Más de 850 investigadores siguen sin contrato predoctoral por el retraso del Ministerio en resolver las ayudas

Más de 850 investigadores siguen sin contrato predoctoral por el retraso del Ministerio en resolver las ayudas

Los beneficiarios de los contratos predoctorales denuncian meses de incertidumbre económica y falta de información tras una resolución provisional publicada en junio, que debía haberse hecho definitiva en agosto para incorporarse a sus centros el 1 de octubre

Jóvenes, brillantes y en vilo: los nuevos investigadores se desesperan por el retraso en la adjudicación de sus contratos

Han pasado casi cinco meses desde que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicó la resolución provisional de las ayudas para la Formación del Profesorado Universitario (FPU), uno de los programas más importantes de apoyo a la investigación en España. Pese a que la fecha de incorporación se fijó para el 1 de octubre, los 900 beneficiarios aún no han podido firmar sus contratos al no haberse resuelto el proceso de forma definitiva. Una situación que los aboca a estar “pagando pisos, matrículas y cursos sin percibir un solo euro” e incluso a “trabajar gratis para la universidad”, como denuncian los afectados a elDiario.es.

Las FPU son contratos predoctorales de cuatro años destinados a quienes inician una tesis doctoral en universidades públicas españolas. Para la convocatoria de 2024, el Ministerio simplificó el sistema de evaluación y redujo los criterios de adjudicación a la nota media del expediente académico del grado, en aras de evitar los retrasos que se habían producido años anteriores atribuidos a la burocracia. Aun así, una convocatoria que se resolvió provisionalmente en junio y debería haberse resuelto en agosto sigue sin resolución definitiva, que es la que habilita la firma de los contratos con las instituciones académicas.

Como consecuencia de esta demora, hay en vilo más de 900 personas, “que han tenido que formalizar ya la matrícula en sus escuelas de doctorado, otras que se han mudado a otras ciudades y están pagando un alquiler sin ingresos, y otras que han rechazado otros contratos o ayudas con fecha de 1 de octubre”, como informan desde la asociación FPU Investiga. Este medio ha solicitado información al Ministerio de Universidades y no ha obtenido respuesta hasta el momento.

Sin investigación, sin contrato y sin sueldo

Ya en noviembre, con el curso académico avanzado, los afectados critican la “opacidad” y “falta de previsión” por parte del Ministerio, que no les informa sobre el estado de la resolución ni les aclara “si van a tardar mucho más tiempo en publicarlo”. Todo ello “nos está afectando a nuestra economía, ya que muchos nos estamos quedando sin ahorros y, lo peor, es que está mermando nuestra salud mental y física”, lamenta Rafa desde Sevilla, uno de los afectados que está intentando dar visibilidad a un problema que ahoga a los mejores expedientes del país.

Rafa recuerda que esta última convocatoria, al haberse simplificado y quedar únicamente la nota media como criterio, “se suponía que iba a ser más ágil”, pero la realidad ha sido la contraria. Según la convocatoria, el Gobierno tiene un plazo máximo de seis meses para dictar la resolución, a contar desde el fin del plazo de solicitud (que se cerró el pasado 14 de febrero). Por tanto, la resolución definitiva con los beneficiarios de las ayudas, entre las más prestigiosas que otorga la administración, debería haberse hecho pública en agosto.

Tres meses después, con el curso académico ya avanzado, el Ministerio aún no ha emitido ninguna comunicación oficial ni ofrecido una nueva previsión. El retraso en la entrada en vigor del contrato implica que no pueden empezar a trabajar de manera formal en sus grupos de investigación, que seguirán avanzando sin ellos. Y, además, implica no cobrar hasta que se formalicen los contratos.

“Trabajando gratis en la universidad”

Desde Valladolid, Manu relata que la espera ha supuesto un duro golpe económico y personal para él: “Después de acabar el máster de investigación necesitaba trabajar porque en mi casa no tenemos la mejor situación económica, pero siempre quise hacer el doctorado. Me dijeron que con mi nota podía optar a la beca FPU. Dejé las clases particulares cuando salió la resolución provisional en junio, confiando en que empezaría a cobrar en octubre. Ahora, en noviembre, después de meses de silencio administrativo y correos condescendientes con copia-pegas, estoy trabajando gratis en la universidad, en una situación límite”, deplora.

Su situación se repite en universidades de todo el país. Carolina, de 23 años, natural de un pueblo de Cáceres, es otra de las jóvenes que permanece en vilo. Con la “ilusión” de comenzar su carrera investigadora, se trasladó a la ciudad donde desarrollará su tesis doctoral y alquiló un piso, “confiando en que el contrato comenzaría el 1 de octubre”, como les notificó el Ministerio a través de un correo electrónico, al que ha tenido acceso este periódico, enviado el 17 de junio, un día después de publicar la resolución provisional de las ayudas.

Sin embargo, el retraso en resolver el proceso de forma definitiva y, por ende, en la firma del contrato, mantienen a Carolina —y a cientos de nuevos investigadores en su misma situación— en un estado de incertidumbre económica y laboral que crece cada día. “Nos piden dedicación plena, pero ni siquiera sabemos cuándo empezaremos a cobrar”, lamenta esta joven de 23 años.

En términos similares se expresa Mario, graduado en Química por la Universidad de Castilla-La Mancha: “Al aceptar la plaza provisional tuvimos que firmar un documento en el que confirmamos no tener ninguna incompatibilidad laboral con la beca”. En otras palabras, “aunque mi grupo de investigación quiera, no puede sacarme ni un contrato temporal hasta que salga la resolución porque estaría incumpliendo el acuerdo”, esgrime para evidenciar que la situación es “especialmente sangrante”.


La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa

Un calendario fijo para poner fin a la incertidumbre

Además, “cada semana que pasa sin poder incorporarme al laboratorio supone un perjuicio directo a mi futura carrera académica, puesto que siempre existe el riesgo de que otros grupos saquen investigaciones que pisen la mía, de tal forma que el trabajo de todo el año anterior sería tirado a la basura”, advierte este joven investigador. A ello tiene que sumar el perjuicio económico que está sufriendo: “Firmé un alquiler anual confiando en incorporarme en octubre, el retraso de la publicación de la resolución definitiva me asfixia cada mes que pasa, puesto que noviembre será la tercera mensualidad que pague sin ningún tipo de ingreso adicional”.

“Ante esta situación, el Ministerio actúa de forma totalmente opaca: no solo no da información del por qué del histórico retraso en la publicación de la resolución definitiva, sino que tampoco informa de plazos aproximados de incorporación”, denuncia este químico que quedó entre los cinco primeros de su área en la resolución provisional.

Tal y como apunta Mario, de fondo subyace un histórico de desencuentros entre el Ministerio y el colectivo de jóvenes investigadores, marcado por retrasos reiterados en las convocatorias e incumplimientos de la normativa. En declaraciones a elDiario.es, desde la asociación FPU Investiga recuerdan ser conscientes de que “no todo depende del Ministerio y que distintas entidades están involucradas en este proceso”, pero instan “a que se resuelva cuanto antes para sacar de la incertidumbre a las personas que están esperando”.

Esta asociación nació precisamente de la necesidad de representar a los investigadores FPU en activo “en un panorama científico dominado por la precariedad y la inestabilidad laboral”. Entre sus principales demandas figura “la urgencia de dignificar la carrera científica e investigadora en su etapa inicial, permitiendo que pase de ser una continua carrera de obstáculos a transformarse en una verdadera alternativa profesional”. De ahí que una de sus reivindicaciones históricas sea la de “establecer un calendario fijo para las distintas convocatorias dependientes del Ministerio de Universidades, que permita a las personas solicitantes y beneficiarias planificar su vida laboral y personal, junto a un compromiso firme de cumplimiento del mismo”.

Mientras tanto, los investigadores que permanecen “en el limbo” siguen asumiendo gastos, investigando sin contrato y esperando una fecha que nadie les sabe concretar. “Lo más frustrante es el silencio administrativo: no sabemos si será cuestión de días o de meses”, resume Rafa, recogiendo el sentimiento compartido por cientos de jóvenes investigadores que, pese a haber demostrado su excelencia académica, siguen anclados a la incertidumbre.