Toneladas de explosivos detonadas en la selva: dentro del desarme de un grupo disidente de las FARC en Colombia

En algún lugar secreto de la selva del Putumayo, en la Amazonía colombiana, el Ejército hizo volar por los aires cuatro toneladas de explosivos, granadas, morteros y balas. Hasta hace pocos días, ese arsenal estaba en manos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), un grupo armado surgido de la extinta guerrilla de las FARC.

No se trataba de una exitosa operación militar: fue la misma guerrilla la que entregó 14 toneladas de sus armas como un gesto de paz en la negociación con el Gobierno presidido por Gustavo Petro. Es el avance más tangible que ha dado hasta ahora la denominada ‘paz total’, una de las políticas bandera del presidente colombiano, cuya idea es negociar la paz con diferentes grupos y bandas armadas al mismo tiempo y que de momento ha dado escasos resultados.

Las autoridades lo celebraron por todo lo alto. El 15 de octubre, ministros, altos cargos y el mismo Petro viajaron hasta un instituto en el municipio de Puerto Asís —no muy lejos de donde ocurrió la explosión— para presentar el hito en una pantalla gigante.

Cientos de personas acudieron eufóricas: se trata de la primera muestra concreta de paz en su territorio desde la firma del acuerdo con las FARC en 2016. Significa también una posible tregua en la violencia cotidiana: con los explosivos destruidos podrían haberse fabricado hasta 27.500 minas antipersona, según datos oficiales.

“Vamos a avanzar a pesar de la adversidad. Hoy no solamente destruimos explosivos, sino que sembramos paz, esperanza y sueños”, declaró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El comandante de la CNEB, Walter Mendoza (i); el presidente colombiano Gustavo Petro (c); y el jefe del equipo negociador del Gobierno, Armando Novoa (d).

En un país donde los procesos de paz suelen naufragar entre la desconfianza y las balas, la destrucción de este arsenal de guerra es hasta ahora el avance más visible del Gobierno de Petro en su promesa de poner fin a un conflicto que, a nivel nacional, ha dejado más de 450.000 muertos en seis décadas.

Si bien la CNEB no está entre las guerrillas más poderosas del país, cuenta con unos 2.500 combatientes y controla extensas zonas en la frontera con Ecuador. Allí, la CNEB aprovecha la ausencia del Estado para controlar la minería ilegal de oro y coltán, ejercer el control sobre la población y extorsionar a empresarios. Sus dominios abarcan también las jugosas rentas del narcotráfico: Putumayo y Nariño son los departamentos con mayor superficie de hoja de coca de Colombia, sumando entre ambos alrededor de 115.000 hectáreas, un área similar a la ciudad de Córdoba.

Casi la mitad de los habitantes de Putumayo han sido víctimas del conflicto; y muchos de sus habitantes deben convivir con la crudeza del reclutamiento forzado y el asesinato de líderes sociales. Por eso, para los putumayenses, el gesto de la CNEB permite soñar con una paz que los ha evadido durante décadas.

“Ya los ataques contra los civiles han bajado desde que la CNEB y el Gobierno están en diálogo. La gente desea que el proceso de paz siga adelante. Nosotras, como mujeres y lideresas, no podemos seguir pariendo hijos para la guerra”, dice Sandra Lagos, presidenta de Asojuntas Puerto Asís, una organización que reúne a las asociaciones vecinales del municipio. “Pero necesitamos que inviten a la mesa a las comunidades, porque nuestro problema es también la corrupción y la falta de inversión social”, añade.

Los aplausos se detienen cuando el comandante de la CNEB, Walter Mendoza, sube al estrado a dar su discurso en el sofocante calor del polideportivo. Todavía quedan dudas: no se sabe cuántas armas conserva la guerrilla, ni si parte del arsenal entregado era simplemente material obsoleto.

“A medida que se vaya avanzando, veremos las posibilidades de entregar más material de guerra”, explica Mendoza a elDiario.es. “Pero el problema no son las armas: es que el Estado nunca ha solucionado los problemas del pueblo colombiano. No ha cesado la represión; nunca ha hecho la reforma agraria integral; nunca ha construido las carreteras necesarias. Estos son territorios muy abandonados por el Estado”.

A la paz se le acaba el tiempo

El éxito en Putumayo y Nariño contrasta con el deterioro de la seguridad en el resto del país. A su llegada al poder en 2022, Petro prometió acabar con la guerra negociando simultáneamente con todos los grupos armados. Pero a menos de un año de terminar su mandato, este es apenas el segundo proceso de desarme que se concreta, después del realizado con el Frente Comuneros del Sur, un grupo con poco más de 200 integrantes.

Los demás diálogos avanzan con lentitud o están suspendidos. La violencia del ELN, el Clan del Golfo y otras disidencias de las FARC han repuntado en diferentes zonas del país. A principios de año, el Gobierno miró con impotencia mientras una cruenta guerra estallaba entre dos grupos armados en la frontera con Venezuela. El resultado fue una crisis humanitaria sin precedentes: casi 65.000 personas tuvieron que huir de sus hogares en apenas tres meses.

“El Gobierno ha restringido el uso de la fuerza para no dinamitar las diez mesas de diálogo que tiene abiertas”, explica a elDiario.es Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz. “Pero muchos grupos no tienen incentivos reales para negociar. Buscan mantener el control territorial frente a sus rivales. Los diálogos les han servido para fortalecerse y ganar reconocimiento político”.

Destrucción de material de guerra de la guerrilla CNEB.

Arias sintetiza así una paradoja que resume el momento actual: los diálogos que deberían debilitar la guerra parecen, en algunos casos, darle oxígeno. Según cifras oficiales, el número total de combatientes ilegales ha crecido un 45% desde el 2022.

El Gobierno, no obstante, insiste en que el proceso con la CNEB demuestra que la ‘paz total’ sí puede funcionar.

“Estos avances se miran con cierto desdén, pero estamos construyendo la ruta hacia la paz”, sostiene Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno. “En nuestro caso, el CNEB no se ha fortalecido por culpa del diálogo. Poco a poco las comunidades han logrado recuperar parte de su tranquilidad”.

Una persona durante el anuncio de destrucción de material de guerra en Puerto Asís.

Aun así, el reloj político juega en contra. A Petro le queda menos de un año de mandato y necesita mostrar resultados visibles, dice Óscar Chalá, investigador de la Fundación Pares. “El proceso en Putumayo es un avance significativo, pero oculta las graves carencias que tiene la ‘paz total’. Negociar exitosamente con 20 grupos armados al mismo tiempo es imposible para el Estado. Lo que queda son los procesos de paz locales, con grupos fragmentados”, indica.

Mientras tanto, el recrudecimiento de la violencia está siendo aprovechado por candidatos de derecha que, nombrando como referente al presidente salvadoreño Nayib Bukele, prometen la victoria de la mano dura en las elecciones de 2026. “Viene un discurso de seguridad más radical. Si el progresismo no gana, la mayoría de estos procesos de paz se cancelarían. De las primeras acciones de un gobierno de derecha sería levantar todas estas mesas y lanzar una avanzada militar”, vaticina Chalá.