El cinismo en la política

Este jueves toca hablar de cinismo, de lo que la RAE describe como la “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”. Algo que vislumbramos en tantas y tantas actitudes políticas. Sin ir más lejos este miércoles en el Congreso, donde Feijóo acusaba a Sánchez de politizar la tragedia y usar a las víctimas de la DANA, tras haber rechazado la suspensión del pleno en señal de duelo en el primer aniversario de las riadas que se cobraron más de 200 muertos y, además, guardar un silencio cómplice sobre la continuidad de Mazón al frente de la Generalitat, pese a ser un presidente acorralado por las mentiras que han desvelado en el último año las investigaciones periodísticas, la instrucción judicial y los testimonios de los familiares de las víctimas.

Hipocresía también hay en algunas de las manifestaciones públicas que se escuchan desde la derecha política y judicial tras la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales, evita que los políticos ejerzan la acción popular y amplía el mandato del fiscal general del Estado para que no coincida con el del Gobierno.

La reforma, que cuenta con los dictámenes favorables del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, garantiza un sistema penal moderno y más garantista y sustituye a una ley aprobada en 1882, por lo que se convierte en la primera ley procesal penal de la democracia. Y ha sido redactada en base a diferentes propuestas elaboradas durante los últimos 15 años, especialmente en un anteproyecto que presentó el último gobierno de Zapatero y cuya tramitación quedó frustrada por el final de la legislatura. Pero también ha bebido de un texto articulado del Código Procesal Penal que otorgaba la investigación al Ministerio Fiscal y que salió de una comisión impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que presidió uno de los arietes judiciales del PP, el magistrado Manuel Marchena. 

¿Recuerdas? Estuvo al frente de los juicios del procés y en 2018 iba a controlar “por detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, pero se vió obligado a renunciar a la presidencia del CGPJ y del Supremo, tras la filtración del bochornoso whatsapp enviado por el portavoz del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus 146 compañeros de la Cámara Alta y la evidencia de que era un hombre al servicio de la derecha.

Las cambiantes opiniones de Marchena

Precisamente Marchena fue de los primeros magistrados en salir a la palestra contra el Gobierno cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley. Habló de una “Justicia amenaza”, de un “auténtico disparate”, de una “imprudencia” y de “un gran perjuicio al sistema judicial”. Esa es su opinión en 2025. Hace cuatro años era distinta. 

En este vídeo de 2021 se le escucha con claridad. Fue durante su participación en una mesa redonda en Valencia sobre el cambio de rol judicial en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Escuchen desde el minuto 7:55 al 15:30, donde habla de “una obra jurídica colosal”, sostiene que “el actual sistema de investigación no funciona” y concluye que “está afectado de obsolescencia, es antiguo y está superado” 

Recuerda también quien se ha convertido en uno de los faros judiciales de la derecha política que en Francia no llegan al 10% los asuntos que son investigados por el juez porque en el resto de instrucciones quien interviene es el fiscal, por lo que defiende la figura del juez de garantías que prevé la ya llamada ley Bolaños. Y lo argumenta de este modo: “Hay ocasiones en que da la sensación de que los jueces de instrucción son apéndices togados de la investigación. Soy firme defensor de un sistema en el que el juez de instrucción esté en una posición distante a quien en ese momento hace acopio de los elementos de la investigación”. Y dice aún más en el minuto 53 de la grabación cuando defiende“que en el derecho comparado no hay acusación popular” y añade que “hay pocos órganos tan controlados en el proceso como el Ministerio Fiscal”.

Se llama cinismo. El mismo que practica un PP que, habiendo impulsado en tiempos de Rajoy una reforma con el mismo propósito y casi idéntico articulado que el que ahora llega ahora al Congreso, sostiene hoy que se trata de un “asalto a la Justicia” y un intento del Gobierno de “controlar la acción penal para ”limpiar sin límites las evidencias de la corrupción de Sánchez“.

En efecto, de aprobarse la ley, el Ministerio Fiscal dirigiría la investigación penal, tal y como ocurre en la mayoría de países de la UE, pero se crea la figura del juez de garantías, con una función de garante de los derechos fundamentales de las partes y de control jurisdiccional de ciertos aspectos procesales durante la investigación. Y respecto a la acusación popular no se elimina, puesto que es un derecho constitucional. Simplemente, se limita para vetarla a los partidos políticos, restringirla a determinados delitos —aunque sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. 

La ley, que el martes se remitió al Parlamento para su tramitación, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, ni afectará a ningún procedimiento iniciado antes de esa fecha, por lo que las acusaciones de la derecha sobre una supuesta intencionalidad para parar los procesos abiertos contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno carecen de fundamento alguno. 

Pero, al parecer, la independencia de la justicia solo está en riesgo cuando gobierna la izquierda. Si lo hace la derecha, no hay peligro y, además, al Fiscal General lo nombra el Lucero del alba. Lo dicho: vivimos en tiempos cínicos. En la política y en la judicatura, donde cuatro de las siete asociaciones profesionales ya han sincronizado sus voces para alertar contra el riesgo de “injerencias” y echar mano de la brocha gorda para instalar en la opinión pública y la publicada que los jueces son todos independientes y los fiscales, todos unos mandados del Gobierno porque su dependencia jerárquica les somete a la voluntad del Fiscal General. 

Más rotondas para los alcaldes de Junts

Y si hablamos de descaro o impudor la cuestión no se limita a la derecha española. La catalana tiene su cuota alícuota porque mucho se ha hablado estos días del alcance de la ¿ruptura? de Junts con el Gobierno de Sánchez, y muy poco de que durante la última performance de Puigdemont para poner distancia, nada dijo de la llamada “presencia catalana” que los junteros arrancaron a los socialistas en distintas empresas públicas españolas a cambio de sus votos. 

Ahí siguen, de momento, ocupando cargos relevantes y muy bien remunerados en empresas de titularidad estatal, como RTVE, Aena, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) Enagás o Renfe. Igual que los alcaldes post convergentes, que por la mañana ven un peligro para sus intereses electorales prestar apoyo a Sánchez y por la tarde piden audiencia en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que Óscar Puente les financie alguna rotonda u polideportivo en sus respectivos municipios. Ya sabes: una cosa es romper, y otra renunciar a la financiación estatal.  

Soplar y sorber a la vez no puede ser.