Andalucía entregará los datos del cribado de cáncer «disponibles» tras el amago del Gobierno de acudir a los tribunales

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha contestado este martes a la Ministra de Sanidad, que había acusado al Gobierno andaluz, entre otros autonómicos liderados por el PP, de negarse a entregar al Ministerio los datos del cribado de cáncer. Sanz ha anunciado que entregará los datos “comunes y disponibles” y ha asegurado que la Junta no se niega a dar información, reprochando a García que exija indicadores que aún no han sido consensuados entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

La Ponencia de Cribados, un grupo de trabajo técnico integrado por comunidades autónomas y el Ministerio, es la encargada de consensuar qué datos envían las comunidades autónomas al Ministerio y cómo. Así ocurre por ejemplo con el envío de los datos sobre listas de espera. Pero para los cribados de cáncer hay un borrador de qué indicadores deben remitir las comunidades autónomas que aún no ha sido aprobado, según insisten las comunidades gobernadas por el PP, cuyos consejeros se levantaron de la reunión con el Ministerio hace dos semanas. Además, Sanz asegura que la Ponencia no ha “cerrado los trabajos” para poner en marcha la aplicación informática “necesaria para que se vuelquen los datos requeridos”.

La Consejería de Sanidad remitirá al Ministerio los datos “comunes y disponibles”, según ha anunciado Sanz: se trata de la cobertura, participación y tasa de detección en los programas de cribado. Estos son, según subraya el Gobierno andaluz, los indicadores incluidos en la Estrategia Nacional de Cáncer del Sistema Nacional de Salud. El titular andaluz de Sanidad ha incidido en que el Gobierno de Moreno no se ha negado a facilitar los datos, “sino a hacerlo de cualquier manera y por canales extra oficiales”.

Por la mañana, la ministra había anunciado que el Consejo de Ministros ya ha activado el requerimiento formal para obligar a las comunidades autónomas a enviar los datos en el plazo de un mes. “La ley se cumple y punto”, ha advertido García, que ha explicado que, de mantenerse en el boicot, se recurrirá a un proceso contencioso-administrativo para que sean los tribunales los que fuercen la transparencia de esos datos.

Por la tarde, Sanz la ha acusado de difundir “mentiras y acusaciones” y de “no hacer sus deberes” y le ha pedido “rigor y que no falte a la verdad”. “Es la propia García quien ha dado marcha atrás hoy con respecto a las declaraciones hechas hace unos días y ahora solo pide los indicadores que tengamos disponibles”, ha señalado Sanz.

Crisis en Andalucía como telón de fondo

El Gobierno andaluz afronta desde hace un mes la mayor crisis desde que Juan Manuel Moreno es presidente. Es, en primer lugar, una crisis sanitaria que afecta al menos a 2.317 mujeres que, habiendo participado en el programa de cribados para la detección precoz del cáncer de mama no fueron informadas en tiempo de que su diagnóstico era “no concluyente”, por lo que no se realizaron o se realizaron tarde una prueba de confirmación. Las denuncias de las víctimas, inicialmente minimizadas por el Gobierno andaluz, han creado un problema reputacional a Moreno.

Es también una crisis judicial, que ya ha supuesto la apertura de dos investigaciones por parte de la Fiscalía, que indaga si estos retrasos pueden suponer algún delito de homicidio o lesiones imprudentes y/o omisión del deber de prestar servicios sanitarios. Y es, por último, un gran maremoto político que ha torcido el rictus de Moreno y le ha situado por primera vez a la defensiva a menos de ocho meses, como mucho, de las próximas elecciones autonómicas.

La crisis de los cribados ha alterado la plácida legislatura que navegaba el PP, y que le encaminaban, según las encuestas, a una repetición de la mayoría absoluta que ahora ya no se ve tan clara. En estas semanas, Moreno ha tenido que forzar el cese de su consejera de Salud Rocío Hernández, ha afrontado manifestaciones masivas frente a San Telmo y ha liadiado en el Parlamento con las críticas de la oposición, que ve en este problema el síntoma definitivo del desmentalamiento de la sanidad pública que lleva años denunciando y que ya tiene otras derivadas en los tribunales, con la investigación en vía penal del fraccionamiento de contratos sanitarios y el uso extemporáneo de la contratación de emergencia a dedo aprobada para el periodo del COVID.

En medio de esta tormenta, la exigencia de información por parte del Ministerio es percibida por el Gobierno andaluz como un ataque. De ahí, que Sanz haya pedido a la ministra que “deje de utilizar el Ministerio de Sanidad con fines partidistas y se ponga a trabajar, desde la lealtad institucional”. Sanz ha pedido a García que convoque un Consejo Interterritorial Extraordinario con dos puntos en el orden del día: “cerrar lo establecido por la Ponencia de Cribados y abordar el gran reto del sistema sanitario, que es la falta de profesionales, cuestión que depende exclusivamente del Gobierno de España”.