De cómo el ‘virus Aldama’ involucra al ministro Torres en el caso Koldo sin las pruebas que permitieron procesar a Ábalos

“La avaricia no es delito”. Con esta frase justificaba un fiscal Anticorrupción su decisión de no abrir una causa penal contra un empresario que consiguió un lucro colosal durante la pandemia vendiendo a la administración cientos de miles de mascarillas a un precio desorbitado. Ese fiscal había investigado y archivado varios casos parecidos durante 2021 y 2022, como el que permitió al hermano de Isabel Díaz Ayuso y a su socio ganar un millón de euros de beneficio tras vender a la Comunidad de Madrid 250.000 mascarillas compradas en China por solo 500.000 euros.

Los delitos vinculados a la compraventa de mascarillas en pandemia que han permitido abrir causas penales tienen que ver con tres aspectos muy concretos del negocio:

— El pago de comisiones ilegales por parte del empresario vendedor a los funcionarios que adjudicaron los contratos, como el caso que afecta al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su asesor principal, Koldo García, y al denominado nexo corruptor, el empresario comisionista Víctor Aldama.

— El fraude fiscal de quienes no pagaron los impuestos debidos por el beneficio conseguido, como Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña.

— La entrega de material defectuoso, como en el caso de Alberto Luceño y Luis Medina, comisionistas que vendieron material chino al Ayuntamiento de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción presentó en 2023 una querella contra Koldo García y Víctor Aldama, quien logró diversos contratos a dedo, sin concurso ni competencia, para vender mascarillas al ministerio de Transportes, al ministerio del Interior, y a las comunidades de Canarias y Baleares.

En esa querella, Anticorrupción aclaró que su acusación no tenía que ver con los contratos de mascarillas, sino con el hecho de que los beneficiarios del contrato hubieran repartido una parte de sus beneficios con quienes le habían facilitado el negocio en el Ministerio: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Y es que, en pandemia, saltaron todos los controles administrativos de la contratación mediante el decreto 463/2020 de 14 de marzo: “A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al covid-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia sujeta a un régimen excepcional que implica que los contratos objeto de esta no están sometidos a la obligación de tramitar el expediente de contratación, sin tener que sujetarse el procedimiento de contratación a los requisitos formales establecidos en la mencionada ley”.

La interpretación de este decreto hizo que la Fiscalía Anticorrupción archivase algunas investigaciones abiertas por venta de mascarillas que podrían resultar a simple vista escandalosas. El argumento de los fiscales era siempre el mismo: “El material comprometido se entregó al precio estipulado y en las condiciones pactadas. Si el precio fue excesivo o no; si cobraron mucho más de lo que pagaron en China por el material, son asuntos que no pueden ser perseguidos penalmente, porque las normas de contratación que regían en aquellos meses, al inicio de la pandemia, permitían a los contratistas poner el precio que les diera la gana”.

Medios de comunicación afines al PP llevan meses alentando la teoría de que quienes fueron presidentes de Baleares, Francina Armengol, y Canarias, Ángel Víctor Torres, acabarían imputados en el caso mascarillas porque compraron estas protecciones al empresario Víctor Aldama, corrupto confeso, por mediación de Koldo García, procesado en este caso junto a su jefe, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El virus Aldama contamina todo lo que toca, según algunos. Pero la investigación no ha encontrado hasta ahora un solo indicio de que Torres o Armengol cobraran comisiones por facilitar ese contrato de mascarillas al comisionista que supuestamente sobornó al exministro Ábalos, y a su asesor, Koldo García. Contratar a Aldama en pandemia no era ilegal, ni puede ser delictivo, salvo que haya otros detalles en la operación como el pago de comisiones ilegales a quienes facilitan el negocio. Que la Comunidad de Madrid comprara mascarillas en lo peor de la pandemia con el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso al triple del precio pagado por el material en China fue legal. La avaricia no es delito.