Juana Rivas, de nuevo ante la Justicia por un supuesto delito de sustracción de menores que se archivó hace meses

“Los hechos no son constitutivos de delito ni tienen la proyección penal que se pretende. El denunciante se ha precipitado con la interposición de la denuncia, fruto seguramente del loable deseo de tener contacto con su hijo”, escribió en mayo la jueza titular del Juzgado de Instrucción 4 sobre la denuncia de Francesco Arcuri contra Juana Rivas por la presunta sustracción de su hijo Daniel. Según la magistrada, que archivaba así la causa, no existían entonces indicios para investigar a la granadina porque había una medida cautelar del mismo juzgado que la amparaba para que el niño se quedase en Granada. Pero, finalmente, la Audiencia de Granada reabrió la causa en julio y la granadina tiene que declarar este 30 de octubre como investigada.

Antes de que Juana Rivas tenga que sentarse ante el juzgado para defenderse de la presunta sustracción de menores que habría cometido, según la Audiencia, al impedir en enero que Daniel volviese a Italia con su padre Francesco Arcuri, fue el progenitor el que compareció ante el tribunal. Lo hizo a principios de octubre para insistir en que Rivas volvió a cometer el mismo delito por el que en 2021 fue condenada a 5 años de prisión en primera instancia por marcharse durante más de un año con sus hijos sin permiso del padre de estos. Sin embargo, a diferencia de aquel primer juicio, en esta ocasión la Justicia sí le dio la razón archivando en mayo una causa que no tenía indicios hasta que la Audiencia la reabrió justo en la semana en la que Daniel debía volver a Italia de manera definitiva.

La defensa de Juana alega ahora que, aunque fueron informados del archivo “definitivo” de la denuncia en primera instancia, no habían tenido acceso hasta ahora al auto que exponía los motivos por los que la jueza no veía delito en la actuación de la granadina. Y lo cierto es que el documento, al que ha tenido acceso este medio, deja poco margen para procesar a Juana Rivas ya que se ampara sobre todo en la medida cautelar que dictó la misma magistrada en enero para que el niño se quedase con su madre después de escucharle relatar su miedo a posible maltrato por parte de su padre.

La clave de la medida cautelar

El auto, firmado por la jueza Susana Álvarez Civantos, es extenso -29 páginas- y minucioso. En él desmonta la denuncia de Francesco Arcuri y argumenta que no se produjo ningún delito, ni siquiera en grado de tentativa. La magistrada escribió en mayo que otro juzgado y la Audiencia Provincial, durante la instrucción, reconocieron la existencia de la medida cautelar que suspendía la entrega del menor, por lo que Rivas estaba actuando bajo el amparo de una resolución judicial española.

Para entender esto es importante la cronología de lo sucedido en los últimos meses. En primero lugar, en enero la jueza que dicta la medida cautelar tras hablar con Daniel invoca el Convenio de La Haya alegando el interés superior del menor para que el niño se quede en Granada. Después, en febrero, el tribunal civil de Cagliari vuelve a darle la custodia en exclusiva de Daniel a Arcuri, pero sin tener constancia de que había una medida cautelar en España vigente y ratificada por otro juzgado para que el niño se quedara con Juana. Según la jueza, esto es clave porque Italia no puede revocar una medida española que ni siquiera conoce.

Ya en marzo es cuando Arcuri denuncia a Juana Rivas por sustracción de menores y dice en su escrito que la granadina ya había sido notificada oficialmente de la custodia por parte de Italia, pero la magistrada señala que no existe prueba documental de ello en los autos. Al mismo tiempo que presenta la denuncia, solicita medidas cautelares contra Rivas, pero se le deniegan. Días después, la Audiencia de Granada ratifica la medida cautelar, lo que sigue amparando a Juana Rivas para no estar cometiendo ningún delito de sustracción.

Por último, tras varios pasos procesales más en los que la jueza llega a solicitar salir de la causa e incluso Arcuri le recusa por haber dictado una medida en favor de Juana Rivas, finalmente la magistrada continúa con el procedimiento por orden de la Audiencia Provincial y firma en mayo el archivo definitivo del presunto delito de sustracción de menores alegando lo que se recoge en este auto. “La denunciada estaba protegida por una resolución judicial vigente que permanece en vigor para no retornar al menor a Italia”, señala la jueza, insistiendo en que ninguna autoridad italiana había revocado aquella orden, ya que incluso no se había informado correctamente de las resoluciones cruzadas entre ambos países.

Entonces, el razonamiento de la magistrada fue claro: no podía imputarse un delito de sustracción a una madre que seguía al pie de la letra lo ordenado por los tribunales de su país. Tampoco encontró indicios de malos tratos o de daño psicológico al menor, una acusación que el propio auto relaciona con el llamado síndrome de alienación parental, una teoría “sin aval científico” y expresamente prohibida por la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En el escrito, Álvarez Civantos cita ese artículo de la ley que prohíbe que se tomen en consideración planteamientos de este tipo en sede judicial, recordando que no toda desavenencia familiar puede transformarse en un delito. Un síndrome que, sin embargo, sí se reconoce en Italia y que ha sido la base de la acusación de Arcuri durante todos estos años.

“La jurisdicción penal es la última ratio sancionadora”, apunta la magistrada, advirtiendo del riesgo de llevar por la vía penal asuntos que pertenecen al ámbito civil. Según su auto, no se puede hablar de incumplimiento ni de delito de sustracción si la madre nunca fue notificada oficialmente del decreto italiano que ordenaba la restitución del menor ni si seguía vigente una medida española de protección. De hecho, siempre según el auto, el Tribunal de Cagliari que ordenó la vuelta de Daniel no había comunicado al juzgado español que la suspensión hubiese sido levantada, por lo que el niño podía seguir en Granada.

Eso sí, la jueza sí decidió investigar una parte menor de la denuncia de Arcuri: la presunta falsificación documental y suplantación de identidad en el proceso de escolarización del niño. No en vano, Daniel estuvo acudiendo a una escuela de Granada desde enero y hasta final de curso. Por esa presunta falsificación, la Guardia Civil abrió una investigación sobre cómo se matriculó al menor y qué funcionarios intervinieron en el trámite. Una investigación paralela que avanza de manera discreta y no está relacionada con el delito por el que se investiga de nuevo a Juana.

Una causa reabierta

Pese a la contundencia del archivo dictado en mayo, la Audiencia Provincial ordenó reabrir las diligencias dos meses después, justo cuando se cumplía el plazo para el regreso definitivo de Daniel a Italia. Esa decisión, recurrida por la defensa, ha devuelto a Rivas a un escenario que creía cerrado: volver a declarar como investigada por sustracción de menores. Su defensa recuerda que el auto de mayo no sólo archivó la causa, sino que expuso con detalle que no existía base alguna para buscar delitos en la actuación de una madre que actuó amparándose en una orden judicial española y en defensa del interés superior de Daniel.

Por ello, los letrados de Juana Rivas también van a solicitar que tanto el propio Daniel como su hermano mayor Gabriel hablen en esta causa. Algo que, en todo caso, solo podrá suceder si la Audiencia admite la petición que tienen prevista hacer los letrados cuando se inicie la fase de recogida de pruebas que tendrá que suceder próximamente. La defensa de la granadina confía en que este procedimiento acabe volviéndose en contra de Arcuri, basándose en el archivo que se recoge en este auto de mayo.