Las acusaciones encuentran el pozo seco en el juicio del fiscal general

El juez instructor Ángel Hurtado se tiró a la piscina desde muy alto cuando comenzó el relato de los hechos en el auto de procesamiento del fiscal general con el que cerraba la instrucción con estas palabras: “A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. Nada de ambigüedades o lenguaje alambicado propio del mundo judicial. Hurtado decidió que se trataba de una operación diseñada por Moncloa y ordenada al fiscal general, Álvaro García Ortiz. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se ocupó de recordarle que ahí no había agua ni indicios serios que sustentaran su teoría.

Por mucho que Hurtado tenga ideas extrañas sobre cómo se envía una investigación a juicio, el del fiscal general contaba el miércoles con la presencia de dos testigos del partido socialista que obviamente tenían una relación con altos cargos del Gobierno. El primero era Juan Lobato, líder del PSOE madrileño hasta que un día se presentó en un notario para que quedara constancia de todas sus comunicaciones y a su partido le dio un susto de muerte. La segunda, Pilar Sánchez Acera, por entonces número dos del jefe de gabinete de Moncloa y también integrante de la Ejecutiva del PSOE madrileño.

La intención del equipo de las acusaciones particular y popular era pillar a ambos en alguna contradicción frente a lo dicho en la instrucción que permitiera implicar a Moncloa. Por eso, el abogado de Alberto González Amador comenzó el interrogatorio de Lobato preguntando quién fijaba en Moncloa la política de comunicación o si él había recibido instrucciones del secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. En un momento dado, el presidente del tribunal advirtió al letrado que ese asunto había sido eliminado como objeto del juicio por la Sala de Apelaciones. Pero lo cierto es que siguieron escuchándose preguntas sobre un posible papel de Vallès –o de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE– en la utilización de un documento sobre los presuntos delitos tributarios del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez Acera pasó a Lobato un documento por si quería emplearlo en un debate en la Asamblea de Madrid frente a Ayuso. En el juicio, el abogado le preguntó si creía que ese documento “venía de la Fiscalía”. “No es que lo creyera”, respondió Lobato. “Por un criterio de prudencia, pensaba que, si no estaba acreditado el origen del documento, era mejor no usarlo”. Finalmente, lo utilizó en el debate, después de que lo publicara El Plural. Sánchez Acera dijo que ese medio había publicado el contenido del correo electrónico a las 9.04 horas de la mañana. Ella se lo pasó a Lobato a las 9.29 h., un dato que no refutó ninguna de las acusaciones.

A la exjefa de gabinete del hoy ministro Óscar López, le preguntaron quién le había pasado ese correo. “Me viene de un medio de comunicación. No puedo recordar el nombre del periodista que me hace ese envío”. Justificó en que habían pasado ocho meses desde ese día hasta que Lobato anunció que entregaba todos los mensajes en su poder a un notario.

Esa declaración de Sánchez Acera puede ser recibida con escepticismo, como siempre que un político no se acuerda de una información concreta sobre un hecho muy valioso para sus intereses. Pero ninguna de las acusaciones logró ponerle en aprietos planteando otras hipótesis que pudieran ser perjudiciales para la defensa del fiscal general. Y lo más probable es que contaran con ello.

Luego, aparecieron varios periodistas como testigos. De entre todos los recursos con los que cuentan las acusaciones o defensas en un juicio, uno de los menos efectivos es llamar a declarar a un reportero. No es que sean mala gente. De entrada, pueden acogerse al derecho al secreto profesional –reconocido en la Constitución– y no revelar las fuentes de su información. Además, pueden entrar en valoraciones sobre su trabajo que los jueces no tienen por qué compartir. Puede ocurrir que den una información que resulta que es falsa y afirmar en el juicio que la dieron porque pensaban en ese momento que era una información “veraz”. Esto último es un concepto que se puede estirar como un chicle. 

Isaac Blasco, periodista de Vozpópuli, declaró sobre una información de su medio no escrita por él que recogía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez por el que la Fiscalía había retirado la oferta de negociar con el abogado de González Amador “por órdenes de arriba”, es decir, del Gobierno. Esa era la tesis de Rodríguez y Díaz Ayuso. Blasco no reveló la fuente de esa información, a lo que tiene derecho, y dijo que se publicó porque le pareció “veraz y solvente”.

Más tarde, compareció Esteban Urreiztieta, de El Mundo, autor de una noticia del 13 de marzo de 2024 titulada: “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso”. Se basaba en uno de los emails, no el primero, que intercambiaron el fiscal del caso, Julián Salto, y Carlos Neira, abogado de Amador. El fiscal se abría a llegar a un pacto de conformidad, algo muy habitual en los delitos fiscales, en los que la prioridad suele ser que la Agencia Tributaria reciba el dinero que le deben.

El primer email de esa secuencia de comunicaciones revelaba que fue Neira quien hizo la primera oferta de negociar, algo también habitual. Es inevitable que aceptes algún tipo de culpabilidad del acusado. De lo contrario, la Fiscalía ni se molesta en llegar a un acuerdo y espera al juicio.

Urreiztieta declaró que no conocía ese primer email cuando elaboró la noticia. Sobre el email del que informó, señaló que “para nosotros, es una oferta (del fiscal), un correo independiente de los otros”. Definió la comunicación de esta manera: “Es un fiscal animando al contribuyente a cerrar un acuerdo”. Eso no es lo que dijo el fiscal Salto cuando declaró el primer día del juicio. Salto estaba abierto a negociar y ya había recibido un email de Neira con las palabras: “Ciertamente, se han cometido dos delitos fiscales”.

Después llegó el turno de dos periodistas de eldiario.es, José Precedo y Marcos Pinheiro. La declaración de Precedo era importante, porque había recibido la documentación del caso, incluido el expediente realizado por la Agencia Tributaria, el 6 de marzo de 2023, una semana antes de que cayera en manos del fiscal general. No lo publicó antes porque no tenía permiso de la fuente que le había transmitido la información, una situación normal en periodismo. Y además había que confirmar todos los extremos de la noticia. El periodista se acogió al secreto profesional para no revelar la identidad de esa fuente.

El abogado de González Amador y sobre todo el abogado de la asociación de fiscales que acusa a García Ortiz intentaron sugerir una cierta cercanía personal de Precedo con el fiscal general, que el periodista negó. Afirmó que era estrictamente profesional desde los tiempos en que García Ortiz intervino en la investigación judicial del naufragio del Prestige en Galicia. “En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel. Nunca”, dijo. Ahí fue cuando se produjo uno de los momentos más tensos del juicio y la intervención más discutible del presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Precedo dijo lo que ya ha dicho en otras ocasiones: “Yo sé quién es la fuente (de esa primera información sobre la investigación de Amador) y no lo puedo decir. Es un dilema”. Arrieta se lo tomó muy mal, como si fuera un ataque personal: “Una cosa es que no lo diga y otra que nos amenace”. Eso sí que sería una novedad en la historia del Tribunal Supremo, que un testigo amenace a un tribunal. “Solo digo que es un dilema moral. No amenazo. Sé que García Ortiz es inocente”, respondió Precedo.

El magistrado Arrieta no intervino para recordar a Miguel Ángel Rodríguez que el hecho de que la carrera fiscal sea jerárquica no quiere decir que los fiscales actúen únicamente cuando tienen órdenes directas del Gobierno. Tampoco creyó oportuno decir nada cuando González Amador afirmó que no tendrá un juicio justo en España y que ya está condenado antes de que se celebre el juicio: “No tengo ninguna duda de que voy a ser condenado”. Fueron dos ataques directos al sistema de justicia en España.

El juicio se retomará el martes 11 de noviembre. En las tres primeras jornadas, las acusaciones no han conseguido demostrar que García Ortiz filtrara la información sobre el caso de González Amador por la que se le acusa de un delito de revelación de secretos. Rodríguez tuvo que admitir que su acusación de que el fiscal general actuó bajo órdenes del Gobierno era sólo “una deducción lógica” y “un mensaje sin apoyo de ninguna fuente”. La fiscal Almudena Lastra reiteró sus comentarios en los que dijo que estaba segura de que la Fiscalía General del Estado iba a filtrar los datos de la investigación fiscal a Amador. No aportó ninguna prueba de que eso fue lo que finalmente ocurrió.

Nunca hay que olvidar que los juicios no se acaban hasta el último día en que las partes presentan sus informes definitivos. Y al juicio le quedan tres jornadas más.