La venta de tierras de las ‘mujeres pobres’ de Estepona allana encajar la universidad privada en un megaproyecto turístico

Estepona se dispone a asistir a la entrega a un inversor inmobiliario de más de 100.000 metros cuadrados del terreno –muy cerca de la playa– que María Catalina Nadal legó en 1926 con la finalidad de que lo aprovecharan las esteponeras para estudiar una carrera universitaria, preferentemente de Filosofía y Letras. La Fundación Antonia Guerrero ha subastado públicamente las parcelas, y las ha adjudicado por 68,5 millones de euros a la promotora Kronos, que podrá construir hasta 1.125 viviendas en una ubicación privilegiada. En paralelo, una sociedad mercantil presidida por el empresario Jorge Segovia Bonet, titular de la Universidad Internacional SEK, tramita una “solicitud de implantación” de un centro privado en Estepona, cuya ubicación está reservada desde hace años en otros terrenos vinculados al mismo legado. Existe también un acuerdo de intenciones entre la Fundación y SEK para colaborar en la implantación de una universidad privada en Estepona, y el alcalde José María García Urbano (PP), quien también preside la Fundación, prometió en la última campaña electoral que durante este mandato conseguirá que una universidad se instale en el municipio.

Hasta ahora, la universidad, un viejo anhelo anclado en el histórico legado de María Catalina Nadal y Antonia Guerrero, ha servido de trampantojo durante 35 años: un señuelo que es a la vez consecuencia y condición para una operación inmobiliaria multimillonaria. Ahora las piezas parecen más cerca que nunca de encajar.

En 2020 Segovia (el mismo empresario que acaba de solicitar autorización a la Junta) ya presentó un proyecto de universidad privada: el campus se financiaría con dinero de la venta del patrimonio de la Fundación Antonia Guerrero, y se ubicaría a medio plazo en 300.000 metros cuadrados ubicados en Guadalobón, titularidad de una entidad del empresario Juan José Hidalgo pero reservados desde hace años para un emplazamiento universitario, según un documento al que ha tenido acceso este medio.

A su vez, Hidalgo, a través de Globalia, tramita desde hace cuatro años un imponente proyecto turístico en los terrenos de Guadalobón con el apoyo decidido de la Junta de Andalucía, que le ha dado categoría de “interés estratégico”. Globalia ha declinado hacer comentarios sobre este proyecto. En noviembre de 2019 pidió al Ayuntamiento que cambiara el PGOU para encajar su resort de lujo. Sólo un mes después, en diciembre de 2019, el empresario Jorge Segovia constituyó Universidad Internacional Antonia Guerrero Díaz, S.A.

Todo indica que el desarrollo urbanístico y el desembarco de una universidad privada es un plan conjunto diseñado por el alcalde (y presidente de la Fundación) con el concurso necesario de los empresarios Hidalgo y Segovia. No obstante, está por ver cómo afecta a estos planes el endurecimiento de los criterios de reconocimiento y autorización de universidades privadas recién aprobado por el Gobierno central.

Las dos operaciones (la inmobiliaria y la educativa) están íntimamente conectadas, tal y como ha desvelado este medio. Para la oposición socialista y una plataforma recién constituida, la universidad esteponera debería ser pública, pues sólo así se ahuyentaría el temor de que toda la operación encubra, en realidad, un boyante negocio inmobiliario.

Recalificación de los terrenos en 2022 para su uso turístico

Los terrenos de Guadalobón son una superficie de más de 600.000 metros cuadrados, que están igualmente incluidos en la histórica Herencia Nadal, emparentada al legado de Antonia Guerrero. Se trata de una parte de las parcelas reagrupadas por el empresario salmantino Juan José Hidalgo (Air Europa, Halcón Viajes, Globalia), que desde el siglo pasado quiere (y no ha podido) levantar allí un fastuoso complejo residencial y turístico.

Hidalgo podría conseguirlo si entre el alcalde (que a su vez preside la Fundación Antonia Guerrero), el empresario Jorge Segovia y él mismo logran cuadrar el círculo. De hecho, en los últimos años, el plan ya ha recibido varios impulsos para sacarlo del atolladero.

En primer lugar, García Urbano recalificó los terrenos en 2022, cambiando el destino residencial de dos millones de metros cuadrados (Guadalobón y Sistema Universitario, 633.000; Arroyo Vaquero, 1.495.000) por el uso turístico que pretende Hidalgo, aumentando su edificabilidad. En ese trámite, se intercambiaron también los 300.000 metros cuadrados que el PGOU reserva allí para el equipamiento universitario con los suelos de uso turístico: la Universidad pasó al norte de la autovía y el desarrollo turístico al sur, pegado a la playa.

Terrenos de Arroyo Vaquero | Mapa del Catastro, cedida por Mariano Cabanillas

Simultáneamente, y desde octubre de 2021, el Gobierno de Moreno tramita en su aceleradora el proyecto “Construcción de dos complejos turísticos unificados de alta gama en el municipio de Estepona (Málaga)”, impulsado por “Globalia full resort (Guadalobón + Arroyo Vaquero”). Está declarado de “interés estratégico para Andalucía”. Esto supone, en teoría, la agilización de los trámites. En puridad, son dos proyectos, el de Arroyo Vaquero y el de Guadalobón, que ya tiene el visto bueno ambiental de la Junta de Andalucía, si bien la Dirección General de Carreteras ha informado desfavorablemente por el riesgo de encajonar ese futuro desarrollo.

Dos hoteles de cinco estrellas y un apartahotel

Globalia lo llama full live resort. Incluiría una ciudad deportiva, un campo de golf y dos complejos turísticos de “alta gama”, ambos con hotel cinco estrellas (1.400 y 600 habitaciones, respectivamente), un apartahotel de 600 habitaciones, 400 apartamentos y 115 villas de lujo. Según la presentación que Juan Marín, por entonces vicepresidente de la Junta de Andalucía, hizo hace tres años, la inversión total prevista es de 630 millones de euros. Para la oposición, es una operación que esconde un “pelotazo urbanístico” sin precedentes.

Hidalgo está muy vinculado a la ciudad (en 2006 llegó a bautizar “Estepona” al primer Airbus A330-200 de Air Europa), de la que es hijo adoptivo, pero lleva años residiendo en República Dominicana. Últimamente ha regresado de la mano del fútbol: adquirió el equipo local y compró una plaza para competir en Segunda RFEF.

De culminar el proyecto, Hidalgo podría rentabilizar al fin la compra que hizo hace casi dos décadas. El empresario siempre ha lamentado las dificultades que ha encontrado para levantar aquí su gran obra. Según ha contado en alguna ocasión, compró los terrenos en una operación que le sugirió Juan Antonio Roca, el cerebro del Caso Malaya. “Hice la mayor inversión y la mayor locura de mi vida”, declaró a Sur en julio de 2017, explicando que, tras obtener el visto bueno de Manuel Chaves (por entonces presidente de la Junta) y de Antonio Barrientos (alcalde de Estepona), pagó “religiosamente a los obispos y a Unicaja” 35.000 millones de euros.

Más de dos décadas después, el empresario salmantino mantiene, por sí o a través de sus empresas, la mayor parte de los terrenos del legado, pero sigue sin poner un ladrillo. Para materializar su plan, Hidalgo se ha topado un obstáculo principal: la reclasificación del suelo, que los sucesivos alcaldes han condicionado a un “proyecto universitario en firme”, en palabras del exalcalde Antonio Barrientos (2003-2008).

Hidalgo y Barrientos negociaron durante meses un convenio urbanístico que resolviera esta cuestión. Además, mientras negociaba con Hidalgo la aportación de unos 60 millones a las arcas municipales, el alcalde Barrientos también pactaba el futuro desembarco de la Universidad de Málaga con un campus enfocado al deporte. Pero todo se rompió. Cuentan fuentes muy cercanas a aquello que el empresario arrojó un cenicero a la cabeza del alcalde antes de salir de su despacho.

Astapa y el interés de Villarejo

En este punto, entra en la historia un personaje disruptivo. Barrientos fue detenido en julio de 2008 en el marco de la Operación Astapa, en la que la UDEF investigaba, desde Madrid, la existencia de una presunta trama para el cobro de mordidas y la infravaloración de convenios urbanísticos en Estepona. Astapa se instruyó durante más de una década y no se juzgó hasta 2024.

Acabó en bluf: lo que empezó asomando como un émulo del Caso Malaya desembocó, 17 años después, en una mayoría de acusados absueltos y condenas ínfimas para los demás, incluido Barrientos. El caso Astapa quedó marcado para siempre por las dudas respecto a su origen y la tutela que ejerció el comisario retirado José Manuel Villarejo antes, durante y después de la investigación policial.

Barrientos, que sostiene que fue víctima de un montaje orquestado por Villarejo, y otros acusados siempre han mostrado su sorpresa por el hecho de que, entre más de 60 convenios investigados por la UDEF, nunca se pusiera la lupa sobre el más cuantioso que negociaba Estepona en esos años. “A mí, ni me han llamado, ni me llamarán”, dijo Hidalgo a los periodistas cuando le preguntaron por su posible implicación en Malaya o en Astapa.

El interés de Villarejo en Hidalgo y la universidad está documentado en casi una decena de anotaciones de su agenda y en varios audios que refieren reuniones con él, tal y como pusieron de manifiesto varios acusados en el juicio de Astapa y ha podido comprobar este medio. El hecho cierto es que poco después de estallar el caso Astapa el excomisario logró colocar a Diego de Lucas, recomendado por el excomisario José Luis Olivera, como responsable del desarrollo urbanístico de Estepona.

La universidad, “la zanahoria de un convenio especulativo”

Hidalgo siempre ha defendido que la operación urbanística en Estepona ha estado más cerca de arruinarlo que de hacerlo rico.

Tras la abrupta salida de Barrientos, el nuevo equipo de gobierno de David Valadez (sucesor y denunciante de Barrientos en la alcaldía) negoció un nuevo convenio, pergeñado por De Lucas. Ese convenio se llevó a Pleno en tres ocasiones en 2010, pero los concejales investigados por Astapa, el socialista Sergio López y otra concejala del PA (los dos últimos en el gobierno municipal) votaron en contra y nunca se aprobó. Y el acuerdo con la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía para crear un “campus del Deporte y de la industria del ocio en Estepona” acabó languideciendo.

“La Universidad era la zanahoria para vender un convenio puramente especulativo”, recuerda Sergio López, el concejal socialista que votó contra la propuesta de Valadez. “No había un estudio económico o financiero que demostrase que era capaz de asumir el compromiso”. Años después, Adelaida de la Calle, exrectora de la UMA, admitió que el acuerdo tenía más de urbanístico que de docente. Durante más de una década, el proyecto universitario para Estepona se abandonó, a la par que el deseo urbanizador de Hidalgo.

Ahora, las piezas parecen de nuevo a punto de encajar. 15 años después, el proyecto inmobiliario de Hidalgo en Estepona ha logrado la modificación del PGOU esteponero y tiene el apoyo clave del Gobierno andaluz, mientras una Universidad privada aparece, nuevamente, como el destino prometido de un legado cada vez más raquítico. No es la primera vez que ocurre.