Yolanda Díaz denuncia que el Gobierno de Mazón ha anulado las 106 multas de la Inspección por infracciones en la DANA

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denunciado este martes que el Gobierno de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana ha anulado las 106 sanciones que la Inspección de Trabajo había impuesto por infracciones laborales el día de la DANA. Entre ellas, la Generalitat ha revocado la multa de 50.000 euros a la televisión regional À Punt por poner en riesgo a sus empleados el día de la catástrofe, con el argumento de que “no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron”.

En una respuesta a una pregunta de un diputado de Sumar en el Congreso, Díaz ha explicado que “la Inspección de Trabajo valenciana expidió más de 106 expedientes sancionadores por lo que no debían hacer las empresas. ¿Saben lo que ha hecho la gestión del Partido Popular? Acaban de revocar todas esas sanciones”.

Se trata de una revocación masiva de las actas de infracción de los actuantes de la Inspección de Trabajo por la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo de la Comunitat Valenciana en este caso, que no es en absoluto frecuente, según fuentes consultadas del funcionamiento de estas sanciones laborales.

La ministra de Trabajo ha recordado también en su intervención el choque con el Gobierno de Mazón en el marco de la DANA, por “los salvoconductos” emitidos por su conseller de Interior para permitir desplazamientos de trabajadores en los días posteriores a la catástrofe, cuando el Ministerio estaba lanzando justo el mensaje contrario: priorizar la prevención y la seguridad. Para ello, aprobó los llamados “permisos climáticos” retribuidos para los trabajadores que no puedieran acudir a sus puestos.

“Esta es la diferencia entre gestionar y gobernar para la gente en nuestro país, o ponerse al servicio de las empresas en España”, ha denunciado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha destacado los planes de empleo aprobados por el Gobierno central específicamente para impulsar el empleo tras la DANA, así como el despliegue de los ERTE. “Hoy, como sabe el ministro de Economía, tenemos más ocupados que antes de la catástrofe en Valencia, más de 44.000 personas y tenemos más de 8.000 personas trabajadoras menos en el paro”, ha subrayado Díaz, como ejemplo de “buena gestión”.

“Mientras otros, señor Feijóo, comen en El Ventorro. Ha llegado la hora, señor Feijóo, de que pida la dimisión de Mazón”, ha espetado Yolanda Díaz al líder del Partido Popular.

Anulada la multa de 50.000 euros a À Punt

Entre las sanciones de la Inspección de Trabajo revocadas por la Generalitat Valenciana figura la multa de 50.000 euros a la televisión regional À Punt por poner en riesgo a sus trabajadores el día de la DANA, como ha podido comprobar elDiario.es y adelantó hace unos días el diario regional Las Provincias. Tras la denuncia de los propios empleados de la televisión pública valenciana, a través de los sindicatos, la Inspección de Trabajo concluyó que À Punt no adoptó las medidas preventivas necesarias para la protección de sus trabajadores ante la DANA, una infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo.

La televisión alegó que tomó “las medidas pertinentes de acuerdo a la información existente según el momento” y que no resultaba “exigible” una evaluación de riesgos relacionados con una situación extrema como la DANA, que no tuvo precedentes, según ha podido comprobar este medio.

La Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana, que dirige Andrés Lluch Figueres, anula la sanción impuesta y ordena el archivo del expediente al considerar que, aunque “las autoridades enviaron alertas y recomendaciones por las fuertes lluvias”, “la información que se detallaba no se presagiaba su virulencia y los efectos extraordinarios que provocaron”.

“La envergadura del fenómeno meteorológico superó los riesgos ordinarios previstos”, prosigue la Generalitat, con varios cargos investigados por la justicia por las medidas preventivas y la gestión de la catástrofe que se cobró la vida de 229 personas.

Apoyándose además en varias de las normativas aprobadas por el Gobierno central en los días posteriores a la DANA en los que se reconoce una situación de “fuerza mayor” (para los ERTE y ceses de actividad), la Generalitat valenciana sostiene que “no puede apreciarse responsabilidad empresarial en materia preventiva ya que se trata de un hecho de fuerza mayor”.