Nuria Ruiz Tobarra, la jueza que estrecha el cerco a Mazón por la gestión de la dana

Una jueza “empática”. Así definen a Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, cuatro fuentes jurídicas distintas personadas en la causa de la dana. Con las víctimas es “muy empática, sensible y responsable” y, con los dos imputados, “muy respetuosa con sus derechos fundamentales”, según un letrado. “De sus resoluciones solo puedo decir que es rigurosa e imparcial, por mucho que digan lo contrario”, agrega. La jueza —“supermaja” y “muy independiente”— conoce “al dedillo” el sumario, dice otra abogada. “Va un poco a salto de mata, pero se conoce muy bien la causa, lo tiene todo en la cabeza”, apostilla. En las testificales, tras su turno inicial, suele repreguntar a los testigos si afloran elementos nuevos a lo largo de la declaración que le interesan. Nunca usa ordenador portátil: “Lleva unas notas siempre en folios y en papelitos, y con un bolígrafo barato escribe compulsivamente cuando alguien declara”, relata un abogado que le tiene cierto afecto tras estos meses tan intensos de instrucción. “Es hipermeticulosa, creo que ya tiene un conocimiento de la causa superior a nadie”, afirma. Otro letrado destaca la velocidad de crucero con la que pilota la instrucción (tiene un refuerzo) y descarta de plano el peligro de las dilaciones. Sin embargo, no todo ha sido un paseo en barca.

Nuria Ruiz Tobarra, de 52 años, abrió diligencias previas el pasado 30 de octubre. El Palacio de Justicia de Catarroja, situado a tiro de piedra del barranco del Poyo, había sido arrasado la víspera por la inundación. El primer folio del sumario, que un año después de la catástrofe acumula 35 tomos, es el sucinto auto que ordenaba el levantamiento de los cadáveres. En el apartado de hechos, la jueza indicaba: “En este juzgado se ha recibido la noticia de la existencia de un gran número de fallecidos, en su gran mayoría no identificados, a consecuencia de las graves inundaciones ocurridas en el partido judicial de Catarroja”. Un año después, las pesquisas se han ampliado a los 229 fallecidos de la dana y cada auto de la magistrada hace temblar al Palau de la Generalitat y a su principal inquilino.

Los primeros pasos de las diligencias incoadas en Catarroja fueron las autopsias y los informes forenses, así como los adelantos de conclusiones de los expedientes elaborados por el Departamento de Identificación del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Se trataba de una catástrofe sin precedentes. El 15 de noviembre, mientras el president Carlos Mazón comparecía en las Corts Valencianes, la jueza recibió el informe del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil con una relación de 70 víctimas. Luego se sumarían cinco más. Los juzgados de Catarroja fueron acogidos temporalmente en la Ciudad de la Justicia de València, donde la magistrada desarrolló la primera fase de la instrucción.

Los 35 tomos del sumario, a los que ha tenido acceso elDiario.es, se inician con las diligencias de comparecencia de los familiares de los fallecidos ante el Instituto Armado, un documento seco con una breve descripción del finado de cara a su identificación y que, en muchos casos, adjuntaba una foto. Posteriormente, se irían sucediendo las declaraciones de los allegados ante la jueza.

Sin embargo, la primera decisión de cierta enjundia fue dictada semanas después: el 5 de diciembre. La jueza instructora aún no centralizaba todas las diligencias de la dana —repartidas en diversos juzgados, en una situación inédita y compleja— y una de las acusaciones particulares personadas en la causa pidió una serie de informes que se ceñían “exclusivamente” a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a las presas de Forata, Loriguilla y Buseo (esta última de titularidad autonómica).

La magistrada accedió a la práctica de las diligencias referidas a la CHJ, pero marcó claramente el enfoque de su instrucción: “Se habrá de determinar las personas responsables y autorizadas, al objeto de dar aviso a la población del desbordamiento que afectó a las poblaciones del partido judicial de Catarroja y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que se alertara con el referido mensaje a las 20.12 horas y no previamente” (tras meses y meses de testificales, un testigo del Centro de Coordinación de Emergencias estableció la hora exacta del envío del Es-Alert: las 20.11 y ocho segundos).

Aquel auto iniciático marcaba la senda de “establecer una eventual secuencia de hechos, informaciones y comunicaciones de los intervinientes en la resolución de emergencias, así como las decisiones que se adoptaron para alertar a la población”. “En definitiva”, apostillaba, el principal enigma era “si eran evitables dichos fallecimientos” y “si se produjo una negligencia penalmente relevante”.

La resolución, además de los informes solicitados a la CHJ, también ordenaba a la Generalitat que aclarara “quién” tomó la decisión de enviar el Es-Alert. Una pregunta que, por otro lado, se hacía toda sociedad, mientras Mazón y el PP valenciano trataban de despistar al personal minimizando el papel de la Generalitat en la gestión de la emergencia, a pesar de que la entonces titular de la cartera de Emergencias ostentaba el “mando único” en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

“Ha mantenido la misma línea desde el minuto uno”, observa una abogada que conocía a la jueza instructora desde mucho antes de la dana. Y esa línea llevaba directamente a una decisión trascendental para la causa: la imputación de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La primera oferta de declaración al aforado Mazón

Fue el 11 de marzo y resonó aún más fuerte que las ensordecedoras explosiones de las ‘mascletaes’ de la plaza del Ayuntamiento, en los días previos a las Fallas. La jueza, ni corta ni perezosa, también ofreció al president Carlos Mazón, con la condición de aforado, la posibilidad de declarar voluntariamente. Sin demasiado disimulo, la instructora ponía en el punto de mira al jefe del Consell (que, a su vez, se ponía de perfil para tratar de esquivar la bala).

El auto, que apuntaba a una presunta negligencia de la Generalitat, destrozaba inmisericordemente la versión de Mazón sobre la gestión de la catástrofe. A partir de ese momento, el entorno del PP valenciano empezó a transmitir en privado insinuaciones sobre la incómoda jueza.

Tras el hito de la imputación de Pradas y de Argüeso, cada semana han surgido hallazgos que alimentan un sumario repleto de informes oficiales con los que se puede reconstruir la reunión del Cecopi y la fallida operativa de respuesta ante una catástrofe que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia.

Por un lado, la magistrada ha logrado acreditar que el Centro de Coordinación de Emergencias tenía información suficiente por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la CHJ, derribando así la principal tesis del PP sobre un supuesto “apagón informativo”. Lo ha reiterado por activa y por pasiva.

La jueza se ha apoyado mucho en las declaraciones testificales de los peritos (especialmente en la de Francisco Vallés, investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València, y en la de Ana Camarasa, catedrática de Geografía de la Universitat de València y especialista en el barranco del Poyo).

La ciencia le ha permitido combatir las tesis ‘conspiranoicas’ que han intentado colonizar el procedimiento con numerosos bulos. Solo han conseguido que la instructora pierda el tiempo dictando autos para descartar las falsedades sobre la cifra de fallecidos y otros fraudes por el estilo.

Sin embargo, la instructora también ha abierto varias vías de investigación muy relevantes que apuntalan los indicios contra los imputados. Por un lado, pretende acreditar los fallos en el dispositivo sobre el terreno de vigilancia del caudal del barranco del Poyo. Poco a poco, se ha ido clarificando por qué Emergencias se quedó “a ciegas”, según la gráfica expresión de un técnico que declaró como testigo. De momento, los departamentos de Bomberos y de Emergencias se responsabilizan mutuamente.

Por otro lado, también investiga los fallecimientos de las personas mayores conectadas al servicio de la teleasistencia, tanto de la Generalitat Valenciana (37 usuarios) como de la Diputación de València (cinco). La vicepresidenta Susana Camarero, consellera de Servicios Sociales, se desconectó de la reunión del Cecopi para asistir a una entrega de premios organizada por la patronal, tal como reveló este diario el pasado 4 de septiembre. Es la representante de más alto rango del Consell de Mazón citada a declarar como testigo.

Además, la magistrada se ha topado con un filón analizando los informes de la gestión de la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama (sucesor de Pradas), de las alertas rojas meteorológicas. Cada vez que Emergencias actúa razonablemente bien (convocando reuniones de coordinación, enviando el Es-Alert y coordinando la vigilancia de los barrancos) se apuntala —prácticamente sola— la presunta negligencia imputada a la exconsellera Salomé Pradas y a Emilio Argüeso.

Los vídeos ocultados del Cecopi

La jueza también ha vivido un cierto componente de ‘true crime’ o de novela negra: las pesquisas siempre traen sorpresas. Inicialmente, solo se conocía una grabación de poco más de un minuto del Cecopi, efectuada por el jefe de Climatología de la Aemet en València, José Ángel Núñez. A falta de una grabación oficial, el breve audio fue incorporado al procedimiento y avalado por la instructora como prueba “plenamente” lícita.

A la vuelta del verano, ya reincorporada al rehabilitado Palacio de Justicia de Catarroja, la magistrada descubrió que se le habían ocultado muchas más grabaciones del Cecopi, a pesar de erigirse en pruebas fundamentales para la causa. Tanto un video de À Punt, la televisión autonómica valenciana, como una grabación de una productora externa contratada por Emergencias, habían permanecido diez meses enterrados en un cajón. Y eso que aportaban muchas claves que comprometen las defensas de los investigados.

Las numerosas revelaciones han tenido un amplio eco mediático. Sin embargo, fuera de los focos, la jueza ha seguido todos estos meses tomando declaración a los perjudicados (el término jurídico que alude a los familiares de las víctimas). Son comparecencias, según se desprende del sumario, durísimas. La magistrada ha escuchado con atención las historias terribles de los allegados de los fallecidos, incluyendo niños y ancianos. Se ha emocionado codo con codo con las víctimas.

“Estamos con usted”

La instructora busca acreditar las circunstancias concretas de cada fallecimiento de cara a apuntalar el presunto delito de homicidio imprudente que imputa indiciariamente a Salomé Pradas y a Emilio Argüeso. “Lo está haciendo bien”, asegura una de las abogadas personada en el procedimiento. La misma fuente cuenta que, con cierta frecuencia, las víctimas que declaran se le acercan luego y le dicen: “Estamos con usted”.

Nuria Ruiz Tobarra escucha a las víctimas y comparte su dolor. “El que esté en la causa y no esté afectado, es un inhumano”, afirma otra abogada que ha llorado a mares leyendo las terribles testificales.

La magistrada se ha convertido en un cierto símbolo de la justicia restaurativa. Además, existe un amplio consenso sobre el excelente trato y modales que la caracterizan, incluso de una cercanía de la que carecen la inmensa mayoría de jueces, siempre marciales en la sala. “Es de las pocas juezas que veo yo que, cuando la tutea un testigo, cosa que inexplicablemente suele pasar y en este procedimiento muchísimo, jamás les reconviene y les dice que le hablen de usted”.

La ofensiva contra la jueza

Ruiz Tobarra ha recibido el apoyo de los manifestantes que han marchado cada día 29 de cada mes para pedir la dimisión de Mazón, con pancartas y alusiones a su papel. Sin embargo, su trabajo le ha supuesto un alto coste personal y ser víctima de cierta guerra sucia. Uno de los abogados de la causa (no identificado) captó imágenes de la magistrada, de su marido, y de su hija. La única fotografía de la jueza se publicó en Okdiario.

Las insinuaciones sobre el supuesto papel de su marido en la instrucción del procedimiento han sido constantes. Se trata de Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València. Se ha llegado a publicar (también en Okdiario) que era un activo miembro de Jueces para la Democracia cuando, en realidad, forma parte de la (muy) conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Todo vale contra la jueza que cuestiona abiertamente la gestión de la Generalitat.

La magistrada ha sentido una cierta indefensión, según ha expresado en privado. En varios de sus autos ha reprochado a la defensa de Emilio Argüeso, que ejerce el letrado José María Bueno Manzanares, la más beligerante, que se haya intentado dar la vuelta a la instrucción de la causa, convirtiéndola en una investigación contra ella y su marido.

De hecho, en cierta manera, se ha conseguido: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene abierta una investigación contra Nuria Ruiz Tobarra tras las quejas de ambas defensas. Además, el pseudosindicato Manos Limpias se querelló, sin éxito, contra el matrimonio de magistrados.

La defensa de Argüeso da por perdida la fase de instrucción y lidera una indisimulada ofensiva para tratar de desestabilizar a la jueza, que ha tenido que defenderse abiertamente en sus resoluciones y ha denunciado una “campaña difamatoria” contra ella de un “machismo atroz”.

Aval de la Audiencia de Valencia

No todo han sido disgustos. La jueza ha recibido el aval de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia en las principales decisiones que ha tomado. Además, por unanimidad de los seis magistrados que componen el tribunal. Eso sí, con dos excepciones: la instancia superior revocó la expulsión de HazteOir como acusación popular y, más recientemente, ordenó que se le tome declaración como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, la comensal que compartió mesa y mantel con Mazón el día de la dana en el restaurante El Ventorro, en un largo y polémico ágape.

El ponente del auto fue el magistrado José Manuel Ortega, flamante presidente de la Audiencia de Valencia. En el discurso con ocasión de su toma de posesión, el pasado 26 de septiembre, Ortega pidió que se depuraran “responsabilidades” por la gestión de la dana por parte de las “administraciones públicas” y, justo a continuación, previno sobre el “acoso” a los jueces y a su independencia.

A nadie se le escapó al escuchar el discurso, el capote que le echó a la jueza, asediada por una auténtica ofensiva a varias bandas: por parte de las defensas de los investigados, de Manos Limpias y de ciertos medios de comunicación.

El escenario de la imputación de Mazón

El auto del pasado 23 de octubre va más lejos aún. Le indica a la jueza que, si halla indicios suficientes contra el president Mazón, que eleve la exposición de motivos a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) para pedir su imputación. Algo evidente. Sin embargo, se expresa de manera que se le da cierta carta de naturaleza a esa posibilidad, más plausible si cabe.

El jefe del Consell ha declinado públicamente la oferta de declarar voluntariamente como investigado. Una exposición de motivos de la instructora, fuera la que fuera la decisión final del alto tribunal autonómico, situaría a Carlos Mazón en una situación muy compleja de cara a la dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo.

La resolución de la sección segundo se explayaba largo y tendido sobre el escenario en cuestión y enmarcaba la posible imputación de Mazón en su actuación el día de la dana “por acción u omisión impropia”. Un auto sobre la declaración testifical de Maribel Vilaplana acababa con varios párrafos dedicados a una futura exposición razonada.

La jueza, que ya planteó la declaración voluntaria de Mazón el 11 de marzo, cuando imputó a Pradas, recibió cierto espaldarazo de la Audiencia de Valencia y, concretamente, de su presidente, un respetado magistrado técnicamente muy solvente.

El expresidente del CGPJ vislumbra una “nulidad radical”

El auto, obviamente, cayó como un jarro de agua fría en el PP y en el Palau de la Generalitat. Esa misma noche, en la tertulia de una televisión conservadora local, un peso pesado de la derecha judicial autóctona dio la voz de alarma: Fernando de Rosa, expresidente del CGPJ y de la Audiencia de Valencia y actual diputado del PP en el Congreso, vislumbró la “nulidad radical” y el “archivo definitivo” de la causa de la dana.

“Cualquier cuestión que se derive en la declaración y que tenga incidencia en alguna actuación, de forma directa o indirecta, que afecte al presidente de la Generalitat, tiene el riesgo de una nulidad, lo cual podrá poner en peligro el propio procedimiento”, dijo De Rosa.

La jueza, a pesar de todo, sigue a lo suyo. Aún tiene por delante muchos meses de declaraciones, no todas con el mismo eco mediático que la de Maribel Vilaplana. Aún quedan familiares de víctimas por declarar y numerosos testigos con un papel muy relevante en el Cecopi, entre ellos el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y el exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset.

La magistrada siempre cumple su papel sea cual sea el estatus del testigo. Nuria Ruiz Tobarra aparece cada día en su juzgado diligente y discreta, muy arropada por su marido y por las funcionarias y la Letrada de la Administración de Justicia, con quienes mantiene una excelente relación. Suele calzar zapatillas deportivas cómodas, de las que combinan bien con cualquier vestimenta. Son una buena elección: la causa de la dana es una carrera de fondo. “Está haciendo su trabajo y punto pelota”, dice una abogada que le tiene mucho respeto.