Miles de jóvenes y la familia de Sandra claman en Sevilla contra el acoso escolar: «No te olvidamos. Hay responsables»
Los padres de Sandra Peña, que se suicidó tras sufrir presuntamente acoso escolar, acuden a la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes, que reclama al Gobierno andaluz que finalice el concierto con el colegio
Fallos que acaban en suicidio: varias voces alertaron del “inexistente” protocolo antiacoso del colegio de Sandra
“Sandra, no te olvidamos. ¡Hay responsables!”. Esta era la pancarta de la cabecera en Sevilla de la marcha de protesta convocada por el Sindicato de Estudiantes, que este martes por la mañana ha reunido a unas 30.000 personas, según los convocantes. La Subdelegación del Gobierno calcula 4.000 asistentes.
A la protesta han acudido los familiares de Sandra Peña, quien se suicidó hace ahora dos semanas tras haber sufrido presuntamente el acoso de algunas compañeras de su centro escolar, Irlandesas de Loreto, sin que se aplicasen los protocolos antiacoso y anti-suicidio. Jóvenes de colegios e institutos de toda Sevilla han arropado con aplausos a los padres, el abuelo y el tío de la menor.
El tío de Sandra y portavoz de la familia, Isaac Villar, ha lamentado la “lacra que está sufriendo el país”, en referencia al acoso escolar, y ha agradecido “el cariño” por parte de la sociedad civil. “Nos da fuerza, tenemos que seguir porque el problema existe”, ha destacado.
Sindicato de Estudiantes pide la retirada del concierto
La manifestación había sido convocada por el Sindicato de Estudiantes en 55 ciudades de todo el país dentro de una huelga. En el caso de Sevilla, su ciudad natal, la concentración ha partido este mediodía desde la Plaza Nueva hasta el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.
En declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, la portavoz del sindicato de estudiantes a nivel andaluz, Elena Ocaña, ha señalado al Colegio Irlandesas de Loreto de “no hacer nada” para “no perjudicar su imagen”, a pesar de que “habían recibido una queja en dos ocasiones”. La Junta de Andalucía ha abierto un expediente al centro porque no aplicó el protocolo antiacoso ni el protocolo antilesivo, a pesar de que la dirección estaba al corriente de lo que estaba sufriendo Sandra.
Ocaña también ha pedido a la Junta de Andalucía mayor inversión en pedagogos y psicólogos para atender casos de la salud mental en los centros educativos y ha criticado el “desmantelamiento de la educación pública” por parte del gobierno de Moreno, “mientras otorga millones a centros de la Iglesia”.
La consejera de Desarollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, ha confirmado este martes en una entrevista en Canal Sur que va a esperar a la investigación de Fiscalía y a la respuesta del colegio de Sandra Peña a los requerimientos de información para decidir si retira el concierto al Colegio de Irlandesas del Loreto en caso de acreditar infracción muy grave.
La portavoz del Sindicato de Estudiantes también ha pedido al Gobierno central un plan contra el suicidio, un plan de prevención del suicidio y por la salud mental de los jóvenes. Ha calificado la actitud del ejecutivo como “impasivo” ante los casos de acoso escolar. “Se trata de algo estructural, que además se está potenciando día tras día, con los mensajes de odio que están a la orden del día”.
La ensañanza privada “tapa el acoso”
El Sindicato de Estudiantes había llamado al alumnado de la ESO, FP y Bachillerato a “llenar las calles” en solidaridad con la familia de la joven y en señal de repulsa contra el acoso escolar en manifestaciones que han comenzado a las 12:00 horas en ciudades de toda España.
Dentro de sus reivindicaciones, el Sindicato de Estudiantes exige la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto –centro en el que estudiaba Sandra– y la retirada de su financiación pública. A su juicio, los responsables de no activar el protocolo ‘antibullying’ tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido.
A su vez, reclama la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. “Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos”, ha recalcado.
Asimismo, demanda una educación libre de discursos de odio. Según dice, “la violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en las aulas”. “Nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia, y sin fascismo”, ha subrayado.
En el marco de la convocatoria, el Sindicato de Estudiantes ha enviado su apoyo a la familia y a los conocidos de Sandra y ha señalado que “su pérdida pudo haberse evitado”. Desde su punto de vista, hay “responsables muy concretos” en este caso, la dirección del colegio –que no activó el protocolo antiacoso “para proteger el ‘buen nombre’ del colegio y su negocio– y la Iglesia Católica –que ”barrió los gritos de auxilio debajo de la alfombra para no manchar su imagen y arriesgarse a perder la financiación pública“.
A su vez, la organización culpa a la Junta de Andalucía, que a su juicio “mantiene el concierto público con la Fundación Educativa Mary Ward, responsable de las Irlandesas de Loreto” y “desmantela la educación pública y niega los recursos materiales y humanos que necesitan los institutos para acabar con el acoso”. “Combatir el bullying no puede depender de la buena voluntad de nuestros profesores, la mayoría colapsados por la masificación en las aulas, sino que pasa por contratar orientadoras, psicólogas y mediadoras en todos los centros educativos”, ha lamentado.
El sindicato extiende esta queja a los responsables educativos en el Gobierno central y en todas las comunidades autónomas: “No hay dinero para la enseñanza pública, que se hunde por los recortes, no hay dinero para poner en marcha un plan de prevención de los suicidios en los centros y apoyar nuestra salud mental, pero sí lo hay para incrementar salvajemente el gasto en armas, para privatizar los servicios públicos y subvencionar todos los negocios privados de la sanidad y la educación”, ha destacado.