El rector de la Complutense asegura a sus trabajadores que las nóminas no corren peligro

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha enviado este martes un correo a los trabajadores del centro para asegurarles que el pago de las nóminas no está en riesgo. El mandatario sale así al paso de una cierta rumorología que se había extendido en los últimos días a cuenta de la solvencia económica del centro –el mayor del país–, que está pendiente de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid apruebe la solicitud de un préstamo de 33,19 millones de euros solicitado por la universidad para compensar el déficit que tuvo el centro en 2024.

“El Rector informa que las nóminas del personal no están en riesgo”, arranca la carta (sin saludar), que también tranquiliza al personal pendiente de mejorar su situación laboral: “Asimismo, se mantiene la política de estabilización de las plazas del personal docente e investigador (PDI) cuyos contratos finalizan y cumplen los requisitos establecidos en el Plan de Actuaciones”.

Además, Goyache explica que la universidad tardará tres años, hasta 2028, en “sanear” el déficit estructural que arrastra la universidad desde hace años debido a la insuficiente financiación que recibe del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Será entonces, a partir de 2029, cuando se empiece a devolver el dinero, según informó el rectorado en julio. Ese año Goyache abandona el rectorado (no puede presentarse otra vez, según la normativa).

Además de que la normativa exige un plan de recorte, si no lo hace el crédito será una patada a seguir hasta que el año que viene la situación se repita, dado que el agujero no se debe a un gasto extraordinario, es estructural. Decenas de indicadores señalan a la región como la que peor financia a sus campus públicos. Dos ejemplos: el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso invierte 5.362 euros al año por estudiante universitario frente a los más de 9.000 de Navarra, La Rioja o el País Vasco. Si se mira el esfuerzo autonómico, en los últimos 25 años ha pasado de estar un 25% por encima de la media nacional a estar 23 puntos por debajo, una caída de 48 puntos. Madrid es hoy la única región que financia a sus centros peor que antes de la crisis de 2008.

Sanear 33,19 millones de euros

“La elaboración del Plan Económico Financiero (PEF) es un requisito normativo obligatorio y tiene como objetivo sanear un importe de 33,19 millones de euros, correspondiente al déficit del ejercicio 2024, según el resultado presupuestario ajustado”, explica el rector, que pasa a desgranar el plan de recortes propuesto por la universidad.

De momento, este ejercicio se han prorrogado los presupuestaros y se ha establecido “una retención de no disponibilidad del 35%” [un recorte del 35% de todos los gastos de las facultades, en román paladino] y “actuaciones de racionalización del gasto de personal”. Con estas medidas se alcanzará un ahorro estimado del 36% del importe del déficit. Para los ejercicios 2026 y 2027, continúa el rector, se mantendrán estas “políticas de contención y control presupuestario”, que se traducirán en una reducción del déficit en un 33% y un 9% cada año, respectivamente. “Asimismo, la modificación de la Normas de Ejecución Presupuestaria aprobadas en 2025, generarán ingresos adicionales, como, por ejemplo, el incremento de la retención de títulos propios del 15% al 20%”, concluye.

Ayuso, al rescate de lo que ella ha hundido

Tras años de advertencias por parte de los rectores, dos veces en público, el estado de las cuentas de las universidades públicas madrileñas ha estallado este otoño. La Complutense –y el resto– ha sobrevivido los últimos años gracias a unos fondos extraordinarios que ha estado recibiendo de la Comunidad de Madrid tras unos juicios que los centros públicos le ganaron al Gobierno de Esperanza Aguirre. Pero esas partidas se han acabado y la realidad ha acudido a golpear a los rectorados.

La situación es tan desesperada que los mandatarios, que en pasados ejercicios optaron por un perfil bajo para no confrontar con la esperanza de conseguir algo así, decidieron finalmente alzar la voz como medida de presión pública en abril del pasado año. La medida pareció surtir algún efecto y Ayuso se avino al menos a escuchar a los rectores y, tras un “no” inicial y defender su negativa a capa y espada (fue la única mandataria regional que la defendió), acabó cediendo para que la Comunidad participase en el programa María Goyri, por el que el Ministerio de Universidades cofinancia la contratación de profesorado universitario que exige la LOSU.

Pero los números son tozudos, la (infra)financiación no ha cambiado y los presupuestos no se pueden estirar más. Así, el consejero de Universidades de la Comunidad de Madrid admitió hace unos días que a la Complutense se puede unir en breve la Rey Juan Carlos, y presumió de que no la dejarán caer. “Lógicamente nosotros, al igual que hemos hecho con la Complutense, nos situamos a su lado y vamos a ayudar en todo lo que sea necesario”, afirmó. Como si la URJC se hubiera metido ella sola en ese agujero, como si no fuese de largo la universidad peor financiada del país.