Caso García Ortiz o cómo una acusación de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso acaba con el jefe de la Fiscalía juzgado

El caso de presunta revelación de secretos por el que se sienta este lunes en el banquillo el fiscal general del Estado no arranca con la publicación de un correo electrónico enviado a la Fiscalía de Madrid por el abogado de Alberto González Amador buscando un pacto, hecho este que sustenta la acusación contra Álvaro García Ortiz. El caso contra el fiscal general del Estado se explica en un acontecimiento anterior: la publicación por elDiario.es de que la pareja Isabel Díaz Ayuso había engañado a Hacienda durante dos ejercicios fiscales usando facturas falsas. 

Fue en el momento en el que este medio se puso en contacto con González Amador para incluir su versión en el texto que iba a publicar a la mañana siguiente cuando se puso en marcha una maniobra política y mediática destinada a amortiguar el impacto que la noticia tendría sobre la líder de la derecha madrileña. Esa estrategia ha culminado con el máximo representante de la Fiscalía juzgado en el Tribunal Supremo, un hecho sin precedentes y un asidero al que Díaz Ayuso recurre cada vez que se le pregunta por la acusación de cinco delitos que soporta la persona con la que convive. 

Los 19 meses que van desde la llamada que este medio hizo a González Amador en la tarde del 11 de marzo de 2024 y el inicio de la vista contra el fiscal general del Estado albergan una serie de hitos judiciales que explican cómo una acusación de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso, sustentada en un contundente informe de la Agencia Tributaria, derivó en el procesamiento del máximo responsable de esa Fiscalía, pese a que el hecho delictivo mutó –de una nota de prensa a la publicación de una información veraz– y después de que se haya producido una inaudita instrucción en el Tribunal Supremo. 

El propio González Amador declaró en fase de instrucción cómo Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, estaba al tanto de la investigación de Hacienda que dio pie a la querella que presentó después la Fiscalía. En contra de las sospechas de González Amador, Miguel Ángel Rodríguez le tranquilizaba: la Agencia Tributaria en una institución “seria” y su nombre era demasiado común: Nadie sabría que estaba siendo sometido a una inspección por no haber declarado las enormes ganancias que había empezado a obtener en 2020, primero con una comisión de mascarillas y luego multiplicando, ya durante la relación con Ayuso, sus contratos con el grupo sanitario Quirón. Esa confianza inicial en la Agencia Tributaria del entorno de Ayuso mutaría en la denuncia de una “operación de Estado” contra la presidenta madrileña cuando se conocieron los graves indicios contra su pareja. 

Una semana después de que la querella de la Fiscalía llegara a los juzgados de Madrid, elDiario.es reveló que el fraude alcanzaba tal magnitud que el Ministerio Público había iniciado acciones legales. La noticia, publicada a las 6 de la mañana del 12 de marzo de 2024, desató un terremoto político y puso a Miguel Ángel Rodríguez a trabajar.

Esa misma mañana, la presidenta madrileña reaccionó por primera vez a la información. Así arrancó la estrategia de denunciar una operación contra ella en la figura de su pareja, obviando que la Agencia Tributaria había demostrado que González Amador escamoteó a la Hacienda Pública un total de 350.951 euros en dos ejercicios fiscales mediante el uso de 17 facturas falsas. 

“Era algo que me esperaba porque desde hace cinco años todos los días me pasa algo similar. Primero fue mi padre, después mi hermano, mi madre, mis primos, mi pueblo, mi barrio, mi colegio, mis profesores y mi expediente. Después fue mi etapa universitaria. Siempre ha sido buscar algo en mi entorno”, dijo a los medios en Castelldefels (Barcelona).

Al día siguiente, Díaz Ayuso, ya de vuelta a Madrid, fue más allá y denunció una persecución contra ella “de todos los poderes del Estado”, de la que responsabilizó directamente a Pedro Sánchez. Ayuso incluyó una maniobra de distracción consistente en asegurar que era Hacienda quien le debía 600.000 euros a su pareja y no al revés. La presidenta madrileña se refería, en realidad, a que González Amador intentó regularizar su situación con ese pago después de que Hacienda descubriera su fraude y se lo hubiera trasladado. 

Por la tarde todo se precipitaría. Alrededor de las 19.00 horas, Miguel Ángel Rodríguez comenzó a difundir un mensaje de whatsapp entre varios periodistas en el que aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, pero que después lo había retirado por “órdenes de arriba”. Por si alguien tenía dudas de lo que quería transmitir el asesor de la presidenta, él mismo añadía: “Todo turbio y feo”. 

Había que ‘pinchar’ como fuera el impacto de la crisis más grave de Díaz Ayuso en su vida política. Su pareja no era el “técnico sanitario” que se había vendido a través de las revistas del corazón. Era un empresario y un comisionista que había hecho la operación de su vida con una compraventa de mascarillas en pandemia –casi 2 millones–, antes de empezar a salir con Ayuso, y que luego había engañado a Hacienda en dos ocasiones, de forma burda, estando ya con la presidenta.

Además, elDiario.es desvelaba una forma de vida que los madrileños desconocían de su presidenta: reside en un piso en una cara zona de Madrid que había comprado el defraudador fiscal, pero también disfrutaban de un ático situado justo arriba, del que no había explicación de a quién pertenecía o cómo se pagaba. 

La estrategia no se iba a limitar a que Ayuso denunciara públicamente una oscura operación de los poderes del Estado contra ella. Miguel Ángel Rodríguez, persona clave en el ascenso al poder de José María Aznar y protagonista de la carrera política de Ayuso, trabajaría por detrás, sin aparecer públicamente. Sus movimientos hicieron saltar las alarmas de la Fiscalía la tarde del 13 de marzo, el día siguiente a la primera publicación de elDiario.es. 

Algunos periodistas se pusieron en contacto con el Ministerio Público para intentar confirmar una información que Rodríguez había empezado a esparcir acerca de una extraña maniobra consistente en que, poco después de la publicación de este medio sobre la querella contra González Amador, el fiscal del caso había ofrecido un pacto al empresario defraudador para evitar su ingreso en prisión. Por si fuera poco sospechoso el ofrecimiento, Rodríguez aseguraba que poco después se había retirado “por órdenes de arriba”, es decir, de la cúpula fiscal.

La noticia falsa, el bulo

Un par de horas después, el diario El Mundo publicaba una información con la tesis de Miguel Ángel Rodríguez en la que ya se incluía el contenido de un correo electrónico del fiscal del caso al abogado de Rodríguez. Ese mensaje fue enviado tres horas después de que elDiario.es revelara la existencia de la querella. Todo daba una apariencia de concertación, pero no era así. 

En la información de El Mundo faltaba algo que el entorno de la presidenta ocultaba interesadamente. El mensaje era el último de una cadena que había iniciado el 2 de febrero el abogado de González Amador. Fue su letrado quien ofreció el pacto y el pago de una multa al tiempo que reconocía los delitos de su cliente. 

La Fiscalía decidió que debía de publicar una nota de prensa aclarando los hechos. Había que “ganar el relato”, según la expresión utilizada por el fiscal general en un mensaje a una subordinada. Esa afirmación se ha retorcido para equipararla a una maniobra parecida a la que encabezaba Rodríguez. Con “ganar el relato”, el fiscal general trasladaba, según ha explicado, que la verdad debía imponerse a la mentira y proteger así a la institución y al fiscal del caso. En ese momento, Álvaro García Ortiz no sabía que aquella decisión le sentaría en el banquillo, como cualquiera de los delincuentes a los que ha perseguido durante su carrera. 

Miguel Ángel Rodríguez ha reconocido en el Tribunal Supremo que recibió autorización de González Amador para difundir el correo que publicó El Mundo y que puso en contacto a la pareja de su jefa con el periodista que firmó la información. Pese a tratarse de “un ciudadano particular”, como ha repetido en diversas ocasiones Isabel Díaz Ayuso sobre González Amador, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña se había entregado al caso desde el mismo momento de la publicación de elDiario.es.

Fue otro acontecimiento el que a la postre, muy a la postre, serviría para sentar a García Ortiz en el banquillo. Después de la información de El Mundo, la cadena Ser difundió una información en antena, acompañada de una publicación en su web, con el correo del 2 de febrero en el que se demuestra que fue el abogado del comisionista quien ofreció el pacto y en el que reconocía que su cliente era un defraudador fiscal. “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, escribía el abogado al fiscal. 

No se le podía llamar “defraudador confeso”

Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado concluyó que había indicios suficientes de que él era el máximo responsable de la difusión en los medios de ese correo electrónico por el interés que había mostrado en obtener esos mensajes para la elaboración de la nota de prensa. De que se los hiciera llegar a los periodistas no hay un solo indicio y seis periodistas han declarado que tenían los mensajes antes que el fiscal general.

La defensa de González Amador pide que García Ortiz sea condenado a cuatro años de prisión y el pago de una multa de 300.000 euros por la difusión de ese correo, cuyo contenido, alega, motivó que se le llamara “defraudador confeso”. En realidad, el empresario y comisionista albergó, al igual que la Fiscalía, la posibilidad de un pacto mucho tiempo después de denunciar al fiscal general. 

Solo la actuación de la acusación popular, que detectó en el informe de Hacienda nuevos delitos, impulsaría una nueva investigación y arruinaría en junio de 2024 las esperanzas de alcanzar una condena por conformidad. Pero ese pacto solo se podría alcanzar con el reconocimiento de los delitos cometidos por parte de la pareja de Ayuso. 

La indignación con la publicación de un correo y una información veraz cundió de forma selectiva. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) es una organización de enormes dimensiones en consonancia con el número de colegiados que acoge. Las elecciones a decano son un acontecimiento político de primer nivel en la capital. Se presentan varias listas, la mayoría conservadoras, y también una de izquierdas que siempre sale derrotada. El actual decano, Eugenio Ribón, consideró que la nota de la Fiscalía General del Estado, a la mañana siguiente del lo publicado en El Mundo, merecía que el ICAM presentara una denuncia por lo que consideraba “un ataque al secreto profesional”. Luego, Ribón explicaría su postura de forma más detallada en una tribuna en el diario ‘Abc’. González Amador también se querelló. 

El caso acabó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por estar afiliada la fiscal provincial de Madrid, primera investigada junto al fiscal del caso, Julián Salto. Un juez de ese tribunal, Francisco José Goyena, afiliado a la mayoritaria asociación conservadora de la carrera, admitió a trámite las querellas, en contra del criterio de la Fiscalía, y comenzó a investigar. 

Concluyó que había indicios para imputar al fiscal general del Estado, así que elevó el caso al Tribunal Supremo. Allí ya habían acudido los ultraderechistas habituales en las demandas judiciales, con Manos Limpias al frente. Los jueces del Supremo, por unanimidad, decidieron abrir una causa, pero no por la nota de prensa de la Fiscalía, motivo por el que habían recibido la exposición razonada de Goyena. Investigarían la publicación del correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía su culpabilidad. Investigarían la publicación de una información veraz que desmentía un bulo. 

Whatsapps2

El juez Hurtado, la UCO y el arma de los adjetivos

El caso sería instruido por Ángel Hurtado, el juez que se opuso a que Mariano Rajoy declarara en el juicio de la caja B del PP, que votó en contra de apartar de los juicios de Gürtel a dos compañeros de la Audiencia Nacional vinculados a la formación política y que quedó en minoría cuando se negó, en el seno de un tribunal de tres, a incluir una referencia a la financiación irregular del partido en la primera gran sentencia sobre la trama de corrupción. Hurtado había llegado al Supremo con un acuerdo entre la mayoría conservadora y los progresistas del Consejo General que debía haberse renovado dos años antes y que no cambiaba de composición porque el PP se negaba a perder esa ventaja a la hora de colocar en puestos clave a los magistrados de sensibilidad conservadora. 

Para procesar a García Ortiz, el juez Hurtado contó con un apoyo inestimable. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destacaba el carácter “preeminente” de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado, una obviedad que plasmada en un informe de policía judicial sobre el origen de la filtración representaba un arma que cargaba de futuro la causa contra el fiscal general.

El Alto Tribunal confirmó la decisión de Hurtado de juzgar a García Ortiz porque considera que hay indicios de que él filtró el correo electrónico. Un mensaje en el que se apoyaron los medios para publicar una información veraz y que desmentía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Uno de los tres jueces que refrendaron el procesamiento de García Ortiz emitió un voto particular en el que aseguraba: “No resulta posible atribuirle de una manera mínimamente justificada la filtración”.

El juicio contra García Ortiz por revelación de secretos arranca el lunes. Mientras, el empresario y comisionista Alberto González Amador se encuentra a la espera de que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre el recurso contra su procesamiento por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, la acusación que recogía la querella cuyo contenido difundió el 12 de marzo de 2024 elDiario.es. Además, la pareja de Ayuso está siendo investigado en otra pieza por corrupción en los negocios y administración desleal. La lentitud de la Audiencia de Madrid, saturada de procedimientos, hará que pasen muchos meses para que se celebre el primer juicio contra él, si es que la instancia superior al juez no archiva antes la causa.

Nota: El 16 de marzo, cuatro días después de la exclusiva de elDiario.es sobre el fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez escribió a una periodista de este medio una serie de mensajes. En uno de ellos decía: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar”.