El manual del PP y Vox para acabar con la imparcialidad de una televisión pública en un año: el caso de À Punt

En apenas un año, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, con el apoyo de Vox, ha ejecutado una transformación profunda en la radiotelevisión pública valenciana que muchos periodistas, sindicatos y observadores describen como un “manual” para acabar con la imparcialidad de un medio público. El caso de À Punt, creada para garantizar una información plural y alejada del control político tras el cierre de Canal 9, se ha convertido en un ejemplo de cómo las mayorías parlamentarias pueden desmantelar, paso a paso, las garantías de independencia que costó años consolidar.

El último ejemplo, y tal vez el más sonado, ha sido el de la manifestación que exigía la dimisión de Carlos Mazón este 25 de octubre, en vísperas del aniversario de la dana que dejó 229 víctimas mortales. Mientras decenas de miles de personas -50.000 según Delegación del Gobierno- se aglomeraban en el centro de València, la televisión pública emitía el programa “Corregudes mítiques”, un espacio con imágenes de archivo de novilladas. En el aniversario de la riada, se escogió la retransmisión de la Feria de Alicante de 1997, con Enrique Ponce y Vicente Barrera, cabeza de Vox en Valencia y vicepresidente de la Generalitat entre 2023 y 2024. La omisión de la manifestación en directo ha provocado un aluvión de críticas de la plantilla e incluso de un consejero del ente hacia la dirección.

El proceso comenzó a principios de 2024, cuando PP y Vox registraron en Les Corts una nueva ley que reformaba por completo el modelo de À Punt. Aquella norma, presentada bajo el argumento de “modernizar” la televisión pública y “ajustarla a la realidad presupuestaria”, derogaba la ley de 2016 que había servido de marco para construir un modelo de gestión plural y profesional. La nueva legislación permitía que el Consejo de Administración —hasta entonces elegido por una mayoría cualificada que obligaba al consenso entre varios partidos— pudiera ser designado solo con los votos de la mayoría parlamentaria, es decir, en estos momentos PP y Vox. En la práctica, eso garantizaba al bloque conservador el control total del órgano rector. Aquel fue el primer movimiento de una estrategia meticulosamente planificada: cambiar las reglas del juego para asegurar el control político del medio. Además se redujo el presupuesto asignado al ente público, se congelaron procesos de selección de personal y se paralizó buena parte de la operación normal de la cadena.

Poco después, el Consell de Carlos Mazón aprobó la creación de una nueva empresa pública, la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A., encargada de gestionar À Punt. Con esta medida, la radiotelevisión dejaba de depender de un ente con cierta autonomía institucional para pasar a formar parte de la estructura directa del Gobierno valenciano. Esta operación unificaba el poder político y el control administrativo en un único marco, eliminando buena parte de los contrapesos diseñados en la etapa anterior.

La siguiente fase consistió en tomar el control de los puestos clave. A finales de 2024, los siete consejeros propuestos por PP y Vox fueron elegidos en Les Corts sin la participación de la oposición, que se negó a presentar candidatos en señal de protesta. Ese mismo mes, el director general de À Punt, Alfred Costa, presentó su dimisión, oficialmente por motivos personales, aunque su salida coincidió con los planes del Gobierno para reestructurar la dirección. Desde entonces, la cúpula de la cadena ha pasado a estar en manos de perfiles afines al nuevo ejecutivo, completando un giro que consolidó el dominio político sobre la televisión pública.

El presidente de À Punt, Vicente Ordaz, con diversos de los presentadores y presentadoras de la cadena.

Con los órganos de decisión controlados, el Gobierno autonómico emprendió una serie de cambios en la línea editorial. Uno de los más simbólicos fue la modificación del libro de estilo, en el que se eliminó el uso de la expresión “País Valencià”, habitual en la etapa anterior, o la reducción de la perspectiva de género, y se impusieron criterios lingüísticos y terminológicos más acordes con la narrativa institucional del PP. También se revisaron contenidos y se priorizó una programación con la fórmula toros, fiestas y fútbol, así como también dar más prioridad al castellano, en detrimento de los espacios de análisis político y periodismo crítico. Trabajadores del medio denunciaron que À Punt empezaba a funcionar como una “correa de transmisión del Consell”.

Las medidas legales y editoriales se acompañaron de una estrategia presupuestaria que consolidó el control. PP y Vox introdujeron en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2024 una limitación a la financiación de la cadena: la aportación de la Generalitat no podría superar un porcentaje fijo del presupuesto autonómico. Esta restricción, presentada como una fórmula para “racionalizar el gasto público”, se tradujo en una asfixia financiera que condiciona las decisiones de gestión y refuerza la dependencia del Gobierno. En paralelo, se paralizaron inversiones, se recortaron partidas de producción propia y se congelaron contrataciones.

Mientras el Consell defendía la reforma como una “recuperación de la televisión de todos los valencianos”, las asociaciones profesionales y la oposición alertaban del riesgo de que À Punt perdiera su función de servicio público. La Unió de Periodistes Valencians y diversas plataformas ciudadanas denunciaron que el nuevo marco legal eliminaba los contrapesos democráticos y abría la puerta a una televisión “partidista y dócil”. Compromís, por su parte, puso en marcha un “Observatori d’À Punt” para recoger denuncias de manipulación y pérdida de pluralidad.

À Punt “necesitaba un cambio”

La secuencia de hechos —reforma legal, nombramientos afines, cambio editorial y control presupuestario— muestra un patrón claro. Cada movimiento se apoya en el anterior para construir un modelo de medio público subordinado al poder político. En un año, el PP ha conseguido lo que parecía improbable cuando accedió al gobierno: transformar una televisión concebida como independiente en una herramienta más del Ejecutivo.

Desde el Gobierno valenciano, las críticas son desmentidas con el argumento de que À Punt “necesitaba un cambio” tras años de baja audiencia y mala gestión. Sin embargo, los datos internos y las voces de la plantilla apuntan a otra realidad: la audiencia no ha mejorado significativamente y la pérdida de confianza ciudadana crece. La televisión pública ha pasado de ser un símbolo de reconstrucción democrática tras el colapso de Canal 9 a convertirse, de nuevo, en un campo de batalla política.

Un año después el papel que tuvo À Punt en la cobertura de la dana, elogiada por el colectivo de periodistas, ya queda muy lejos. Se priorizan las informaciones que castigan al Gobierno de Pedro Sánchez incluso por encima de la actualidad valenciana, precisamente porque esta no favorece al gobierno de Mazón, se niegan imágenes a elDiario.es para el documental ‘¿Donde estaba Mazón?’ y cuando se les deja hacer su trabajo y se entrevista al president por primera vez casi un año después de la dana, ya no le importa a casi nadie.