El PP maniobra en Huesca para encarecer el alquiler social de los pisos de Harineras: de 525 hasta 843 euros al mes

Hasta la vivienda protegida de renta social puede resultar inalcanzable para los bolsillos más comunes. El Ejecutivo aragonés, con el respaldo del equipo de gobierno del PP en Huesca, va a disparar el precio de los alquileres para el proyecto de VPA que levantará en Harineras con fondos europeos, y para el que ha optado por un modelo de explotación privada. Este viernes, los concejales populares y un tránsfuga de Vox han amparado la operación al corregir un acuerdo plenario de mayo de 2024: con el cambio, los precios de los alquileres pueden pasar de 525 euros a unos 843 euros sin garaje. El PSOE y la extrema derecha han votado en contra y han sido muy duros con la iniciativa.

El Gobierno de Jorge Azcón necesitaba esta corrección porque lo aprobado hace casi año y medio por el pleno oscense, para la cesión gratuita del solar –valorado en 2,3 millones de euros– del Ayuntamiento, no concordaba con lo proyectado por el Departamento de Fomento y Vivienda. Así, el PP ha llevado de urgencia un cambio fundamental: de un “destino a vivienda protegida” en las 71 viviendas de Harineras se pasa a otro destino: “La construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública”.

El modelo por el que ha optado el Ejecutivo autonómico, tal y como consta en los pliegos –aprobados el pasado mes de junio–, es una concesión demanial por 75 años a través de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Es el mismo que eligió para las promociones del Picarral y la avenida de Cataluña en Zaragoza capital, con unos alquileres que se elevarán a 11,25 euros por metro cuadrado más otros 6 euros por m² para las plazas de garaje. En total, más de 900 euros al mes para un piso de 75 m². Es cierto que el Gobierno de Aragón recoge la posibilidad de subvencionar parte de esta renta, pero el beneficio para la promotora llega íntegro.

El Gobierno de Aragón promueve en la zona de Harineras las viviendas protegidas objeto de la polémica.

Frente a esto, la promoción de 88 viviendas que impulsa el Ministerio de Vivienda en La Merced, también en Huesca capital, a través de Suelo y Vivienda de Aragón, tienen un precio máximo de 7 euros por metro –casi un 40% menos– y 4,2 euros en el caso de los garajes. Así, solo en las viviendas de más de 90 metros el precio del alquiler supera los 600 euros al mes.

Por otro lado, el pliego recoge un aumento en el número de viviendas previstas: de las 71 que constan en el asiento registral del solar, de 750 metros cuadrados, se pasará a 90, lo cual supondrá un beneficio extra para el promotor que resulte adjudicatario.

El concejal del PSOE Fernando Sarasa ha sido muy duro con el equipo de gobierno, al que ha acusado de impulsar una propuesta “improcedente, arbitraria y desleal”.

“Improcedente”, ha dicho, porque el pleno de 30 de mayo de 2024 “aprobó de forma unánime la cesión de la parcela al Ejecutivo autonómico para destinarla a la construcción de vivienda protegida”. Y, sin embargo, “el Gobierno de Azcón ha optado” por la concesión demanial. Es “arbitraria”, ha afirmado a continuación, “porque no responde a una necesidad técnica o jurídica, no hay un expediente, solo una propuesta sin firmar”. “Es una decisión política para atar el acuerdo plenario a la operación especulativa a 75 años impulsada por el Gobierno de Aragón”, ha criticado. Y ha puesto cifras al aumento del alquiler que se va a registrar con el modelo elegido.

Y es “desleal” porque el Gobierno oscense “no ha informado de este pliego en la comisión de Urbanismo”. “Va en contra de la voluntad de este pleno, no vamos a aceptar que Azcón especule con el patrimonio municipal de todos los oscenses. Son terrenos del Ayuntamiento de Huesca y su destino debe servir para el interés general, no para hacer negocio con ellos”, ha zanjado, antes de indicar que había puesto la documentación en manos de los servicios jurídicos. “La responsable de este acuerdo plenario será usted, alcaldesa, al proponerlo sin amparo técnico ni informe jurídico. Y también todos los que lo voten a favor o se abstengan”, ha retado.

“Especulación subvencionada”

Por su parte, el representante de Vox, José Luis Rubió, ha negado que el acuerdo suponga “un simple ajuste técnico”, sino que supone “un cambio de fondo que altera el sentido” de una cesión gratuita del Ayuntamiento al Gobierno de Aragón “con un destino muy claro: construir vivienda protegida para los oscenses”. “Ahora se nos pide que cambiemos a una fórmula difusa. Traducido: que donde antes el suelo era para Huesca y se garantizaba vivienda protegida de verdad, ahora se abre la puerta a que se use para cualquier invento jurídico, incluso para ceder los 75 años a una empresa privada en concesión”, ha señalado, y ha precisado: “Hay una trampa semántica para legalizar a posteriori el pliego del Gobierno de Aragón y evitar una posible reversión del terreno”.

“Desde Vox lo decimos alto y claro: no vamos a bendecir que se manipule una decisión municipal para encubrir una operación que convierte un solar público en un negocio de alquiler a 75 años. Eso no es política de vivienda, es especulación subvencionada con dinero público. Huesca necesita vivienda asequible, pero no que el PP en el Ayto y en el Gobierno de Aragón se tapen mutuamente las vergüenzas para que cuadre el discurso”, ha continuado.

Una fórmula “tasada por ley”

El PP, sin embargo, ha lamentado estas críticas y ha recordado que la tipología de vivienda por la que se ha optado “está tasada por la ley, es una colaboración público-privada. Aquí no se está inventando ningún artilugio ni ningún sistema extraño”, ha apuntado el popular Iván Rodríguez. Ha enfatizado que se trata, de hecho, de una modalidad “muy eficiente”, ya que “los recursos de la administración” no tienen que dedicarse “ni a la compra del suelo ni a la construcción de los edificios”. “Los recursos públicos se utilizan para subvencionar a los alquileres, ayudando a las familias en el coste”, ha recordado. “Han perdido un poco el norte”, ha acusado a la oposición.

Finalmente, el edil tránsfuga –cuyo voto es imprescindible para que las iniciativas del PP vean la luz– ha anunciado un ‘sí’ de manera escueta: “S amplía el número de viviendas al que puede ir destinado”.