La falta de citas para el asilo castiga a las refugiadas: “En pandemia y con tres hijos me echaron por no renovar los papeles”

El problema de las citas para los trámites de extranjería en las comisarías españolas sigue enquistado tras su primera explosión en 2018. Todavía hoy pueden pasar meses o incluso más de un año para que quien lo necesita desesperadamente logre acceder a la Administración, lo que perjudica muy especialmente a las mujeres, según el informe Sin citas no hay derechos: refugiadas contra la discriminación administrativa, presentado esta semana en el Congreso de los Diputados por la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG).

“Cientos de miles de personas que están trabajando, que hacen España todos los días, están discriminadas. Tienen negado el derecho de acceso a la Administración, y así no se pueden ejercer derechos básicos como el trabajo, la vivienda, la atención sanitaria o la autonomía económica”, explica, Adilia de las Mercedes, abogada especializada en derechos humanos y derecho antidiscriminatorio, que dirige la AMG y es fundadora de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos.

Las imágenes de multitudinarias colas en la comisaría madrileña de Aluche, hiciese frío o calor, las atajó el Ministerio de Interior transformando la espera física en virtual, pero sin solucionar el problema: disponer o no de cita marca la enorme diferencia entre estar condenado a la clandestinidad o poder buscar trabajo, alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria o dar de alta el suministro eléctrico, por ejemplo.

El mercado negro puso precio a un trámite que debería ser gratuito y de obligado cumplimiento para la Administración, pero que en la práctica es muy difícil: entre 50 y 600 euros por una cita. A día de hoy, pese a las reiteradas denuncias y con el triple de peticiones de asilo en España que en 2018 (más de 167.000 en 2024, frente a 55.000 en 2018), hay solicitantes que echan de menos aquellas terribles e inciertas esperas en Aluche, porque al menos entonces había una posibilidad pequeña, pero real de acceder al sistema, recuerda De las Mercedes.

Esta discriminación de facto tiene, según la experta, efectos mucho más profundos cuando la persona solicitante es mujer —muchas veces una madre que busca protección para sus hijos, lo que no es tan habitual en el caso de los hombres—. El número de solicitantes de asilo y el porcentaje respecto no han dejado de aumentar en los últimos años.

Además de las causas comunes que las empujan a huir de sus países, también sufren tipos de persecución y violencia específicos por su sexo. Pero falta un “enfoque de género e interseccional” que hace muchas de sus solicitudes sean rechazadas, muchas veces por culpa de “estereotipos y prejuicios de género, étnico-raciales y nacionales, así como clasistas, edadistas y capacitistas”, añade el informe, que recoge ocho testimonios de mujeres refugiadas que se han topado con este obstáculo administrativo.

Un efecto directo del retraso: el hambre

“Durante la pandemia trabajaba en una residencia de ancianos. En la zona de la UCI, totalmente expuesta al virus y con mucho miedo de contagiar a mis tres hijos en casa”, recuerda María Caliego, una de las refugiadas que figura en el informe y contó su caso durante la presentación en el Congreso.

Guatemalteca de 57 años, Caliego es de ascendencia maya y fue víctima del genocidio que el ejército de Guatemala perpetró contra la población indígena durante el conflicto armado que asoló el país entre 1960 y 1996. Su padre sigue siendo uno de los desaparecidos, secuestrado y ejecutado por los militares. Su madre, Ana Calate, que falleció hace poco, fue la primera víctima que consiguió iniciar la búsqueda de los represaliados y exhumar fosas comunes en Guatemala.

La inseguridad por las pandillas y la preocupación por sus hijos la llevaron a buscar una salida.“Tenía miedo de que fueran reclutados por las maras o que pudieran ser secuestrados o asesinados. Por eso empecé la migración. Y ese proceso ha sido cuesta arriba”, lamenta. Su primera solicitud de protección en España fue rechazada, pero gracias al apoyo de la AMG, logró que se admitiera a trámite a la segunda.

María Caliego, refugiada guatemalteca de origen maya, superviviente del genocidio en su país.

Así pudo buscar y encontrar trabajo en una residencia de ancianos en, pero la lentitud administrativa la volvió a condenar, en pleno apogeo de la COVID-19. “Tenía que renovar el permiso, pero era imposible conseguir una cita […] Me despidieron porque no podían contratarme en situación irregular. Después de acompañar a tantos abuelos que murieron, me quedé en la calle. No teníamos qué comer en casa”, rememora. “Si no podía pagar internet, cómo iba a conseguir una cita”, explica al elDiario.es.

Fueron meses de ansiedad que también afectaron a sus hijos. “Al racismo se añadía el clasismo. Mi hija sufría acoso en el colegio, se metían con su ropa, con la comida que llevaba. Todos lo pasamos muy mal”, comenta. Tras una largo y extenuante periodo, Caliego ya tiene DNI y trabaja para que también lo tengan sus hijos. “Lo que quiero dejar claro es que nosotros no queremos ayudas del Estado. Lo que queremos es poder trabajar, contribuir, para impuestos, pero no entiendo que tengamos tantas barreras”, denuncia.

“Tuve que buscar citas en el mercado de Telegram”

Nora Rugama, nicaragüense de 40 años, llegó a España en 2019 para estudiar. Cuando terminaba su formación, tenía que volver a una Nicaragua donde la persecución política a cualquier voz que el régimen de Daniel Ortega considerara crítica se había recrudecido. En ese clima, Rugama, psicóloga y defensora de víctimas de violencia sexual en la infancia mediante su organización, Aguas Bravas, tuvo miedo de volver. “La dictadura de Ortega y Murillo desde el inicio emprendió una política de represión contra las mujeres. Todavía hoy hay una política de castigo, de violencia directa, sexual, tortura, encarcelamiento político, exilio forzoso y cancelación de organizaciones como la mía, que fue cerrada oficialmente en 2024

Ella no tuvo dificultades para iniciar sus trámites, reconoce, porque los hizo cuando todavía se conseguían citas haciendo cola en Aluche. Pero a la hora de renovar la autorización, le fue imposible conseguir cita. Tuve que recurrir al mundo de Telegram para que no caducaran mis permisos“, apunta. Su crítica o ”aprendizaje“ es que ”el monopolio de las citas no puedo estar solo en manos de las mafias y de las grandes ONG“.

De la represión franquista al exilio cubano

“Mis bisabuelos eran republicanos, huyeron de España y llegaron a Cuba por los mismos motivos por los que yo he llegado aquí desde Cuba, la persecución política. No es fácil dejar tu país con 47 años, sola con una hija pequeña. Para mí era una especie de derrota tener que volver al lugar de donde mi familia fue expulsada. Y pienso que si mi familia hubiera sido recibida allí como me han recibido a mí aquí, su historia de exilio no habría sido tan feliz”. Marta María Ramírez es periodista y activista política y feminista, exiliada por el acoso del régimen castrista. También es solicitante de asilo en España, pero hace tiempo que sus permisos están caducados porque no consigue cita para renovarlos.

“Tengo el privilegio de haber encontrado a personas dentro de la Administración que han entendido que somos garantes de derecho. Pero el asilo político no es algo que se puede dejar a la suerte del funcionario que te toque”, denuncia. No puede depender de la suerte, lamenta, que se mantenga o pierda la cobertura sanitaria temporalmente cuando una hija con discapacidad necesita un tratamiento después de una operación complicada, por ejemplo. Pero además de la falta de citas para renovar sus permisos, Ramírez critica situaciones de riesgo derivadas de procesos administrativos que no valoran las dimensiones de cada caso.

Marta María Ramírez, periodista y activista feminista cubana exiliada en España.

“Para pedir una beca comedor para mi hija me piden documentación del padre, que está en Cuba. Yo no puedo reclamar esa documentación a un país donde corro peligro”, ilustra. “O no puede ser que pida una tarjeta de crédito en el banco y me la envíen a mi dirección de Cuba, sin saber qué efectos puede tener eso”, añade. “Lo peor es la incertidumbre con la que vives, y eso se lo trasladas a tu hija, que entiende que algo ocurre. Sobre todo si tu situación administrativa no te permite firmar un contrato de alquiler”, apostilla.

De las Mercedes lamenta que esta discriminación “se está produciendo con el llamado Gobierno más progresista del mundo” y hace un llamamiento para que el maltratado derecho de asilo sea defendido toda la sociedad. “Nadie tiene seguro, y menos en este contexto mundial, que no va a ser perseguido por su género, orientación sexual o su procedencia, que no va a tener que huir de una guerra. El panorama en España es crítico, ni siquiera sabemos si nosotros, los exiliados, nos vamos a tener que reexiliar. Por eso esta lucha es global”, advierte.