El Ayuntamiento de Málaga promueve un centro de enseñanza privada en la prisión símbolo de la represión franquista

El Ayuntamiento de Málaga está más cerca de culminar su propósito de entregar la antigua prisión provincial, uno de los espacios más simbólicos de la Guerra Civil y la dictadura en la ciudad, a una empresa privada.

Tras sus muros se produjeron los episodios más crueles de la represión del ejército golpista tras la toma de la ciudad, en febrero de 1937. También fueron enviados aquí cientos de sindicalistas, prostitutas y homosexuales represaliados en los estertores del régimen. La cárcel fue declarada Lugar de Memoria Histórica en 2014. En las próximas semanas, el Consistorio, gobernado por el PP, licitará la concesión para que una empresa instale allí un centro de formación profesional.

La antigua prisión se extiende por algo más de 14.000 metros cuadrados en la avenida Ortega y Gasset, en el barrio de Cruz del Humilladero. Ubicada en lo que por entonces eran las afueras de la ciudad, fue inaugurada en octubre de 1933 y no se cerró hasta agosto de 2009, cuando se llegó al consenso municipal para recuperar el terreno para el uso público: el Pleno aprobó una moción institucional (es decir, con la unanimidad de los tres partidos, PP, PSOE e IU) para darle un “uso social y ciudadano”, estudiando la creación de un “Museo Documental de la Memoria Histórica” y “acelerando” los proyectos.

Tres años después, el Ayuntamiento se hizo definitivamente con la parcela permutándola con el Estado. Pero el equipo de gobierno, del PP en todos estos años, no ha dado ningún paso efectivo para ponerla en uso, y ha olvidado lo que votó en 2009. Sólo tres años después, en 2012, defendió que aquí se instalase la Universidad Católica de Murcia y luego ha alimentado las expectativas con nuevas ideas cada cierto tiempo, barajando desde un “campus tecnológico” hasta un equipamiento cultural para creadores locales. En 2014 Black Mirror rodó aquí gran parte de Black Museum, uno de los episodios de la cuarta temporada.

Por ahora, los ocho módulos de la antigua prisión languidecen, rodeados por una valla permeable que no evita que las zonas exteriores acumulen basura. En 2019 el Ayuntamiento gastó 410.000 euros para la demolición parcial del inmueble, y hace un par de años intervino de urgencia: pagó algo más de 52.000 euros para impermeabilizar la terraza y evitar filtraciones y desprendimientos.

Ahora se ha decantado por ceder el edificio y la parcela a una empresa para que aloje allí un centro privado de formación profesional. La concejala Carmen Casero dio el marchamo definitivo a la idea en la última comisión plenaria de Urbanismo.

La Universidad Alfonso X el Sabio ya ha presentado un proyecto que, además de la formación profesional, incluye un centro de negocios. El Ayuntamiento dice estar preparando los pliegos para que otras entidades puedan también postularse. A cambio de entregar el espacio por un periodo mínimo de 50 años, pedirá que la concesionaria articule un programa de becas, que rehabilite el edificio y que reserve un espacio “para que todo el mundo pueda conocer la historia de la cárcel con respeto y rigor”, según Casero.

Imagen del interior, tomada durante una visita reciente | Cedida

La Universidad Alfonso X el Sabio acaba de ser vendida por 2.000 millones de euros por el fondo de capital riesgo CVC a los fondos Cinven (británico) y Mubadala (emiratí), que compartirán accionariado con Jesús Núñez, quien conserva el 30%.

Lugar de Memoria Democrática

El inmueble está inscrito en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática desde 2014, lo que obliga al titular a “conservarlo y mantenerlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores” y permitir su visita al menos cuatro días al mes, según la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017. La Consejería de Cultura tiene un papel asesor sobre las obras y actuaciones que puedan afectar al deber de conservación, debe autorizar cualquier obra o cambio de uso y puede suspender cualquier clase de intervención, según esta norma.

Sin embargo, un portavoz de la Consejería asegura que no se le aplica esa ley, sino un Decreto de 2011 (de rango inferior y anterior a la ley), que sólo obliga a velar por “la perdurabilidad, la identificación y la señalización” del lugar. A día de hoy, ni siquiera eso: la inmundicia abunda, el deterioro del inmueble es patente y el cartel que lo señaliza está pintarrajeado con inscripciones soeces.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga sostiene que cuando lo adjudique no nabrá cambio de uso del espacio porque ya es equipamiento en el PGOU. Expertos consultados sostienen que quien se haga con el inmueble será quien tenga que pedir permiso a Cultura antes de hacer obra o cambios de uso.

“Un símbolo de la memoria convertido en oportunidad especulativa”

La invitación a instituciones educativas privadas a quedarse con el terreno llega en un momento en que la educación pública superior de la ciudad se ahoga: la plantilla de la Universidad de Málaga sufre el corsé del crédito concedido por la Junta para salvarla de las deudas y no hay plazas públicas de FP; mientras, desembarcan tres nuevas universidades privadas (UTAMED, Europea y, nuevamente, la Alfonso X el Sabio) y entidades como Cesur, con origen malagueño, abanderan el despliegue de la FP privada.

El contexto de este desembarco de las entidades privadas de enseñanza es de una grave carencia de oferta de vivienda a precio asequible, que obliga a muchos estudiantes de la pública a viajar ida y vuelta a sus pueblos de origen a diario. Entre quienes se oponen al centro privado se argumenta que ahondará la brecha entre quienes puedan costeárselo, mayoritariamente venidos de fuera de la ciudad, y los habitantes del distrito, el de menor renta media por hogar en la ciudad, según los datos más recientes del INE.

“Esta operación es un icono de cómo el PP privatiza la ciudad cediendo espacios públicos a fondos de inversión para que hagan negocio, arrebatándoselo a los vecinos y vecinas y privándoles de su disfrute”, lamenta Toni Morillas, portavoz de Con Málaga. Por su parte, Mariano Ruiz Araújo (PSOE) acusa al PP de abandonar “deliberadamente” el lugar para justificar luego su privatización: “Están convirtiendo un símbolo de la memoria y el dolor en una oportunidad especulativa más. No todo puede ser una oportunidad de negocio, un pelotazo”.

Antonio Alcázar, de Vox, justifica la entrega del edificio público a una privada porque, según dijo en la Comisión de Pleno, el Ayuntamiento no puede “asumir todos los inmuebles vacíos como bienes municipales”. También identificó los centros de interpretación de la Memoria Histórica con “centros de resentimiento”. Y la concejala responsable, Carmen Casero, acusó a la oposición de izquierdas de “meter ideología en la gestión”.

Un distrito con escasez de espacios vecinales

Lo cierto es que los espacios para exposiciones o charlas en Cruz del Humilladero, un distrito muy densamente poblado, son escasos, como demostraron las recientes jornadas sobre La Desbandá, programadas finalmente en una Biblioteca Provincial desbordada.

Raquel Zugasti, vecina, historiadora y miembro de la Coordinadora Provincial de Memoria Histórica, fantasea con los usos que podría tener la antigua prisión: “Tiene unos patios maravillosos que podrían incorporarse al vecindario, crear un espacio cultural con centro de interpretación de la memoria, para conocer la represión sobre las mujeres, las minorías, los pueblos o La Desbandá. Está en buen estado, tiene valor arquitectónico y se podría conservar como vestigio para abrirlo a la ciudadanía”.

Exterior de la antigua prisión provincial de Málaga | N.C.

La Coordinadora está impulsando también una plataforma vecinal para exigir el uso común del lugar. A este impulso parecen haberse sumado también algunos jóvenes vinculados al movimiento por la vivienda. Una de ellas, María Belén Herrera, se dirigió a los concejales en la Comisión que debatió el asunto: “Tengo 24 años y me importa la memoria histórica. Y vengo en apoyo de las vecinas, porque no solo lo material se hereda, también el dolor, la culpa, la humillación y la vergüenza pasan de madre a hija. También nosotras, las jóvenes, defendemos un uso de la antigua prisión por y para las vecinas, que defienda la educación pública y la memoria democrática”. Hay prevista una asamblea abierta a finales de noviembre.