Mujeres con hijos “acosadas con total impunidad y falta de humanidad» para que abandonen su casa en Azuqueca

Mujeres en situación de vulnerabilidad social, con hijos, que son desalojadas de sus viviendas, incluso aunque abonen el alquiler. El pasado mes de julio ocurrió en Toledo, cuando una mujer y su hijo menor fueron expulsados del piso que habían estado pagando a una falsa propietaria durante año y medio.

Estafada, “tratada como okupa” y desalojada cuando la auténtica (empresa) propietaria del inmueble exigió al juzgado recuperarla y el desahucio se ejecutó, a pesar del informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento toledano avalando su situación vulnerable. Sin solución habitacional, Sagrario (nombre ficticio) tuvo ‘suerte’– por decirlo de alguna forma– cuando una amiga la acogió de forma temporal. Su historia se ha difuminado. Es una de las miles de personas pobres y olvidadas por el sistema en España, y en concreto, en una comunidad autónoma como Castilla–La Mancha que hoy se sitúa como la segunda de todo el país después de Andalucía con más personas pobres, el 34% de su población.

Los casos se repiten una y otra vez en un goteo incesante mientras que el debate político, ese que polariza a la ciudadanía distinguiendo entre buenos y malos, alerta de ‘okupaciones’ masivas que no son tales, según diferentes informes y estadísticas sobre la comunidad autónoma, olvidando el deber de tutela de las administraciones públicas con las situaciones de vulnerabilidad.

Ha vuelto a ocurrir. Esta vez en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Una mujer con un bebé de once meses ha sido expulsada del piso en el que vivía en la calle Abetos, 22. Sin orden judicial en este caso y a instancias de una empresa, de las tantas que ya proliferan y que promocionan entre sus servicios el de “desokupar”.

La mujer llegó a este inmueble tras la notificación de desahucio de otra vivienda en la vecina localidad de Alovera. Una orden judicial tiene fijado el lanzamiento para el 18 de noviembre, a pesar de un informe de vulnerabilidad presentado por el ayuntamiento de aquella localidad, según explica la Plataforma Feminista de Guadalajara, conocedora del caso. Así que buscó un nuevo refugio.

Este colectivo asegura que fue “un vigilante que la empresa de desokupación tiene contratado para el edificio de Azuqueca de Henares, quien le entregó las llaves de la vivienda de la que también ha sido expulsada ahora y por la que pagó una fianza de 400 euros. Trajo sus cosas, el piso estaba vacío, y ella colocó su sofá, entró tranquilamente y ahora no entiende qué ha pasado”, comenta María Eugenia Blanco, abogada y miembro de la Plataforma Feminista de Guadalajara.

Policía local y Guardia Civil estuvieron presentes el jueves 23 de octubre cuando la mujer terminó en la calle con su bebé, a pesar del intento de varios colectivos de Guadalajara por impedirlo.

Ese día, miembros de la empresa de ‘desokupación’ habían aparecido en el lugar, según relata María Eugenia Blanco, testigo de lo ocurrido. Esa noche la mujer y el menor pudieron dormir en un hotel, gracias a la intervención de los Servicios Sociales municipales.

Su caso, lamenta la activista, se encuentra “en tierra de nadie. No se le ha ofrecido una casa de acogida y claro, ¿dónde va la gente que no puede pagar 800 euros por un alquiler? Es así de sencillo”.

Otros dos casos de mujeres con hijos en el mismo edificio

El caso de esta madre no es el único en el edificio de Azuqueca de Henares. El 17 de octubre la Plataforma Feminista ya celebró una concentración para protestar por “el continuo acoso” al que se está sometido a otras dos mujeres trabajadoras –con hijos de 9 y 4 años respectivamente– desde el pasado mes de julio “con actos intimidatorios y violentos con total impunidad y falta de humanidad”, señala María Eugenia Blanco.

La Plataforma Feminista de Guadalajara lleva prestando acompañamiento ambas desde este verano. “Nos contaron lo que les estaba pasando: son dos inquilinas del edificio a las que un buen día alguien llama a la puerta y les dice que las va a echar”. Una de ellas lleva allí viviendo diez años de alquiler y la otra, cuatro.

Según explica Blanco, las viviendas que habitan ya no son propiedad de la inmobiliaria con la que originalmente firmaron un contrato de alquiler. “Empezaron pagando alquiler, claro, hasta que desaparece la propiedad [los activistas hablan de entrada en concurso de acreedores de aquella empresa] y llega un momento en que no saben a quién pagar el alquiler. A mí me llama una cosa la atención, y es que en ningún momento la actual empresa propietaria de las viviendas se dirige a ellas, no les manda un burofax diciendo: miren, ustedes están en una situación X. Nada, cero”.

La activista explica que el colectivo “se activa” cada vez que tienen noticia de acciones de “acoso” para intentar que dejen las viviendas. Confirma que hay un procedimiento iniciado en el juzgado denunciando su situación y que incluso se ha contactado con la comunidad de vecinos del edificio para evitar que sean expulsadas.

La Plataforma Feminista de Guadalajara denuncia que hay cortes de suministro “ilegales” por parte de la empresa de ‘desokupación’ y que esos cortes afectaron hace unos días a una cuarta familia del edificio. “Hace unos días habían entrado otra vez a cortar el suministro. Es aleatorio, pero esta vez dejaron sin luz a otra vecina cuyo marido necesita un respirador. Esa noche ya tuvo que ir al hospital”, añade María Eugenia Blanco.

La activista Raffaella Corrales, detenida

Coincidiendo con el último incidente la pasada semana, otra de las activistas, Raffaella Corrales, fue detenida y puesta en libertad con cargos ese mismo día. “Estaba con otras vecinas e intentaba impedir que soldasen el cuarto de contadores”, explica María Eugenia Blanco.

“Cuando yo llegué para sacarla estaba en una situación complicada. Diría que estaba con una crisis de ansiedad, aunque no soy médico”, señala la activista, que ejerce además como abogada. “Hemos puesto una queja”, explica, debido a las circunstancias de la citada detención.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno niegan que la Guardia Civil participase en la acción de desalojo del pasado 23 de octubre, para la que no había orden judicial, aunque confirman su presencia en el lugar, junto a efectivos de la Policía local.

Las mismas fuentes desvinculan la detención de Raffaella Corrales del incidente en el que una mujer y su bebé terminaron en la calle, aseguran que la activista “agredió” a uno de los agentes y que la mujer desahuciada “salió por voluntad propia”, algo que niegan desde la Plataforma Feminista de Guadalajara.

“Todo fue muy violento, pero nosotras no íbamos en actitud violenta”, rechaza María Eugenia Blanco quien sostiene que se trata de “desahucio ilegal” porque “no se puede entrar en esa vivienda sin una orden judicial con una criatura de 11 meses”.

La Plataforma Feminista de Guadalajara pedirá este martes una “reunión urgente” con la subdelegada de Gobierno Susana Cabellos para pedir “explicaciones” sobre la intervención de la Guardia Civil en lo que, insisten, fue “un desalojo ilegal” el pasado jueves.

Este medio ha contactado también con el Ayuntamiento azudense que ha declinado valorar la situación del edificio y de las personas que allí residen, aduciendo razones de “seguridad”, aunque las fuentes consultadas matizan que “este caso, como todos los de esta índole, son tratados por Servicios Sociales y se les está prestando el acompañamiento necesario”.