Almeida evita junto a Vox revocar la votación sobre el síndrome posaborto y asegura que «informará» sobre su plan de natalidad

El Gobierno de Almeida sigue adelante con la polémica iniciativa del síndrome posaborto. El Partido Popular ha votado en contra de revocar el acuerdo para la información en centros municipales que salió aprobado con su apoyo y a propuesta por Vox, defendiendo que el Ayuntamiento ofrecerá información de manera “libre y voluntaria” sobre su plan de natalidad y sobre la guía del Ministerio de Sanidad relativa a la elección informada de las mujeres. No obstante, el alcalde ha reconocido que en la votación de septiembre se apoyaron “estudios científicos inexistentes”.

Durante su intervención en el Pleno extraordinario, Almeida ha acusado a la izquierda de “ignorancia absoluta” y ha defendido a su equipo de gobierno frente a los “insultos” recibidos. A su vez, ha subrayado que su decisión busca alejarse del “paternalismo” de Vox hacia las mujeres y ha destacado que su política se centra en fomentar la natalidad, ofreciendo información objetiva sin imponer restricciones sobre el aborto y poniendo en valor cada nacimiento en la ciudad.

La polémica por la aprobación de la iniciativa el pasado mes de septiembre, gracias a los votos favorables de PP y Vox, ha vuelto a debatirse a cuenta del Pleno extraordinario solicitado por la oposición para tumbarla con un punto único en el que se incluían dos exigencias.

En primer lugar, Más Madrid y PSOE han instado al Gobierno municipal a no ejecutar el acuerdo plenario del 30 de septiembre, que obliga al Ayuntamiento a proporcionar información sobre el síndrome posaborto de forma obligatoria, verbal y escrita, en distintos servicios públicos como Madrid Salud, Espacios de Igualdad/CIAM, Samur Social y trabajadores sociales. También contempla incluirla en webs oficiales, carteles y folletos. La propuesta considera que esta medida perjudica el interés público y vulnera los derechos de las mujeres.

El pasado septiembre, el PP apoyó el texto de Vox que incluía el término “síndrome” y enumeraba supuestas consecuencias como “consumo de alcohol y drogas”, “mayor riesgo de muerte natural”, “esterilidad” y “tentativas de suicidio”. Durante el debate, el PP propuso una enmienda —que finalmente no se aprobó— para reemplazar “síndrome” por “trauma”, eliminar la obligatoriedad de la información, excluir a los trabajadores sociales del Ayuntamiento y someter el contenido a supervisión previa de los servicios jurídicos municipales.

Precisamente, esta ha sido la línea que ha defendido el Gobierno de Almeida en el Pleno de este viernes, donde el alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento ofrecerá información de manera libre y voluntaria, evitando asumir un papel asistencial directo, y defendiendo su plan de natalidad y protección a las mujeres frente a la iniciativa de Más Madrid y PSOE.

Después de la polémica por la aprobación de la medida, el alcalde reconoció que el síndrome posaborto “no es una categoría científica” aunque mantuvo su apoyo a informar sobre las “consecuencias” de la interrupción voluntaria del embarazo. Poco después, reconoció el “equívoco” que generó al reconocer un síndrome postaborto que “no existe” y recibió positivamente la convocatoria del Pleno extraordinario que le permitirá explicar su postura sobre este tema. No obstante, el PP mañana solo se podrá pronunciar con su voto sobre la ejecución o no de la medida.

Vox desde el inicio ha apoyado el texto íntegro de la moción que se defendió en el Pleno la concejala Carla Toscano. Un día después de la aprobación con la polémica ya servida el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, advirtió al PP de que cumpliera el acuerdo y no saliera “corriendo a intentar paralizarlo”. Este viernes ha cargado también contra la izqauierda y la extrema izquierda reiterando que: “Su objetivo es promover el mayor número de abortos posibles”.

Una vulneración de los derechos de las mujeres

La segunda parte de la proposición de PSOE y Más Madrid reclamaba iniciar el procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo Plenario al que se refiere el punto 1, por posible nulidad de pleno derecho conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Este artículo recoge los motivos por los que las actuaciones de las administraciones pueden declararse nulas de pleno derecho.

Algunos de los motivos que esgrime la ley son que los acuerdos “lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional”, que “tengan un contenido imposible” y que sean “constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta” entre otros supuestos.

En la justificación para la convocatoria del Pleno extraordinario los grupos argumentaron que el acuerdo puede “suponer una infracción legal de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

La referida ley cuenta con un artículo sobre la información vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo. Con respecto a las implicaciones de someterse a este proceso, la norma señala que “en todos los supuestos, y con carácter previo a la prestación del consentimiento, se habrá de informar a la mujer embarazada” en los términos que establece la ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, “sobre la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias”.

“La información prevista en este artículo será clara, objetiva y comprensible. En el caso de las personas con discapacidad, se proporcionará en formatos y medios accesibles, adecuados a sus necesidades y las mujeres extranjeras que no hablen castellano serán asistidas por intérprete. En aquellas comunidades autónomas en las que haya lenguas oficiales, esta atención será dispensada en cualquiera de ellas, si así lo solicitare la mujer”, reza el texto.