PP y Vox sellan su pacto para tumbar la ley balear de memoria democrática

PP y Vox han dado este martes el primer paso para derogar de forma íntegra la Ley balear de memoria democrática. Lo han hecho durante un pleno en el que extrema derecha y populares han vuelto a evitar expresar su condena del golpe militar de 1936 y las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y han equiparado, una vez más, a víctimas con verdugos. A pesar de que en diciembre de 2024 alcanzaron un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no suprimir la normativa, los populares incumplieron su compromiso tan solo medio año después a cambio de contar con el apoyo de Vox para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Y este martes así lo ha escenificado, dejando una vez más al descubierto hasta qué punto el Ejecutivo de Marga Prohens es capaz de ceder a las exigencias de los de Santiago Abascal para mantener a flote -al menos en apariencia- la estabilidad de su gobierno.

“La República nació muerta y sin libertad”, ha espetado el diputado de Vox Sergio Rodríguez nada más iniciar el discurso con el que ha defendido la Proposición de Ley con la que su partido quiere tumbar el texto, enarbolando las consignas que la extrema derecha ha blandido en otras Comunidades en las que PP y Vox han echado abajo sus propias leyes de memoria: la formación alega que la normativa “atenta contra la igualdad de todos los españoles” y “discrimina y aparta a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”.

Esta narrativa -y con ella, la derogación de las leyes de memoria- se inscribe, sin embargo, en una estrategia más amplia de las derechas, dirigida a redefinir, desde una supuesta “neutralidad”, el relato sobre la Guerra Civil y la dictadura en base a postulados revisionistas ampliamente desacreditados a nivel histórico, social y jurídico. El relato de Vox obvia, además, que las víctimas del franquismo ya fueron oficialmente homenajeadas y recompensadas durante los casi cuarenta años de dictadura, mientras que miles de familias republicanas sufrieron represión, exilio y silencio institucional hasta la llegada de la democracia. La ley de memoria de Balears -como las del resto del Estado- nació para corregir ese desequilibrio histórico y garantizar los derechos de quienes habían sido relegados al olvido. 

Con todo, el PP ha dado su respaldo a que se tramite la iniciativa con la que los de Abascal pretenden derogar la ley, al igual que ha hecho en la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Aragón. En estas Comunidades, las normativas de memoria histórica han sido sustituidas por ‘leyes de la Concordia’ que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. El Gobierno central ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la implantación estos textos al considerar que “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”.

La izquierda: “Se han puesto del lado de los verdugos”

Durante el debate en el Parlament balear, los grupos de izquierdas han recriminado que el PP ceda una vez más ante Vox para “conservar sus pactos de la vergüenza”, en esta ocasión derogando “una ley pionera que habla de memoria, justicia y reparación”. En palabras del diputado socialista Omar Lamín, eliminar esta norma sitúa a Balears “fuera de los consensos europeos y de los principios elementales de la democracia”: “Se han puesto del lado de los verdugos”. “La ley de memoria es una herramienta viva y concreta, necesaria para garantizar la no repetición de los hechos más vergonzosos de nuestra historia. Es el hilo que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y por qué nunca más podemos permitir que el fanatismo y la fuerza sustituyan la razón y la convivencia”, ha subrayado.

Entre otros hitos, la ley de memoria, aprobada durante la primera legislatura del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol (2015-2019), ha permitido a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos durante la Guerra Civil y la dictadura, así como delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Bajo el amparo de esta normativa también se ha declarado la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.

La eliminación de esta norma se encuentra entre las 110 medidas contempladas en el acuerdo que PP y Vox alcanzaron al inicio del actual mandato: a cambio de aceptar la supresión de la norma, Vox se comprometió a abstenerse en la investidura de Prohens como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.

El PP rompe su pacto con la izquierda para no derogar la ley

En diciembre de 2024, sin embargo, los populares pactaron con los grupos de izquierdas no derogar la ley. A cambio, éstos posibilitaron en el mismo pleno la eliminación de 34 enmiendas que Vox había presentado al Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa, y que los conservadores habían incorporado por error dos semanas antes, retrotrayendo la legislación balear a décadas atrás en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana. 

Tan solo seis meses después, el PP incumplió su compromiso: la necesidad de sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025 llevó a los populares a ceder ante las exigencias de Vox, que había hecho de la derogación de las leyes de memoria una de sus principales banderas políticas. En línea con lo ocurrido en otras comunidades gobernadas por la derecha, el objetivo declarado de ambos partidos pasa por sustituir las normas de reparación por lo que denominan “leyes de concordia”, textos que, según afirman, pretenden “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”.

En Balears, la tensión política en torno a la memoria histórica se agrava, además, por el hecho de que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), está pendiente de juicio por un presunto delito de odio tras romper, durante un debate sobre la ley, una fotografía de Aurora Picornell y de otras dos mujeres asesinadas por el franquismo. Pese a las peticiones de dimisión de los hechos, el Govern de Prohens nunca le ha pedido que abandone el cargo.