El Senado utiliza mensajes privados entre Armengol y Rollán en un informe contra la actualización de las condiciones laborales de las Cortes
El Congreso muestra su «estupor» y acusa al Senado de utilizar esas conversaciones de manera «parcial y torticeramente manipulada»
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El Senado ha incluido conversaciones privadas entre el presidente de esa institución, Pedro Rollán, y la del Congreso, Francina Armengol, en un informe de los letrados emitido este lunes para justificar su rechazo al nuevo Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que actualiza las condiciones laborales para más de un millar de trabajadores. La Presidencia de la Cámara Baja ha mostrado su “estupor” ante una actuación que, consideran, “traspasa las líneas de la institucionalidad y la legalidad”.
La mayoría progresista de la Mesa del Congreso ha aprobado este martes la actualización del estatuto y queda a las puertas de su aprobación definitiva en una mesa conjunta de las dos Cámaras. Pero este lunes, el Senado envió un informe firmado por la secretaria general de esa institución, Sara Sieira, en el que cargan contra el proceso de negociación, que consideran nulo. Para justificarlo, el texto, al que ha tenido acceso este diario, incluye conversaciones de mensajería entre la senadora del PP y secretaria primera de la Mesa del Senado, Eva Ortiz, y la diputada socialista y secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, así como entre Rollán y Armengol.
El informe considera que la última reunión de la mesa negociadora, celebrada el 23 de octubre, en la que además de los representantes de las instituciones están presentes también los sindicatos y las asociaciones de los grupos profesionales, fue convocada “viciada de nulidad” toda vez que no se contó, alegan, con “el consentimiento de la representación del Senado en la misma”. Fuentes de la Cámara Alta argumentan que los letrados mayores habían quedado en cerrar los detalles del texto antes de la convocatoria de la mesa de negociación pero que el Congreso decidió adelantar los tiempos de forma unilateral.
Para argumentar esa posición es que el texto incluye las conversaciones textuales de esas conversaciones de Whatsapp. Según fuentes de la Cámara Alta esos mensajes se incorporan como la prueba existente de que no había un consentimiento previo por su parte para que la reunión quedara convocada. En el Senado argumentan que la negociación estaba todavía abierta, en concreto en el punto que incluye la posibilidad de extender la jubilación de forma voluntaria de los 72 a los 75 años, y que Rollán le respondió a Armengol por privado que tenía previsto estudiar las propuestas y a continuación dar los pasos correspondientes, por lo que no entienden que aún así se mantuviera la convocatoria. También indican que los representantes del Senado y también algunos sindicatos se levantaron de aquella última reunión.
Fuentes del Congreso trasladan sin embargo que los servicios de Administración Parlamentaria “convocaron la reunión con una semana de antelación y el mismo día del encuentro, 15 minutos antes de la reunión, el Senado protestó por lo que consideraban una convocatoria incorrecta y pidieron un nuevo aplazamiento”. “Los propios representantes de los trabajadores, que consideraron una falta de respeto la actitud del Senado, se negaron a posponer la cita, y apostaron mayoritariamente por concluir la negociación”, aseguran en el Congreso.
“El Senado no ha explicado los motivos de base para su rechazo a la aprobación, pero en su escrito de petición de paralización ante la Mesa del Congreso utiliza mensajes privados entre los presidentes de ambas cámaras que en nada modifican las cuestiones que aquí se están tratando y que suponen traspasar las líneas de la institucionalidad y la legalidad. Nunca se había visto que un documento oficial reflejara el contenido privado de conversaciones entre miembros de ambas Mesas, además de manera parcial y torticeramente manipulada”, denuncian fuentes del Congreso.
Discrepancia sobre la jubilación voluntaria
En el Congreso recuerdan además que la reforma del estatuto lleva 18 meses en marcha, con más de 19 reuniones de trabajo y tras el consenso de la negociación colectiva. El foco de conflicto sobre el contenido del texto está relacionado con la jubilación voluntaria, que con el redactado actual pasa a extenderse de los 72 a los 75 años, “aunque sin poder ostentar puestos de promoción desde los 67 para facilitar así el relevo generacional”.
En el Senado quería estudiar esa medida con más “profundidad”. Rollán había reclamado por ejemplo que la medida se implantase de forma “progresiva” y con la supervisión de ambas Cámaras, así como con la planificación de oposiciones para cubrir las vacantes durante los próximos años, toda vez que en próximamente va a jubilarse “el 50%” de las plantillas actuales.
En el Congreso contraponen que la cuestión sobre la jubilación ha estado redactada en los mismos términos “desde hace un año y medio” y no se ha modificado en el curso de la negociación. “Si no se lo habían estudiado antes, han estado negociando de mala fe frente al Congreso y a los representantes de los trabajadores”, protestan, al tiempo que consideran que este punto en concreto no es “la razón real” sino una excusa que demuestra que ha roto “todos los puentes” y no es importa “tomar como rehenes a los trabajadores de las Cortes para seguir con su agenda de ruptura institucional”.
La reforma del estatuto es la primera que se aborda en casi 20 años y afecta a sus 685 funcionarios y funcionarias, al tiempo que “contiene amplias mejoras de las que se podrán beneficiar el conjunto de sus 1.261 trabajadores”, según explican fuentes parlamentarias.
“Con esta reforma, se incorporarán todos los derechos laborales conseguidos por el resto de los trabajadores españoles en las dos últimas décadas”, añaden. Entre ellos, la protección a víctimas de violencia de género, la ampliación de 15 días a 4 meses en permisos de paternidad, la carrera horizontal, la mejora en las condiciones de promoción interna o la cuestión de la jubilación.