Ricardo Bodas y Argelia Queralt, vocales progresistas del Poder Judicial: «Es el fin del Consejo del consenso»

La presidenta Isabel Perelló y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaron la semana pasada junto al grupo conservador un nuevo reparto de poder en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que propicia que ocho de las once comisiones del órgano tengan mayoría conservadora. La situación ha elevado la tensión en el órgano de gobierno de los jueces, donde el grupo progresista apunta a la responsabilidad de Perelló y acusa a Preciado de deslealtad y de moverse únicamente para salvaguardar sus propios intereses. Tras el pleno, el progresista José María Fernández Seijo amenazó con dimitir, aunque sus compañeros de bloque se están movilizando para que lo reconsidere. 

elDiario.es entrevista a dos vocales elegidos a iniciativa del PSOE, el exmagistrado del Tribunal Supremo Ricardo Bodas Martín y la doctora en Derecho y profesora titular de la Universitat de Barcelona Argelia Queralt Jiménez. 

La presidenta y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaron el pasado jueves un nuevo reparto de poder y ocho de las once comisiones tendrán mayoría conservadora. ¿Qué consideración les merece? ¿A quién hacen responsable de ello?

Ricardo Bodas Martín: El sector progresista tuvo siempre claro que la promoción de políticas que mejoraran el servicio público de la Justicia, que está actualmente bajo mínimos, exigía alcanzar acuerdos con el sector conservador por modestos que fueran. Hicimos una apuesta decidida por el consenso, se trataba de aprender a gobernar en mayoría y en minoría. Lo sucedido esta semana supone una clara ruptura con el consenso para imponer una mayoría de once votos, doce con el voto de la presidencia, que deja fuera de foco a nueve vocales progresistas, que hemos sido desplazados de los centros de decisión real, como la Comisión Permanente. 

La responsabilidad de la ruptura del consenso, con la correspondiente quiebra de la gobernanza compartida del CGPJ, ha sido impuesta por el sector conservador, que ha preferido apostar por imponer sus políticas con el apoyo de un vocal que se autocalifica como “progresista independiente”. El voto de este vocal ha supuesto que se le retribuya con puestos decisivos, que ocupa como progresista, aunque no ha sido elegido por el grupo progresista, sino por el grupo conservador con la cooperación necesaria de la presidenta.

Argelia Queralt Jiménez: No creo que haya que apuntar a ninguna persona, pero la presidenta es la encargada de sentar las prioridades políticas de actuación, el funcionamiento del Consejo y, en lo que ahora importa, los órdenes del día y el desarrollo del Pleno. Con las decisiones adoptadas la semana pasada, la presidenta ha dejado claro cuáles son sus preferencias, y, lo más grave, ha visualizado el fin del Consejo del consenso. 

Tras cinco años de un Consejo prorrogado teníamos el reto de recuperar la normalidad institucional, reconducir disfunciones y recuperar la credibilidad y confianza. Íbamos con la predisposición de que fuera el Consejo del cambio, de los consensos. Y a ello hemos dedicado muchas horas de trabajo, deliberación, y sí, alguna cesión. Hemos remontado una institución que llevaba años en pésimo estado. Entre los diez vocales de sensibilidad progresista pronto vimos que había uno que exigía una individualidad muy por encima del resto, que decidió unilateralmente no formar parte del grupo. Nueve vocales teníamos el firme compromiso de construir un proyecto común que compartir y debatir con el sector conservador para, entre todos, dotar de contenido político a este Consejo. El vocal Preciado decidió no compartir e ir por su cuenta. 

¿Cómo valoran el papel de la presidenta Isabel Perelló en la actual situación? Aunque nunca fue la opción del grupo progresista, al final fue elegida con su apoyo. ¿Fue un error su designación?

Bodas: Un buen responsable es quien une, no quien desune. Lo sucedido la semana pasada acredita que la presidenta ha preterido el consenso y la gobernanza compartida del CGPJ, posicionándose llamativamente por una mayoría de once votos en una alianza atípica entre el sector conservador y un vocal “progresista”. Es un grave error. 

El liderazgo se demuestra en las situaciones límite y este ha sido un momento límite en el que se ha quebrado el consenso y la gobernanza compartida, que es la única vía posible para el gobierno del poder judicial. Y se ha hecho en beneficio de una mayoría antinatural, cuyas políticas desconocemos, ya que no han tenido a bien explicarlas pese a que les hemos invitado reiteradamente a debatir en pleno la construcción de un programa de gobierno compartido.

Queralt: A posteriori siempre es muy fácil decir si se ha errado. Perelló no era la opción del sector progresista, que apoyaba a tres magistradas del Supremo y apostaba muy fuerte por dos de ellas: Ana Ferrer y Pilar Teso. Ninguna fue del agrado del grupo conservador, que se cerró en banda. Primero, negando la necesidad de que hubiera una presidenta y, después, ofreciendo como única posibilidad de consenso a Perelló, que fue una propuesta conjunta de los vocales Preciado y José Antonio Montero [conservador]. 

Pese a haber sido nombrada como magistrada progresista, se ha demostrado que sus posicionamientos son esencialmente corporativistas, que se alinean con el bloque de la derecha y que no hace bandera del feminismo. Cuando fue nombrada creíamos que iba a estar por el proyecto de cambio, de consenso y de definir un modelo de Justicia que, al menos en sus bases, pudiera ser compartido con todos. Creo que la presidenta no ha aprovechado este primer año y que la semana pasada perdió una oportunidad de revalidar su liderazgo. 

Uno de sus compañeros, el vocal José María Fernández Seijo, ha amenazado con dimitir ante la actual situación del órgano. ¿Se lo plantean ustedes? ¿Creen que habrá más renuncias? 

Bodas: La dimisión de Fernández Seijo, si se materializa, será una pésima noticia para la gobernabilidad del poder judicial, puesto que es uno de los principales activos del Consejo, como le reconocemos propios o ajenos. Se explica porque el pacto antinatural fraguado entre el sector conservador y el vocal Preciado con el apoyo de la presidenta le ha excluido de todos los puestos de responsabilidad propuestos por el grupo progresista. Es una conducta cicatera que no tiene más justificación que sustituirle en la Permanente y en la comisión de Escuela Judicial por el vocal Preciado, quien no es representativo del grupo progresista, como demuestra el apoyo del grupo conservador.

En mi opinión, no es el momento de dimisiones, por lo que descarto mi dimisión y creo que no habrá más renuncias, ya que el grupo progresista se mantiene unido y dispuesto a trabajar por el objetivo que siempre hemos defendido: la mejora del servicio público.

Queralt: Fernández Seijo es un vocal excelente y una persona que se ha convertido en referente de todos los integrantes del grupo progresista. Su honestidad, inteligencia y talla intelectual son extraordinarias. Ha adoptado una decisión por motivos personales porque considera que ha hecho todo lo posible por hacer que este Consejo funcionara, por fortalecer nuestra posición y mantener un diálogo fluido con la presidenta. Pero la presidenta nunca le ha reconocido como un interlocutor válido imponiendo, a cambio, al vocal Preciado como interlocutor con el grupo progresista, mientras que para el grupo se trata de una persona desvinculada por voluntad propia, tras meses de actuar de forma absolutamente desvinculada del grupo progresista. 

Ninguno del resto de vocales tenemos intención de apartarnos del órgano porque esto supondría entregar ya definitivamente el órgano al sector conservador y desistir de hacer mejoras en la Justicia que creemos indispensables para que este servicio público recupere la confianza en la ciudadanía que, según los datos, está muy afectada. Pero, además, porque creemos en la elección parlamentaria de los vocales y todas estas maniobras están rompiendo con la representatividad y la pluralidad que supone la elección parlamentaria. La dimisión de más vocales del sector progresista supondría alterar los equilibrios existentes. 

El vocal Preciado sostiene que el nuevo reparto de comisiones corrige «determinadas disfunciones» y opta por “perfiles progresistas independientes”, en referencia a sí mismo. ¿Cómo lo valoran? 

Bodas: El reparto de comisiones impuesto por el grupo conservador con el apoyo necesario del vocal Preciado y el aval de la presidenta no responde a disfunciones en el funcionamiento de ninguna de ellas. Nadie en el pleno puso de manifiesto cuáles eran los problemas detectados y cuáles las soluciones propuestas, ni se explicó tampoco por qué el control conservador con el apoyo del “perfil progresista independiente” resolvería esas supuestas disfunciones.

La finalidad de esta imposición no es otra que el desplazamiento del grupo progresista de las áreas de poder real en una descarnada operación de control mayoritario, sin que les preocupe la preterición del 45% de los vocales del CGPJ, a quienes se nos desplaza del gobierno a la oposición.

Queralt: El vocal Preciado ha elaborado un relato propio para justificar una posición que ha supuesto la entrega del Consejo a los vocales conservadores y a la presidenta. No comparto su diagnóstico y creo que es poco leal con el proyecto progresista y con los que hemos sido durante algunos meses sus compañeros de viaje. Lo único que pretende con sus movimientos, aparte de futuras expectativas, es mantener y ganar poder en el Consejo. 

Las comisiones funcionaban bien en general. La mayoría de vocales, de ambos sectores, preferíamos no cambiarlas porque suponía romper proyectos iniciados y buenas dinámicas de trabajo. La opción del vocal Preciado ha roto los principios de reparto equilibrado, ha hecho que los vocales progresistas no tengamos ni voz ni voto a la hora de decidir dónde podemos hacer un mejor papel y nos ha convertido en moneda de cambio. En nuestra propuesta todos los vocales nos movíamos en la presencia de dos o tres comisiones, de forma que no hubiera supervocales y corregir pequeñas sobrerrepresentaciones que podían haber existido. La opción mayoritariamente votada, en cambio, ha supuesto imponernos su decisión, su posición y mantenerse en las comisiones que él ha exigido expulsándonos a los demás. Esto solo tiene una finalidad: reafirmar el poder personal de determinadas personas en el seno del Consejo. Todo ello, con la complicidad del grupo conservador y la validación de la presidenta. 

El primer año de mandato ha reforzado el peso de los conservadores en las cúpulas de los tribunales con una política de nombramientos respaldada por el grupo progresista. ¿Han cedido demasiado? ¿Se arrepienten?

Bodas: Lo sorprendente de todo este proceso es que las políticas de consenso promovidas durante este año de gobierno sí han beneficiado a alguien ha sido al grupo conservador. Este grupo obtuvo más del 50% de los nombramientos, sin que sea cierto que se ha producido un reparto de cromos entre la [conservadora y mayoritaria] Asociación Profesional de la Magistratura (AMP) y [la progresista] Juezas y Jueces para la Democracia (JJdp), toda vez que los candidatos de JJpD obtuvieron el 22% de los nombramientos, correspondiendo los restantes nombramientos a Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y no afiliados. Ese resultado trae causa en la responsabilidad y la generosidad del grupo progresista, que procuró en todo momento el máximo consenso en los nombramientos con la finalidad de facilitar un programa de gobierno compartido que mejorara el servicio público.

Es claro que ese objetivo no se ha conseguido, puesto que no ha sido posible pactar un programa de gobierno, pese a todos nuestros intentos para abrir un debate sobre el tema, puesto que nuestros interlocutores han bloqueado sistemáticamente ese objetivo. Dicha política obstruccionista revela por sí sola que fuimos demasiado generosos en la política de nombramientos, especialmente cuando el grupo conservador bloqueó el nombramiento de las candidatas progresistas a las presidencias de las Salas Tercera y Cuarta del Tribunal Supremo, pese a que su excelencia no era discutible y pese a la ley de paridad.

Queralt: Por la propia naturaleza de la función jurisdiccional y el método de acceso, es obvio que la carrera judicial española es más conservadora que progresista. Dada esa mayoría es normal que haya habido más nombres de personas a las que se alinea con una visión del mundo más conservadora. Y es cierto que se presentan menos personas con un proyecto o una visión de la Justicia más progresista. 

En algún momento quizá sí hemos cedido demasiado. Quizá cedimos en el primer momento, cuando se nos impuso por parte de la derecha y del vocal Preciado una determinada presidencia y nos bajamos de nuestras opciones. En todo caso, cuando hemos cedido ha sido porque creíamos que era lo mejor para el funcionamiento de la institución, para no generar situaciones de bloqueo y de ruptura, para que la institución pudiera cumplir de la forma más diligente sus funciones y una de las prioridades eran los nombramientos.

Nos equivocamos al ceder en la aplicación de la paridad, que era una de nuestras prioridades, en la presidencia de las dos salas del Supremo —de la Sala Segunda o de la Sala Tercera—. Que hubieran sido para una mujer habría sido simbólico y habría supuesto romper con la inercia que lleva a muchas mujeres a no presentarse a los lugares de elección discrecional porque piensan que no las van a elegir. Nos pudo la presión y creímos que era mejor para el funcionamiento y, sobre todo, porque las que se sintieron presionadas e incluso compelidas a renunciar fueron Teso y Ferrer. Sus renuncias fueron una muestra de las presiones existentes, de cómo el machismo sigue reinando en el mundo judicial. Si la presidenta hubiera ejercido su liderazgo una de las dos plazas tendría que haber sido para Ferrer o Teso.