Hasta un millón de euros por viviendas okupadas en Mallorca: «Afecta sobre todo a barrios obreros»

El negocio de los pisos okupados se ha disparado en Mallorca. Lo que hace unos años era una rareza en los portales inmobiliarios se ha convertido en un nicho en auge. Los precios, que en algunos casos se han duplicado en apenas un año, no se alejan mucho del desorbitado coste de una vivienda de segunda mano sin okupar. Aunque el fenómeno es generalizado, se concentra sobre todo en barrios periféricos de los exteriores de Palma, como Son Gotleu o Son Oliva, o en municipios del interior de la isla, como Llucmajor o Manacor. En el llano, lo que se ofertan son pisos de lujo o chalets con piscina que incluso bajo el concepto “ocupado ilegalmente” rozan el millón de euros. Incluso a pesar de que los anuncios advierten que las fotos podrían no reflejar el estado real del inmueble.

Pero la palma se la llevan las áreas habitadas históricamente por la clase trabajadora, donde los precios son más bajos y la oferta tarda más en moverse que en zonas de renta alta, donde por lo general es más fácil vender. El mercado inmobiliario en Balears, marcado por la escasez de vivienda –derivada de la alta demanda– y un interés inversor in crescendo, es cada vez más opaco y especulativo.

Casas en estas condiciones que en 2023 oscilaban entre los 25.000 y los 100.000 euros ahora pueden llegar a los 200.000, según datos de Idealista. Los interesados son, en el menor de los casos, familias con pocas oportunidades de compra, y en la mayoría de ellos, inversores que buscan una rentabilidad a medio-largo plazo. De hecho, los anuncios colgados en los portales inmobiliarios ya señalan “oportunidad para inversores” en sus descripciones.

Condiciones de terror

Según cifras oficiales de Idealista, Balears ha sumado este trimestre 474 viviendas okupadas a la venta, una cifra que sitúa a las islas entre las regiones en España con mayor presencia de este tipo de inmuebles. Aunque el proceso de desalojo puede prolongarse hasta dos años, algunos compradores optan por pagar a los okupas –de 10.000 a 15.000 euros– para que se marchen por su propio pie y así agilizar su liberación. En Mallorca, hay actualmente 62 inmuebles en venta okupados ilegalmente entre los 18.090 que se ofertan. 

En el abanico de anuncios que “no admiten visitas por el estado ocupacional” conviven viviendas de lujo con propiedades más modestas: apenas hay un puñado por 50.000 euros –todas en Son Gotleu o en Camp Redó– y poco más de la mitad bajan de los 300.000 euros. Entre ellas, un piso de 91 metros cuadrados con una sola habitación en el barrio palmesano de Camp d’en Serralta, que se vende con okupas por el módico precio de 289.000 euros. “El activo se encuentra ocupado por persona sin justo título, se transmite arrendado a tercero”, explica la inmobiliaria. También detalla una retahíla de aspectos que el adquirente deberá asumir y que el estado de okupación no permite su tasación oficial. Lo que se traduce en que, el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado.

El resto de la oferta sin disponibilidad real, la superior en la escala de precios, oscila entre los 300.000 y los 999.000 euros. Una de las ‘gangas’ es un bajo con tres habitaciones y 160 metros cuadrados en la zona de Ciudad Jardín que cuesta 365.000 euros. El anuncio, de un banco, reconoce abiertamente que no hay fotos ni posibilidad de visita, y que la operación solo puede cerrarse al contado. “Hay que pactar con el ocupante para que marche”, se indica de manera explícita, indicando sin pudor al comprador que deberá asumir el papel de mediador con los okupas.

En Sa Pobla se ofrece otro piso, reformado, de 120 metros cuadrados y por 999.000 euros. El inmueble, ubicado en una zona tranquila, pero bien comunicada, cuenta con tres habitaciones, dos baños, cocina independiente y balcón. En el anuncio se describe como una vivienda luminosa, con parquet, aire acondicionado, ascensor, garaje y trastero. Sin embargo, una nota final advierte que, pese a su aspecto de vivienda familiar lista para entrar a vivir, el comprador no podrá acceder a ella ni recuperar la posesión de forma inmediata.

Lo mismo ocurre con una casa independiente en la calle Joan Rosselló de Son Fortesa, en Palma, valorada en 795.000 euros. La promotora advierte desde el primer párrafo: “Inmueble sin posesión y sin acceso al interior”. Las imágenes pueden no corresponderse con el estado real y el comprador, además de pagar al contado, deberá asumir todos los trámites y gastos relacionados con el desalojo. Construida en 1940, la casa dispone de 200 metros cuadrados, cuatro habitaciones y tres baños y se vende exclusivamente como una oportunidad de inversión.

El escenario también existe en Eivissa y Menorca, sin llegar a los mismos niveles. En la pitiusa hay ahora mismo seis anuncios de pisos ocupados y en Menorca, con una densidad de población menor a pesar de ser mayor en tamaño, hay ocho. En Formentera, a través de Idealista, no se encuentra ningún anuncio de estas características. Los precios en todas las Balears, aun así, se han equiparado a los del salvaje mercado. En Eivissa el piso ocupado más barato, ubicado en el municipio de Sant Antoni, vale 280.000 euros, y en Menorca un primero con una habitación y de apenas 62 metros cuadrados vale 100.000.

Un 50% menos de su precio real

Las propiedades okupadas suelen venderse hasta un 50% por debajo de su valor real, una depreciación vinculada a la pérdida de posesión y a las complicaciones legales que implica su recuperación, según la página web de Idealista. En Palma, los pisos con okupas suponen el 2,5% del total de la oferta inmobiliaria, una cifra algo inferior a la media nacional, pero que evidencia que este tipo de transacciones, hasta hace poco marginales, se están consolidando ya como una posibilidad más del mercado.

La plataforma también se preocupa de aclarar a los usuarios en uno de los apartados de su portal que la “llamada okupación” no aparece como tal en la legislación española, pero se engloba en dos figuras legales: usurpación y allanamiento de morada. La usurpación ocurre cuando alguien entra y vive en una vivienda deshabitada sin permiso del propietario (se considera un delito, aunque con penas menores si no hay violencia). El allanamiento de morada, en cambio, se produce cuando la vivienda está habitada y se vulnera la intimidad del propietario, lo que conlleva sanciones más graves. 

En el primero de los casos –el que esconden detrás las casas en venta– es necesario interponer una demanda de ocupación y el proceso se puede llegar a prolongar. “Pueden ser nueve meses, dos años o más”, valora Eduard Vila, abogado experto en temas de vivienda y mercado inmobiliario. Luego, el adquirente ni siquiera sabe en qué estado se va a encontrar el inmueble. Para echar a los okupas, las inmobiliarias a veces recurren a vías no legales, como notificar una falsa demanda para hacerles creer que tienen que salir de inmediato de la casa si no quieren afrontar consecuencias legales. Aunque si no surte efecto, vender sigue siendo rentable, porque se compra más barato y el crecimiento de la demanda ha permitido subir el precio de modo que continúa habiendo beneficio.

También se pueden dar casos de morosidad, cuando una persona accede a una vivienda mediante un contrato de alquiler, pero deja de pagar y permanece en ella (lo que desde algunos sectores se denomina “inquiokupación”). En este caso, se trata de un inquilino, no de un okupa, y el propietario solo puede recuperar el inmueble tras una resolución judicial, ya que el afectado se ve obligado a ir a juicio porque “no tiene realmente otra opción”, señala Vila. Se trata, casi siempre, de arrendatarios que han sufrido una subida repentina de la renta por parte del casero y no pueden hacerle frente o no encuentran alternativa por la cruda situación en Balears.