El juez del Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por el caso de las mascarillas

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado un auto en el que cierra la investigación del caso mascarillas y propone juzgar al ex ministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama, informan fuentes jurídicas. La causa que el juez del Supremo ha enviado a juicio se sigue por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias y malversación.

En su auto, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

La bautizada como ‘operación Delorme‘, que dio origen a la instrucción en el Supremo, comenzó investigando si Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, cobró comisiones de contratos millonarios de venta de mascarillas a cambio de conectar a empresas de la trama con administraciones públicas. Los avances de la investigación permitieron descubrir que el propio Ábalos recibió contraprestaciones por las adjudcaciones a las empresas implicadas. Su aforamiento motivó que el caso acabara en el Tribunal Supremo.

Una de las empresas investigadas en la causa es Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, que entre 2020 y 2021 obtuvo un total de 12 adjudicaciones públicas que rozan los 53 millones de euros por la adquisición de material sanitario para hacer frente a la pandemia: mascarillas pero también agujas hipodérmicas y servicios de gestión para facilitar la entrada de todo en España. Algunos de estos contratos fueron pagados en parte con fondos europeos, lo que llevó a Anticorrupción a dar traslado a sus colegas de la Fiscalía Europea el verano pasado.

Son ocho los contratos de mascarillas bajo sospecha. El de mayor cuantía lo adjudicó Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020 por valor de 20 millones. Seis días después, el 27 de marzo, Adif firmó otro por valor de 12,5 millones. Ambos organismos dependen del Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos (PSOE). Con apenas un mes de distancia, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior firmó otro por valor de 3,5 millones. Además, el Servicio Canario de Salud le adjudicó otros cuatro por un valor total de 12,3 millones y el de Baleares un último de 3,7 millones. 

En total, una empresa sin experiencia en el mercado sanitario ni contactos anteriores con los fabricantes chinos tuvo unas ganancias de más de 16 millones de euros en apenas dos meses suministrando material sanitario a diferentes administraciones. Fueron contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de urgencia, una modalidad que el Gobierno había aprobado ante la situación de extrema necesidad que imponía la pandemia.