de octubre] la administración se ha levantado de la mesa. Lo que estamos viendo es que no hay un compromiso presupuestario para desarrollar la Ley de Función Pública [aprobada por el Parlamento andaluz en junio de 2023]”, lamenta Pablo López del Amo, de CCOO.

“Entendemos que si se viene a negociar con unas cantidades acordadas es porque hay autorización para ello”, lamenta Manuel Moreno, secretario de Negociación de CSIF. Sobre la mesa, en principio, había un acuerdo que contemplaba 200 millones de euros para subir los salarios progresivamente hasta 2030, y recuperar la llamada “acción social” para los 270.000 empleados dependientes de la Junta. En total, la subida pactada beneficiaría a unos 78.000 empleados públicos, entre funcionarios (50.000), plantilla de los entes instrumentales (27.000) y empleados de Justicia (en torno a 1.000).

La parte que abona Andalucía de los salarios de estos funcionarios está congelada desde 2002, según los sindicatos, que reclaman una subida desde hace años. Las negociaciones presenciales se retomaron en junio, y se han desarrollado durante el verano hasta quedar ya cerradas, según los sindicatos. “El viernes íbamos a firmar”, aseguran. Era la segunda ocasión: el viernes 2 de octubre también se paralizó la firma a la espera de que la Consejería de Hacienda cerrara unos flecos jurídicos, según relatan los sindicatos. La Junta, en cambio, resalta ahora que la negociación “sigue abierta”.

Inversión extra de 100 millones en cribados

CSIF, UGT y CCOO han subido el tono en las últimas horas y plantean ya un calendario de movilizaciones si esta semana no hay una respuesta de la administración. Por su parte, SAF cree que este choque, motivado por las mejoras previstas para el personal laboral, no debería afectar a los funcionarios. En un comunicado, asegura que la negociación en Mesa Sectorial (limitada a los funcionarios) sigue abierta, y desliza que los “avances alcanzados” para los funcionarios se ponen en riesgo “al querer mezclar al personal funcionario con el personal laboral del Sector Instrumental”.

El volantazo en la negociación ha dejado descolocados a los sindicatos. La Consejería insiste en que mantiene intacta su voluntad negociadora y se ha mostrado conciliadora en las últimas horas, con apelaciones al “diálogo leal y fructífero” y la “búsqueda del consenso” con los sindicatos, muestra de que la brecha es muy real.

Fuentes de la Consejería insisten en que siempre se ha “intentado incorporar” las reivindicaciones de los sindicatos, pero deslizan que lo hacen “en línea con las prioridades de este Gobierno en cuanto a derechos básicos como sanidad, educación y dependencia”.

La apelación a la necesidad de dedicar recursos a apagar el fuego de la crisis de los cribados es, para las fuentes consultadas, poco menos que una “trampa” que busca neutralizar la fuerza de la protesta sindical. “Puede sacarse también de las subvenciones a los toros o el arreglo de carreteras”, señalan. “Recursos hay, es una cuestión de cómo se gestionan”.

El propio Juan Manuel Moreno anunció la semana pasada un plan especial que contempla una inversión extraordinaria de 100 millones de euros para acelerar las mamografías, pero la aplicación efectiva de ese plan está condicionada a la contratación efectiva de hasta 700 profesionales para la sanidad (algo más de 200 médicos), y los sindicatos del sector ya están advirtiendo de la extraordinaria dificultad para encontrar personal cualificado.

“No hay compromiso presupuestario” para desarrollar la ley

Por ahora, el plan de choque para los cribados ha supuesto un alto a las negociaciones cuando estaban ya para firma. El preacuerdo en mesa general era el pistoletazo de salida para desarrollar la Ley de Función Pública en diversos ámbitos. La ley debe desarrollarse en reglamentos para desplegar todos sus efectos.

La Junta es ambiciosa y quiere articular en torno a ella un ambicioso plan modernizador de la administración autonómica, que incluye un nuevo sistema de carrera horizontal vinculado a nuevos mecanismos de evaluación del desempeño, y un impulso al teletrabajo que los sindicatos consideran insuficiente. “Lo que estamos viendo es que no hay compromiso presupuestario para desarrollar todo esto”, lamenta López del Amo.

Sobre la base de ese preacuerdo en mesa general, que incluye un marco presupuestario hasta 2030, se debía negociar luego en la mesa sectorial de funcionarios y en las de convenios, que llevan congelados más de 20 años. Los funcionarios, por ejemplo, ya protestaron el pasado otoño por su pérdida de poder adquisitivo. En enero, SAF entregó a los negociadores de la Junta en la mesa sectorial de funcionarios un informe donde se detalla cómo los de la administración general de la Junta de Andalucía son los peor pagados de todas las administraciones autonómicas españolas.

“Si empiezan a decir que no tienen dinero incluso para categorías más bajas de personal laboral, te tienes que levantar de la mesa porque no puedes negociar a pérdidas. No vamos a negociar un papel que luego no sirva para nada porque no tiene presupuesto que lo acompañe”, señala el representante de CCOO.

“El nuevo modelo conlleva una nueva exigencia a los funcionarios que hay que retribuir. Llevamos años perdiendo poder adquisitivo, y esta es una oportunidad”, resalta Moreno, de CSIF. Los sindicatos advierten que esto está suponiendo una “pérdida de talento” y que haya trabajadores públicos renunciando a plazas de empleo público porque las retribuciones no están adaptadas al coste de la vida.