El fiscal que se excedió al investigar a Rosell en el origen del caso Alba opta ahora a la Sala de lo Penal del Supremo

El fiscal que se excedió en sus funciones al abrir una investigación por motivos disciplinarios contra la magistrada Victoria Rosell, en aquel momento (finales de 2015) en excedencia voluntaria para concurrir como candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, aspira ahora a ingresar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, la que debe enjuiciar a los aforados y las causas de corrupción.  

Guillermo García-Panasco, en la actualidad letrado del Constitucional, es uno de los juristas que se ha postulado para ocupar la plaza que ha dejado vacante por jubilación el magistrado Miguel Colmenero en ese relevante órgano judicial, el que un día pretendió “controlar por detrás” el Partido Popular (PP) a través de un acuerdo que situaba a otro canario, Manuel Marchena, al frente del Supremo y del Poder Judicial, tal y como revelaron los WhatsApp que envió el entonces portavoz de la formación conservadora en el Senado, Ignacio Cosidó. La filtración de esos mensajes acabó por frustrar esa designación. 

El nombre de García-Panasco, que ingresó en la carrera fiscal hace ya 31 años y que lleva ya 8 en Madrid (primero en la Fiscalía General del Estado y, ahora, en el Constitucional), figura en el origen del denominado caso Alba, la cacería que el ya exmagistrado Salvador Alba ejecutó con la toga puesta, desde su posición de sustituto en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, contra la hasta entonces titular de la plaza, Victoria Rosell, cuando la magistrada decidió concurrir a las generales. Una conspiración que acabó con el exjuez en la cárcel, con una pena de seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial. 

La investigación a Rosell 

Fue el 23 de noviembre de 2015, justo un mes después de que Podemos anunciara el fichaje como independiente de Rosell, cuando García-Panasco, a la sazón jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, abrió esas “diligencias preprocesales” contra la magistrada, finalmente anuladas por el propio Supremo. El ahora aspirante a la Sala Segunda del alto tribunal encomendó la investigación a la fiscal Evangelina Ríos, con quien Rosell mantenía un notorio enfrentamiento, en especial por las discrepancias que ambas mantuvieron durante la instrucción de la causa que investigaba por fraude fiscal a Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. 

Díez días después de su apertura, El Mundo publicó los detalles de la investigación de la Fiscalía a Rosell, a quien el periódico había puesto la etiqueta de “ministra de Justicia de Podemos”. Ese misma mañana del 3 de diciembre, víspera del inicio de la campaña de las elecciones generales, el propio García-Panasco difundió a los medios un comunicado informando de la apertura de las “diligencias preprocesales” a la magistrada para valorar “la posible comisión de una infracción disciplinaria que, en su caso, sería puesta en conocimiento de los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”. 

La Fiscalía siempre sostuvo que esas diligencias se incoaron tras recibir un sobre “anónimo” con la copia de un contrato suscrito entre la productora de la UD Las Palmas, el club presidido por el empresario al que investigó Rosell, y Clan de Medios, editora del periódico Canarias Ahora, que dirige Carlos Sosa, pareja de la magistrada. Ese contrato regulaba el alquiler de una frecuencia de radio con una opción a compra y fue rubricado por las partes a finales de octubre, con Rosell ya en excedencia, fuera del juzgado. Sin embargo, García-Panasco y Ríos entendieron que debían investigar si la magistrada incumplió el deber de abstención por la existencia de esa relación comercial posterior a su salida. 

Con el tiempo se supo que la copia del contrato no llegó a la Fiscalía a través de una fuente anónima, sino que fue el propio Salvador Alba, que entonces llevaba apenas unos días al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, quien lo entregó al Ministerio Público. Así lo confirmó el exmagistrado corrupto. “Ese contrato se me hizo llegar a mí y yo mismo lo entregué a la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos. Y ello pese a que nunca pedí que se mantuviera el anonimato. Es más, todo lo contrario”, afirmó. 

El contrato que Alba entregó a la Fiscalía estaba fechado el 26 de octubre, pero en realidad se formalizó dos días más tarde. Ese desbarajuste de fechas, provocado por un error de los servicios administrativos de la UD Las Palmas que obligó a repetir la firma, acabaría delatando a José Manuel Soria, entonces presidente del Partido Popular (PP) en Canarias y rival de Rosell en las elecciones generales de 2015. Y es que, tras enterarse de la existencia del contrato con Clan de Medios, Soria pidió una copia al club de fútbol presidido por Miguel Ángel Ramírez. Y el documento que le entregaron, tal y como confirmaron fuentes de la emisora de la UD Las Palmas, contenía la misma errata. Estaba fechado el 26 de octubre, no el 28. Y era la única copia que circulaba de ese contrato. 

Cuando García-Panasco difundió el comunicado a los medios informando de la apertura de esas diligencias, Rosell se personó en su despacho para pedirle explicaciones, pero no las obtuvo. Las rencillas venían de lejos. Años antes, a finales de 2010, la magistrada había abierto en su juzgado una investigación por una presunta trama de corrupción por la que llegó a estar imputada la funcionaria Lourdes Quesada, esposa de García-Panasco. 

Se trataba del caso Lifeblood, sobre presuntas irregularidades en un concurso de hemodiálisis en el Servicio Canario de Salud (SCS). Cuando estalló la causa judicial, Soria era aún vicepresidente del Gobierno regional, aunque las relaciones con su socio de gobierno, Coalición Canaria (CC), se habían tensado y acabaron rompiéndose poco después. El caso Lifeblood fue archivado por falta de acusación. La Fiscalía Anticorrupción no apreció indicios de delito, lo que obligó a Rosell a dictar un auto de sobreseimiento que, sin embargo, sí aludía a la existencia de serias sospechas de tráfico de influencias. 

“La Fiscalía tiene demasiadas conexiones políticas”, dijo años después Rosell, en la rueda de prensa que ofreció el mismo 3 de diciembre para responder a las publicaciones sobre la investigación abierta por el Ministerio Público. En aquella comparecencia, la entonces candidata de Podemos acusó a Soria de “utilizar las instituciones del Estado” para intentar “imputarla en falso” en plena campaña electoral. Un día después, Soria se querelló contra ella por injurias. Tanto esa querella como una posterior ampliación (regada con pasajes literales de un informe reservado de Salvador Alba) fueron archivadas. 

A Madrid una semana después de la anulación de la investigación

Las diligencias preprocesales que la Fiscalía abrió a finales de 2015 contra Rosell llegaron al Poder Judicial, que no vio nada reprochable en la actuación de la magistrada al frente de la instrucción del procedimiento por delito fiscal contra Miguel Ángel Ramírez. El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ remarcó que el contrato de alquiler de la frecuencia de radio se firmó después de que Rosell dejara el juzgado y que no había “ningún dato objetivo” que permitiera inferir que la jueza era conocedora de la negociación previa de ese acuerdo ni que hubiera intervenido “de manera decisiva y activa” en la causa penal durante el “brevísimo periodo de tiempo” que transcurrió entre la incorporación de su pareja a esas conversaciones (8 o 9 de octubre) y el inicio de su excedencia voluntaria (15 de octubre). 

La investigación de la Fiscalía a Rosell fue finalmente anulada. En primer lugar, por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que concluyó que el Ministerio Público había vulnerado dos derechos fundamentales de la magistrada (el derecho de defensa y el derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad) al investigarla por motivos disciplinarios. En esa resolución, el tribunal canario condenaba el comunicado de la Fiscalía a los medios, al considerar que había “transgredido directamente la neutralidad informativa que deben mantener las instituciones públicas durante el proceso electoral, evitando aquellas que puedan influir en la orientación del voto”. 

El Supremo confirmó la nulidad de las actuaciones de la Fiscalía, aunque con argumentos diferentes. La mayoría de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (cuatro de sus siete magistrados) entendía, en contra de lo manifestado por el TSJC, que la Fiscalía sí tiene competencias para abrir una investigación contra la jueza por motivos disciplinarios. Sin embargo, el tribunal sentenció que García-Panasco y Ríos se habían extralimitado en sus funciones para intentar acopiar y preconstituir pruebas contra Rosell y había invadido competencias reservadas al Consejo General del Poder Judicial. 

Tan solo una semana después de que el Supremo declarara nula la investigación a Rosell, García-Panasco dejó la Fiscalía Provincial de Las Palmas en julio de 2017 y ascendió a teniente fiscal de la Secretaría General Técnica en la Fiscalía General del Estado (FGE), un puesto de libre designación. En aquel momento el fiscal general era José Manuel Maza. 

“No me arrepiento de haber investigado a Rosell”, dijo García-Panasco en una entrevista en el periódico La Provincia pocos días después de acceder a ese cargo. “Si todos los jueces de instrucción tuvieran que dimitir cada vez que la Audiencia Provincial le revoca una resolución por vulneración de derechos fundamentales, no sé cuántos jueces de instrucción habría en este país”, comentó también en la cadena Cope esos días.

García-Panasco, que ingresó en la carrera judicial en 1994 y que también es juez en excedencia y doctor en derecho, llevaba once años al frente de la Fiscalía de Las Palmas, donde también había ocupado las delegaciones en Medio Ambiente, Urbanismo y Extranjería. Después de tres años en la Fiscalía General del Estado, en 2020 fue nombrado, también por libre designación, letrado del Tribunal Constitucional, puesto que ha ocupado hasta esta fecha. En junio del año pasado figuraba en la lista de posibles suplentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). en el acuerdo para desbloquear este órgano. Ahora aspira a entrar en la Sala Segundo del Supremo, el órgano que enjuiciará, entre otros, al actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.