La UE advierte a España por los discursos políticos de odio contra los inmigrantes en plena pugna entre PP y Vox

El discurso de odio persiste. Es una de las conclusiones del informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), institución del Consejo de Europa, que advierte con “seria preocupación” de que el discurso político de determinados partidos “recurra intensamente a narrativas divisivas y de odio contra los migrantes, asociándolos con la criminalidad o como una carga para el sistema social”. La crítica del organismo europeo coincide con la competición entre los ultraderechistas de Vox y el Partido Popular con el lanzamiento de proclamas de mano dura con la inmigración.

La inmigración se situó en la segunda posición entre los principales problemas de España en el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se hizo público el pasado junio. Las encuestas para este último barómetro se realizaron entre el 1 y el 6 de septiembre, todavía con el recuerdo de los disturbios racistas en Torre Pacheco, el veto de PP y Vox a los actos islámicos en Jumilla, además de coincidir con declaraciones políticas de la derecha y la extrema derecha con tinte xenófobo.

La ECRI señala como estos discursos de odio, especialmente en el ámbito político y en internet, se dirigen principalmente contra inmigrantes, musulmanes, personas de ascendencia africana y gitanos. En menor medida, también se observa un aumento en el discurso de odio contra personas judías y transgénero. En el ámbito digital, a pesar de la colaboración con las plataformas, el organismo denuncia que “no siempre se toman medidas rápidas y apropiadas por parte de las redes sociales para la moderación y eliminación de contenido de odio”.

Sobre los inmigrantes en situación irregular, la ECRI denuncia que “uno de los fallos más graves es el acceso a la justicia”, ya que cuando denuncian delitos cometidos contra ellos son “rutinariamente cuestionados sobre su estatus legal y pueden ser sancionados o deportados”. En este sentido el organismo europeo añade que el resultado es el impedimento para acudir a denunciar a las fuerzas del orden con las consecuencias de abusos que recaen sobre estas personas.

Además, los inmigrantes “se enfrentan a obstáculos para acceder a la atención sanitaria efectiva a pesar de las garantías legales, ya que la operatividad depende de las autoridades regionales”, que pueden establecer condiciones adicionales como un requisito de residencia mínima. La ECRI también resalta que muchos inmigrantes ilegales “viven en condiciones de miseria en asentamientos sin acceso a servicios básicos”.

La Cañada Real, “sin electricidad y en condiciones indignas”

En este sentido, la ECRI subraya que “está seriamente preocupado por la situación en la Cañada Real, donde miles de personas viven sin electricidad y en condiciones indignas”. Cinco años después de que este asentamiento chabolista fuera protagonista en los medios de comunicación siguen sin electricidad.

Además, se reseña que las políticas de inclusión de migrantes “se ven debilitadas por la falta de una coordinación efectiva entre las administraciones nacional, regional y local de gobierno. Por otro lado, se recuerda que a la implementación del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión 2023-2027 ”no se han asignado recursos presupuestarios“.

La ECRI llama la atención también por la falta general de iniciativas sobre la enseñanza inclusiva de la historia de las personas de ascendencia africana y musulmanas en España, una deficiencia que “contribuye a perpetuar estereotipos y a un sentimiento de exclusión”. Además, el acoso escolar racista y contra niños y jóvenes LGTBIQ+ “sigue siendo un problema”. La institución apunta que “no existe un sistema nacional integral de recopilación de datos sobre incidentes que ocurren en todas las escuelas”.

El “problema endémico” de los perfiles raciales de la policía

El informe constata que existen denuncias por perfiles raciales y controles de identidad por motivos raciales por parte de agentes policiales, que afectan en particular a personas de ascendencia africana, inmigrantes y gitanos. Además, inciden en que el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre Personas de Ascendencia Africana ha descrito el perfilado racial como un “problema endémico” en España. “El sesgo racial es la realidad que viven las personas negras, africanas y afrodescendientes. Se las toma constantemente por personas inmigrantes indocumentadas y se las detiene mucho más a menudo que a personas de otro origen étnico en los controles policiales en la vía pública, y sin que existan problemas de seguridad”, argumentó este grupo de trabajo de la ONU.

El organismo europeo apunta que el Ministerio del Interior les respondió que “solo entre el 0.4% y el 0.9% de las denuncias presentadas contra las acciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil se refieren a casos de presunta discriminación”. Sin embargo, la ECRI recuerda que las víctimas de estos abusos “rara vez denuncian” estos casos debido a la desconfianza con las fuerzas del orden la policía.

Según la ECRI, a pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, “no se han tomado iniciativas a nivel nacional para detectar y abordar estas prácticas” de perfiles raciales y controles de identidad por motivos raciales.

“Discriminación en la vida diaria” de las personas LGTBIQ+

Entre otras cosas, este organismo europeo llama la atención a las autoridades españolas porque las personas LGBTIQ+ “se siguen enfrentando a la discriminación en su vida diaria”. La ECRI pide que se intensifiquen los esfuerzos para garantizar que las personas transgénero tengan acceso seguro y asequible a los tratamientos necesarios para la afirmación de género. Según este organismo hay una clara insuficiencia de centros especializados y tiempos de espera que pueden extenderse a varios años para tratamientos complejos, especialmente quirúrgicos.

El PP y Vox se han lanzado en varias comunidades autónomas a modificar leyes contra la homofobia: en Valencia, PP y Vox recortaron la Ley trans permitiendo que las terapias de conversión sean voluntarias y que los padres puedan vetar contenidos sobre identidad de género en las escuelas, mientras que en Catalunya el PP apoyó una propuesta registrada por Vox en el Parlament que reclama la derogación de la ley catalana contra la homofobia, además de toda la legislación estatal y autonómica derivada de la “ideología de género y woke”.

El Gobierno aprobó la creación de la Autoridad Independiente para el Tratamiento Igualitario y la No Discriminación en mayo de este año, con más de dos años de retraso, nombrando a la fiscal María Teresa Verdugo como presidenta. La ECRI recuerda a España que este organismo debes “estar adecuadamente dotado de personal, financiado y plenamente funcional”. Las ONG ya plantearon una queja porque “la falta de presupuesto y del reglamento que desarrolla su funcionamiento y competencias impedirán que pueda tener una actuación efectiva” de esta Autoridad independiente.

En el mismo sentido, este organismo llama la atención porque tanto la Estrategia Nacional para la Igualdad LGBTIQ+ como la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de Personas Transgénero no estuvieran aprobadas en 2024, cuando se hizo la inspección, y fueran aprobadas en julio de 2025, dos años después.