La Generalitat admite ante la jueza de la dana que en la alerta roja del mes pasado sí se volcó en controlar el caudal del Poyo

La Generalitat Valenciana ha reconocido en un informe remitido a la jueza instructora que en la última alerta roja meteorológica, a diferencia de la dana del pasado 29 de octubre, se volcó en la vigilancia del barranco del Poyo y de sus afluentes con todos los medios y recursos de que disponía para controlar sobre el terreno los caudales. La actuación del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama (sucesor de Salomé Pradas en el cargo), sirve a la magistrada para apuntalar la presunta negligencia que imputa indiciariamente a la exconsellera investigada en la causa. De un informe anterior, del que también informó este diario, se desprende que Valderrama convocó en apenas un día y medio cuatro reuniones de coordinación. No solo eso: además se volcó, a diferencia del pasado 29 de octubre, en la vigilancia de los barrancos del Poyo, de la Saleta o de Gallego, cuyos respectivos desbordamientos propiciaron la mayoría de los fallecimientos de la dana. Y todo ello, a pesar de que el president Carlos Mazón y el PP defendían que el control de los barrancos no correspondía a la Generalitat. Sin embargo, en el informe incorporado a la causa que detalla el episodio meteorológico que se inició el pasado 28 de septiembre con el envío de un mensaje Es-Alert a los móviles de la población, se detalla el despliegue de agentes medioambientales para las “labores de vigilancia en cauces y barrancos y labores informativas y de prealerta en zonas de acampada y áreas en que se realicen actividades deportivas”. También se recurrió a los bomberos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo ello coordinado por el Centro de Emergencias de la Generalitat.

Si bien en la dana, no se desplegaron agentes medioambientales y los bomberos fueron retirados, en la última alerta roja las cifras de intervenciones superaron el millar. El 28 de septiembre, a las 13.31, el Centro de Emergencias solicitó el despliegue de los agentes medioambientales. El informe en manos de la jueza, al que ha tenido acceso elDiario.es, reportaba en un principio “un total de 332 informaciones en la provincia de Alicante, 800 en la provincia de Valencia y 81 en la provincia de Castellón”.

Sin embargo, a las 21.25, las Centrales de Prevención de Incendios Forestales (CPIF) actualizaron los “datos de intervención”: 332 en la provincia de Alicante, 1.164 en Valencia y 81 en Castellón. El despliegue contrasta con la actuación en la dana.

La diferencia con la gestión de la catástrofe del 29 de octubre que investiga la magistrada de Catarroja es enormemente llamativa. La víspera de la dana, el despliegue de los agentes medioambientales fue denegado a Emergencias, según reveló una testigo que declaró ante la jueza. Sin embargo, la mañana del 29 de octubre, el director general de Medio Natural, Luis Gomis, ofreció los agentes en una comunicación interna dirigida al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso, actualmente investigado en el procedimiento.

Argüeso ha acusado recientemente al alto cargo del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón de no haber actuado con “diligencia”, al no haberse puesto en contacto “directamente con él” para plantear el ofrecimiento. El dispositivo de vigilancia del Consorcio Provincial de Bomberos también fue retirado del barranco del Poyo, con lo cual Emergencias se quedó “a ciegas”, según la expresión de uno de los testigos. Se trata de una de las vías de investigación de la magistrada. Emergencias y los Bomberos se culpan mutuamente.

A diferencia del fallido dispositivo de vigilancia de los barrancos de la dana, en la última alerta roja meteorológica, el Centro de Emergencias de la Generalitat usó múltiples recursos, tal como reconoce en el informe. A las 18.38 del 28 de septiembre, Emergencias solicitó al Consorcio Provincial de Bomberos su colaboración en la vigilancia de la Rambla de Alcalá y en barrancos y zonas de marjal del Litoral Norte de la provincia de Castellón “con los recursos que se estimen conveniente”. También pidió colaboración a la Guardia Civil y a los agentes medioambientales, así como a cuerpos de la Policía Local de las zonas afectadas.

Además, se incorporó una dotación del Baix Maestrat para revisar ramblas y barrancos en la zona norte. El primer reporte, de las 18.58, informó de que no había incidencias y de que los cauces estaban secos. El Centro de Emergencias propuso, según detalla el informe, que se realizara un seguimiento cada dos horas aproximadamente, “hasta nuevo aviso, teniendo en cuenta que esta programación podría variar en función evolución episodio meteorológico”.

Barrancos del Poyo, Saleta y Gallego

A las 20.25, se solicitó a los Bomberos su “colaboración en la vigilancia” de zonas de ríos y barrancos de la provincia de Valencia, incluyendo el Poyo, la Saleta, el Carraixet y los ríos Buñol y Vaca. El informe reproduce una tabla de seguimiento que incluye además al barranco de Gallego.

Tabla de seguimiento de ríos y barrancos incluida en el informe.

La madrugada del 30 de septiembre, a pesar de ciertos problemas de comunicación de los Bomberos con el ‘CoordCom’, la caja negra’ de Emergencias que coordina a las agencias implicadas en los operativos, se pudo informar de que estaba “todo bien dentro de la situación de lluvias intensas” en la provincia de Castellón.

A las 4.50, Emergencias recibió los datos de seguimiento de los barrancos. El siguiente reporte llegó a las 6.50. Tal como se desprende del informe, durante gran parte de la jornada los efectivos desplegados informaron convenientemente de los caudales (a las 8.40, a las 12.00, a las 14.14 y a las 16.13).

Los agentes medioambientales detectaron algún desbordamiento. A las 11.05, se solicitó su colaboración para el control de barrancos en la provincia de Valencia y se les facilitó el documento con los detalles de los puntos y el horario de control. Apenas 15 minutos después, los agentes reportaron un desbordamiento de la rambla del Val, en la desembocadura del Túria en Ademuz.

La supervisión fue muy detallada, a diferencia de la nula actuación del pasado 29 de octubre. A las 12.41, la Policía Local de Quart de Poblet informó de que, “supervisados los cauces y barrancos, únicamente se aprecia una elevación del nivel en Río Turia al paso por núcleo urbano con corriente a falta de unos dos metros para alcanzar [la] plataforma del puente romano que se encuentra cortado previamente”. Por otro lado, a las 13.34, las brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia informaron de que el caudal del Río Vaca había aumentado entre 50 y 60 centímetros.

No solo se desplegaron —bajo la batuta del Centro de Emergencias— los bomberos, los agentes medioambientales, la Guardia Civil o varios cuerpos de la Policía Local. El 29 de septiembre, según indica el informe, Emergencias asignó también a la Policía Nacional algunos “puntos de control y seguimiento de cauces y barrancos en que hacer vigilancia”.