Nueva condena para el abogado que denunció al Gobierno por el 8M: tres años y medio de cárcel por estafar a una mujer

El abogado Víctor Valladares, que en la pandemia provocó con una denuncia la apertura de un proceso judicial sobre el 8M feminista, ha aceptado una nueva condena por engañar a una clienta. Tres años y medio de cárcel por delitos de deslealtad profesional, estafa y falsedad documental por cobrar más de 1.400 euros a la víctima por una querella que nunca llegó a interponer. Es una de sus condenas más abultadas, que le llevaron a prisión en un largo historial de engaños a clientes, entre ellas su propia suegra, mientras en su faceta pública se presentaba como el letrado que pretendía llevar al Gobierno al banquillo por la gestión de la crisis del coronavirus.

Este letrado ourensano ya sabía lo que eran las cámaras y los casos mediáticos cuando acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid en marzo de 2020 para denunciar al Gobierno en los primeros días de pandemia. Fue el abogado que impulsó la fallida investigación penal por la muerte del perro Excálibur durante la crisis del Ébola de 2014, denunció por acoso laboral a la baronesa Thyssen e incluso participó en el reality ‘Ven a cenar conmigo‘.

El 20 de marzo de 2020, acudió a los juzgados de Madrid y presentó una denuncia contra el presidente del Gobierno y los delegados del Gobierno por permitir actos multitudinarios cuando, supuestamente, ya conocían la gravedad de la incipiente pandemia, poniendo el foco en Madrid y la manifestación feminista de ese 8 de marzo. La jueza Carmen Rodríguez-Medel abrió una causa, imputó al delegado del Gobierno en Madrid y las diligencias fueron finalmente archivadas, pero prevalecieron como munición de la derecha y la extrema derecha para criminalizar al feminismo por los primeros contagios.

El pasado de abogado estafador de Víctor Valladares afloró pocos días después. Expedientes y sanciones del Colegio de Abogados por dejar morir casos de clientes, algunos tan importantes como la reclamación de una mujer para recuperar a su hija sustraída por el padre o la más habitual: cobrar dinero a gente por pleitos que nunca ponía en marcha. Querellas que no se habían interpuesto y escritos que no se habían presentado, con el abogado falsificando documentos judiciales para completar el engaño.

El último juicio contra Valladares tuvo lugar el pasado mes de junio en la Audiencia Provincial de Madrid y fue visto y no visto. Allí mismo, el abogado aceptó una condena de tres años y medio de cárcel, multas que suman 4.050 euros y la obligación de devolver a la afectada los 1.472 euros que estafó, además de la prohibición de ejercer como abogado durante cuatro años. Un delito de deslealtad profesional y otro de estafa en concurso con falsedad documental.

La historia que relata esta sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso elDiario.es, es muy similar a su media docena de condenas anteriores. Una mujer contrató sus servicios para interponer una querella por amenazas y calumnias pidiendo, además, medidas cautelares de protección para ella. Era noviembre de 2020 y el historial de estafas y engaños de Valladares ya era conocido y la causa judicial contra el Gobierno que él había iniciado llevaba meses archivada.

Valladares cobró sus honorarios, un depósito de garantía y el supuesto sueldo del procurador, pero nunca interpuso la querella ni pidió las cautelares. Lo que hizo fue falsificar un auto de los juzgados de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz para hacer creer a la víctima que el juez había estimado su petición de medidas urgentes. Lo hizo, según ha reconocido él mismo, para “obtener un ilícito lucro patrimonial y amparándose en la confianza” que su clienta tenía en él.

A prisión por estafar a clientes

Esta sentencia de tres años y medio de prisión, dictada de viva voz por los jueces ante Valladares el pasado mes de junio, es una de las condenas más abultadas que ha recibido en el último lustro. También fue condenado a medio año de cárcel por estafar 800 euros a su suegra, a dos años de cárcel por engañar a dos afectados por cláusulas suelo o a otros dos años de presidio por estafar al dueño de una discoteca que le contrató para demandar a TVE.

La lista de sanciones penales se suma a las disciplinarias, una de ellas por dejar morir la reclamación internacional de una mujer para recuperar a su hija sustraída, y Valladares finalmente entró en la cárcel de Soto del Real en la segunda mitad de 2022. Condenas y reproches que llegaban mientras, en público, este letrado era defendido como un “abogado animalista” que iba a llevar al Gobierno al banquillo por permitir el 8-M feminista de 2020 sabiendo el potencial contagioso del coronavirus.

Valladares ni siquiera llegó a personarse en la causa que inició y que constituyó uno de los mayores terremotos políticos del primer año de pandemia. La magistrada llegó a imputar al delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, y el proceso dejó dos documentos judiciales de alto voltaje: un informe forense que aseguró que la pandemia “se veía venir” y otro de la Guardia Civil que llegó a manipular testigos y reflejar bulos para acusar al Gobierno de conocer la gravedad del virus desde enero y no hacer nada.

Los dos documentos fueron gasolina para la hoguera en la que PP y Vox quisieron juzgar y condenar al feminismo por propagar el virus con el visto bueno del Gobierno. Pero el segundo, salido de la Comandancia de Madrid que entonces dirigía el coronel Diego Pérez de los Cobos, se tradujo en una de las mayores crisis internas del Ministerio del Interior desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro. Pérez de los Cobos fue destituido y el único sancionado por la filtración del informe fue un comandante que no investigó correctamente la filtración.

Valladares, antes de archivarse la causa y desaparecer del mapa, llegó a anunciar la creación de una supuesta “Asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus” de la que no hubo más noticias mientras acusaba a los medios que revelaban sus estafas de “intentar desacreditar” su “trabajo”. Cinco años y medio después su nombre sigue sonando en los tribunales de Madrid pero, en este caso, para aceptar condenas de cárcel por engañar a sus clientes.