El Supremo obliga al Gobierno de Ayuso a levantar el secreto sobre las cuentas de Madrid Network, con un agujero de más de 50 millones

La decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de mantener ocultas contra viento y marea las cuentas de Madrid Network acaba de derrumbarse en el Tribunal Supremo. Con un auto fechado el pasado día 8 y al que ha tenido acceso elDiario.es, el alto tribunal obliga al Gobierno madrileño a facilitar las memorias anuales de la entidad público-privada a la que la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, transfirió en 2011 nada menos que los 80 millones de un préstamo a bajo interés recién concedido entonces por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid. Los impagos de las cuotas de devolución del préstamo por parte de Madrid Network ya le han costado al erario madrileño más de 50 millones.

A través del auto del pasado día 8, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal inadmite el recurso de la Comunidad de Madrid contra la sentencia dictada en abril por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) y que ordenaba al equipo de Ayuso a facilitar las memorias de la asociación Madrid Network a un ciudadano que las había solicitado a través del portal de transparencia. Al inadmitir el recurso de casación planteado, el Supremo convierte en firme la sentencia del TSJM.

Para mantener bajo secreto las cuentas de una asociación opaca que por servicios aún desconocidos pagó 1,8 millones a la empresa fundada por el exministro Cristóbal Montoro y para la que hasta lograr un escaño en 2011 había trabajado Ayuso, el Gobierno regional ha venido argumentando lo siguiente: divulgar esos documentos “implica un real, claro y directo daño sobre los intereses económicos de numerosas empresas que se citan en ellas”. La asociación repartió de forma discrecional el dinero público del préstamo transferido por Aguirre. Y lo hizo entre empresas de las que solo ha trascendido la identidad de algunas, tres de ellas vinculadas a antiguos altos cargos del PP. Los préstamos a esas tres mercantiles resultaron fallidos.

Ahora, y en la misma línea que el TSJM, el Supremo subraya que, si bien la ley permite de forma excepcional esquivar la Ley de Transparencia cuando la información pública puede causar serios perjuicios a una empresa, en este caso la Comunidad de Madrid no ha explicado en ningún momento por qué se aferra a tal argumento: “Tales argumentos han de ser invocados y acreditados por la entidad que los alega, sin que valga una genérica afirmación sobre eventuales quebrantos sin una cumplida justificación sobre la incidencia y los peligros concretos y determinados que el acceso a una información específica generaría en el funcionamiento y actividad comercial y económica de la empresa”. Y además –agrega el auto a renglón seguido–, para que tales perjuicios cierren la puerta de la transparencia “han de ser relevantes y han de ponderarse en relación a los intereses en juego (interés público e intereses particulares), ya se trata de obstaculizar el total acceso a la información como en los casos de limitaciones parciales”.

El convenio en virtud del cual Aguirre le traspasó aquellos 80 millones estipulaba que debía pagar cada año a la Comunidad de Madrid la cuota de devolución del préstamo –unos 9 millones– para que, a su vez, esta se la abonara al Ministerio de Ciencia. Pero tal como señaló la Cámara de Cuentas en su informe sobre 2023, los impagos constantes de la asociación ya habían forzado al cierre de ese ejercicio a cubrir con fondos del presupuesto autonómico el agujero de 51,89 millones provocado por los incumplimientos de la asociación. A día de hoy, no es posible cuantificar cuánto ha crecido lo adeudado.