Caso Siglo XXI: imputados por desvío de fondos cuatro directores de centros de menores migrantes y un empresario

La Fiscalía Europea ha imputado a cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, a un empresario inmobiliario y a la fundación Siglo XXI, encargada de gestionar esos centros, por el presunto desvío de 2,4 millones de euros de fondos europeos destinados a la acogida y manutención de los niños y niñas. 

La Policía Nacional ha informado este sábado de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha dado por concluida una compleja investigación económico-patrimonial que se inició en 2022 tras la recepción de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Banco de España. 

Este informe advertía de “multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas” vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados.

El caso fue presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió diligencias de investigación y habilitó el inicio de la operación Tabaiba, una exhaustiva investigación económico-patrimonial que se ha prolongado durante tres años.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria asumió la instrucción de las actuaciones, que hoy continúan bajo la dirección de la Fiscalía Europea.

Los imputados

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió 12 millones de euros de dinero público para integrar y acoger a los menores, pero parte de este dinero nunca llegó a los migrantes y acabó en tratamientos de belleza, hoteles de lujo, viagra o parches para dejar de fumar. 

Los centros objeto de esta investigación son los de Portobello, en Puerto Rico (Gran Canaria); Guiniguada y Alcorán, en Las Palmas de Gran Canaria; y Yaiza y La Santa, en Lanzarote.

Una de las imputadas es María de los Ángeles Barroso, que fue directora del centro de menores Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, entre los meses de diciembre de 2020 y 2021. En aquellas fechas era, además, vicesecretaria y tesorera de Vox en Las Palmas. En las elecciones celebradas en mayo de 2023 concurrió con Unidos por Gran Canaria, como número ocho en las listas al Ayuntamiento de la capital.

Según la investigación de la Fiscalía, Barroso utilizó la tarjeta reservada a la gestión del centro para sufragar gastos personales, como un bono de seis meses para eliminar arrugas de expresión por 1.500 euros, alquiler de vehículos, un producto para agua de piscinas o gastos en supermercados, aparcamientos, cafeterías y restaurantes.

Otro es Fernando Pérez Romero, quien dirigió los recursos de Puerto Bello y Acorán. Según describía Anticorrupción en su escrito, el modo de operar del director de este centro era idéntico al ejecutado por la máxima responsable del Guiniguada. El querellado desviaba fondos desde las cuentas vinculadas al centro de menores a una personal y usaba la tarjeta para pagar sus gastos propios. Con la tarjeta se hicieron compras en Cicar, Media Markt, Ikea, Decathlon, tiendas de moda y complementos, supermercados, cafeterías y restaurantes, según Anticorrupción.

En Lanzarote, los directores imputados son Natalia Levy, que fue responsable de Las Casitas Forestales de Yaiza, y Enrique Manuel Dévora, al frente del albergue de La Santa. Según la querella de Anticorrupción, ambos habrían desviado a sus cuentas personales cantidades de dinero dedicadas a la integración y atención de los menores acompañados. En el caso de La Santa, el fiscal identificó compras que pueden no estar relacionadas con la actividad propia de un centro de menores, como analgésicos no estudiados en niños y adolescentes, Enantyum y dos cajas de medicamentos para tratar la disfunción eréctil. También se compraron varios cartones de tabaco Chesterfield y unas zapatillas de 149,99 euros de la marca Nike.

Por su parte, el empresario está vinculado con la empresa Pine Point, que percibió 605.000 euros en apenas un año y medio por el alquiler del centro Acorán. La Fiscalía Anticorrupción advirtió indicios de “facturación sobredimensionada”.

Más de un millón retirado en efectivo

El análisis de miles de apuntes bancarios y documentos contables reveló que los investigados desviaron parte de los fondos europeos Next Generation transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, destinados al mantenimiento y funcionamiento de los centros, para su propio beneficio económico.

De los más de 1,6 millones de euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1,1 millones mediante reintegros fraccionados, se detectaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales cargados a las cuentas de los centros, como operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurantes.

Estas prácticas fueron detectadas tras la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la entidad financiera, en aplicación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Posteriormente, y a requerimiento judicial, la fundación entregó miles de documentos contables con los que intentó justificar las operaciones. 

Sin embargo, el análisis policial detectó facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas, servicios no identificados y facturas ajenas a los centros, lo que evidenció una presunta manipulación contable para ocultar el desvío de fondos.

Por ello, los investigadores solicitaron la realización de una auditoría financiera y contable que permita determinar con exactitud el importe total malversado.

Durante la investigación también se descubrió un entramado de alquileres sobredimensionados en los inmuebles que albergaban los centros de menores.

El empresario propietario de los inmuebles, en connivencia con la fundación, utilizaba sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado, con un sobreprecio que superó los 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023.

Los fondos eran desviados a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, evidenciando prácticas de blanqueo de capitales, con transformaciones y colocación del dinero ilícito en activos patrimoniales.

Como resultado, la Fiscalía Europea ha imputado a los cuatro directores de centros, al empresario inmobiliario y a la fundación implicada.

Los cinco carecen de antecedentes policiales y tienen edades comprendidas entre los 31 y los 61 años.

Las actuaciones judiciales continúan abiertas, y se espera que las conclusiones definitivas determinen el alcance económico exacto del perjuicio causado a los fondos europeos y públicos.