Las redadas ‘trumpistas’ en Lavapiés que indignan al barrio: «A su padre lo pararon por ser negro»

Las redadas contra inmigrantes han sido una de las prácticas habituales más criticadas desde que Donald Trump ha vuelto a la presidencia de los Estados Unidos. Esta misma semana, varios colectivos hispanos en Norteamérica presionaron a su administración con una campaña para obligarles a rendir cuentas en el Capitolio o modificar los protocolos de actuación policial, en aras de equilibrar la promesa de una seguridad pública con los derechos humanos de las personas migrantes. Las numerosas detenciones a pie de calle le han valido múltiples reproches a Trump por la agresividad empleada durante los arrestos, tanto desde la oposición como en entornos activistas. Una polémica costumbre que algunos, muy lejos de allí, comienzan a ver replicarse en sus plazas.

En el barrio madrileño de Lavapiés, en Madrid, vecinos y movimientos antirracistas alzan la voz días después de otra macrorredada policial que ha sembrado indignación en el barrio. El operativo desplegó a un centenar de agentes en la plaza de Nelson Mandela –centro neurálgico de un barrio multicultural– el pasado 23 de octubre, con el objetivo de detectar a delincuentes e inmigrantes irregulares o incautar droga. Ese día, la Policía Nacional identificó a unas 90 personas en la zona aunque solo cinco acabaron detenidas.

“¡Basta ya de redadas racistas!”, llamaron a la protesta las distintas asociaciones que, el sábado pasado, denunciaron la actuación policial junto a decenas de personas en la Plaza de Lavapiés. Colectivos vecinales u organizaciones por la inclusión hablaron de una persecución para “amedrentar y criminalizar” a las personas racializadas del barrio. Es decir, discriminarlas por su color de piel. “Lo tenemos claro: esto no es por seguridad, es racismo institucional”, destacaron conjuntamente en un comunicado. La intervención de finales de octubre llegó también al Casino de la Reina, donde en ese momento entrenaba el club de fútbol Dragones de Lavapiés.

El equipo ha denunciado públicamente que sus jugadores, en torno a los 10 años de edad, tuvieron que ver cómo un grupo de agentes se acercaba a las gradas sin previo aviso para llevarse a algunos familiares que habían ido a ver el entrenamiento. Pedro, el entrenador del club, estaba allí ese día y asegura a Somos Madrid que los agentes retuvieron “durante unos 45 minutos” a los dos únicos hombres entre el público, completamente racializado y donde la mayoría eran mujeres.

La Policía: “Lavapiés no es una de las mejores zonas”

La presidenta de la agrupación deportiva, Dolores Galindo, confirma que “las redadas masivas en Lavapiés siempre han afectado entre sus jugadores”, principalmente de origen árabe o africano. Desde la Policía Nacional no dan razones más allá de la “precaución” para una operación de esta magnitud, y dicen no tener constancia de que el despliegue también llegara al Casino de la Reina. “No es que hubiéramos recibido más denuncias o alertas que otras veces, pero Lavapiés no es una de las mejores zonas y muchos fines de semana son frecuentes las agresiones con arma blanca”, destacan en el cuerpo, que inició la redada un jueves.

A pesar de haber desplegado a cien agentes coordinados, desde el órgano policial hablan de una tarea rutinaria para mantener el control de la plaza. Aunque hay quienes advierten en ello una contradicción. “Es evidente que en Lavapiés hay un problema con la heroína, pero también lo tienen en el barrio de Salamanca con otras drogas que, como son caras y de diseño, no parecen molestar tanto. Ese es el verdadero elefante en la habitación”, sentencia una de las vecinas del barrio y portavoz de SOS Racismo Madrid, María Bennouna, en declaraciones a este periódico.

La suya es una de las organizaciones antirracistas que convocaron la protesta del sábado y denuncian un componente “discriminatorio” en las redadas por Lavapiés, habituales desde hace tiempo. María se mudó al barrio en 2019 y, desde entonces, dice ver operaciones de este tipo al menos dos veces al año. “Es bueno que haya vigilancia o intenten mantener la seguridad, pero ya no hacen falta más policías: lo de necesitamos ahora son más servicios sociales y recursos habitacionales para esa gente que está en la calle”, considera.

Que además haya ocurrido en presencia de niños le resulta un “caos innecesario” por el que no deben pasar. “Hubo chicos que acabaron diciéndole a su entrenador, simple y llanamente, que a su padre lo habían detenido por ser negro”, puntualiza refiriéndose a Pedro, que también confirma esas palabras. “Si a la manifestación del 1 de noviembre vino tanta gente [estiman más de un centenar de asistentes] es porque la mayoría del barrio está concienciado de lo que ocurre, y es que siempre retienen a gente con un perfil racial. Hay quienes vinculan la delincuencia con la inmigración y eso no puede ser”, reivindica María Bennouna.

Sin embargo, el letrado el ICAM (Colegio de Abogacía de Madrid) especializado en temas de Extranjería, Mariano Calleja, recuerda que entre las competencias legítimas de la Policía está organizar redadas sin necesidad de alicientes previos; es decir, sin que recaigan sospechas concretas contra alguien por estar en situación irregular. El abogado añade que, aunque no existe base legal que lo permita de manera específica, “ningún juez va a penalizar a alguien que busque entre migrantes algún incumplimiento de la Ley de Extranjería”. Algo que, añade por otro lado, “rara vez le ocurriría a un sueco rubio de ojos azules”.

Varios antecedentes de redadas policiales en Lavapiés

No es la primera vez que una batida policial llama la atención en la zona. Durante la primera semana de junio, la misma plaza de Nelson Mandela volvió a ser protagonista de otra trifulca entre policías e inmigrantes que se solapó con una riña muy cerca de allí, en Tirso de Molina. Ambos sucesos se entremezclaron y desencadenaron un altercado mayor, que terminó con varios detenidos y algunos agentes con heridas leves.

Una manifestación antirracista contra una redada policial de 2018 en la plaza de Lavapiés

Días más tarde, el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid censuró uno de los arrestos de ese día, el de un guineano de 26 años al que la Policía Municipal trató de confiscar su teléfono, con el que grabó la intervención de esa noche. El hombre no lo hizo y los agentes le indicaron que debería acompañarles a la comisaría, llegando a tirarle al suelo para inmovilizarle o colocarle las esposas, dejándolo aparentemente inconsciente.

En la secuencia, que sí registraron otros vídeos de testigos difundidos en redes sociales, se observa cómo un hombre de origen africano habla con la Policía Municipal. Cuando le agarraron para detenerle, intenta zafarse hasta que el agente le tira al suelo y otros a su alrededor comienzan a increparle. Finalmente, un tribunal madrileño determinó que el policía se “extralimitó” en su proceder e incluso ordenó abrir un expediente a esos agentes para estudiar si se había cometido un delito.

Para la portavoz de SOS Racismo Madrid, la presencia policial en la zona se incrementó después del cierre de La Quimera, un edificio okupado en la esquina de la plaza Nelson Mandela con la calle del Amparo que fue desmantelado en 2022 durante una operación conjunta de la Policía Nacional y Municipal, que habían advertido dentro un punto de consumo y venta de estupefacientes para el que había interpuestas varias denuncias de los vecinos. Dentro vivían unas 70 personas, incluidas tres mujeres y un menor de edad.

“Allí también se acogía a migrantes en situación de calle o se organizaban actividades para el barrio, pero como empezó a haber movimiento de droga se trasladó a muchos policías a su alrededor. Cuando dejó de existir, esos agentes se quedaron en el barrio aunque empezaron a patrullar por otras zonas”, relata María. El presidente de la Asociación Vecinal La Corrala (que opera en la zona), Manolo Osuna, se muestra a favor de la presencia policial en Lavapiés aunque censura que se desarrollen operativos como los del 23 de octubre, “que se hacen de forma muy espectacular pero no obtienen grandes resultados”, explica refiriéndose al despliegue de un centenar de agentes para cinco detenciones.