El talento huye ante los síntomas de desmantelamiento del único centro de investigación agrario de la Xunta

La alerta la encendió la carta despedida de seis ingenieros, casi todos con más de quince años de experiencia en el Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM). Este miércoles, suscribían un comunicado en el que anunciaban una marcha que definían como “voluntariamente forzosa” ante el “desmantelamiento planificado” por parte de la Xunta del centro público de referencia en el noroeste estatal, una instalación con casi 150 años de historia. La CIG, el primer sindicato de Galicia y mayoritario también en la administración autonómica, habla con tristeza de “profecía autocumplida” tras un lustro de avisos sobre la “nefasta gestión” de una Consellería, que está provocando la “fuga de talentos” y la “pérdida de más de un siglo de conocimiento”. Medio Rural, por su parte, defiende el “compromiso absoluto” con el futuro del centro y, eso sí, evita valorar el “clima” de trabajo existente, del que lo hacen directamente responsable.

Los seis investigadores firmantes –María Bande, María Isabel García, Adrián Botana, Álvaro García, Roberto Besteiro y Santiago Crecente– abandonaron el CIAM en un concurso de traslados de funcionarios de la Xunta, en la escala de ingenieros agrónomos, al que se apuntaron debido a la situación “insostenible” del centro y el futuro “totalmente incierto para la investigación agraria” en Galicia.

“La grave falta de cobertura de plazas que sufre el CIAM desde hace años arrastra muchas dificultades para ejercer la labor investigadora, en la medida en que muchas líneas de investigación eran unipersonales” algo que “dificulta enormemente el acceso a proyectos competitivos, donde normalmente se requieren grupos de investigación consolidados con varias personas”. También denuncian que “las jefaturas de departamento están desapareciendo, sin explicación ninguna al personal del centro”.

Narran situaciones en las que los propios investigadores tuvieron que abordar tareas de campo para “poder mantener los proyectos en marcha, o simplemente para que los animales tuvieran los cuidados básicos, pues el personal de campo se encontraba sobrepasado por el trabajo”.

Irene Sánchez forma parte de ese personal de campo. Esta oficial de segunda trabaja desde 2006 con las vacas de leche. Como delegada de la CIG, es testigo directo de lo que denuncian sus ya excompañeros. Es ella la que lamenta su “profecía autocumplida” al referirse a un “maltrato laboral” que, está segura, se hace “a conciencia para que marchemos”.

La pirámide invertida del CIAM

Según explica, Agacal (la Axencia Galega de Calidade Alimentaria) está viendo cómo su relación de personal toma forma de pirámide invertida. “El capítulo 1, de presupuesto para gastos y personal, es cerrado: cuando quieren nombrar puestos directivos y de libre designación, no se pueden inventar el dinero”. Pero si los trabajadores se van, esa plaza se amortiza y ese sueldo puede destinarse a puestos nombrados a dedo. En concreto, la CIG denuncia que, desde 2021 –cuando se aprobó la “chapucera” relación de puestos de trabajo– se han retirado 450.000 euros destinados a plazas de personal investigador y de campo para trasladarlo a “engordar la pirámide invertida de altos cargos”.

“Nos están maltratando laboralmente a propósito. Hay personas que han presentado denuncias por acoso porque la estrategia es que nos vayamos en los concursos de traslados” que no se convocaban desde hace 12 años. “Yo soy personal de campo y voy a participar, como el 90% de los compañeros que están fijos. Tenemos entre 15 y 30 años de experiencia en investigación y nos vamos a marchar a otras consellerías en las que no hay ese maltrato” y en las que sabe que, por su mismo trabajo, cobrará “entre 190 y 270 euros más”.

Eso, dice, es lo que les pasó a los seis investigadores que firmaron el manifiesto, personas “que querían quedar en el centro pero decidieron no hacerlo”. La consecuencia, que “después de recibir la transferencia del conocimiento de 30, 40 o 50 años de investigación, ahora se van a trabajar a otros centros donde no podrán aplicarlo y llegará para sustituirlos gente joven que no tendrá de quién aprenderlo”. Esa sangría de talento se vivió antes en el otro centro de investigación dependiente de Medio Rural, el de Lourizán, centrado en el campo forestal. “Un montón de científicos se fugaron para el CSIC”.

Y una vez vaciado de trabajadores públicos, llega la segunda parte de esa “estrategia”: la privatización. Sánchez considera que en investigación es algo “bastante fácil”, ya que la mayoría del dinero que financia los proyectos procede de la Unión Europea y sus controles fiscales “están destinados a saber que se cumplió aquello para lo que solicitaste los fondos, pero no se meten en si la gestión es pública o privada”. Por eso, da por hecho que, cuando marchen, serán sustituidos con personal “sin formación ni trayectoria, no cualificado” y, no menos importante, “sin los derechos laborales que tenemos nosotras”.

La Xunta no valora el “clima de trabajo”

La carta de los investigadores no se quedaba sólo en su situación personal, sino que retrataba la “preocupante” presencia en el CIAM de equipaciones de campo y laboratorio “totalmente obsoletas”. Relataba cómo “recientemente se produjo un accidente laboral grave con una máquina que no se encontraba en condiciones adecuadas” que “desembocó en que se precintara una parte importante de la maquinaria del centro que tampoco cumplía”. La sala de ordeño del CIAM, que data del año 1994, quedó “totalmente anticuada respecto de los sistemas modernos ya implantados en las explotaciones del rural” y las cuadras “muy antiguas”, “no cumplen con las medidas de bienestar animal”.

El escrito acaba denunciando “una gestión autoritaria desde instancias de Agacal”, con “una asignación de los recursos interesada y poco clara”. Por eso, aseguraron verse abocados a la marcha porque “el estímulo para seguir en el CIAM era muy bajo” ante una situación de “desmantelamiento” que la Xunta niega. “El compromiso de la Consellería do Medio Rural con los centros de investigación y formación dependientes de la Administración es absoluto, tal y como demuestran las inversiones realizadas y las previstas”, aseguró una portavoz por correo electrónico en respuesta a esta redacción.

En su respuesta, manifestó que los prespuestos autonómicos del año 2026 incluyen una partida para “terminar el Banco de Germoplasma del CIAM” y dar “los primeros pasos para la implantación de un nuevo laboratorio de seguridad biológica de nivel 3, principalmente para el estudio y control de enfermedades bacterianas y virológicas en el ámbito ganadero”. Además, recordó que durante 2025 “alrededor del 79% de las inversiones con fondo propio de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria se destinaron al CIAM”. “Es lo que le corresponde, porque es el único centro de investigación agrario público de Galicia”, responde con sorna Irene Sánchez. La CIG recuerda que, en el período 2021-2024, quedaron sin ejecutar 10 millones de euros de sus presupuestos.

En lo que no quiso entrar la Consellería fue en la valoración del “clima de trabajo en el centro, dado que se apela a la profesionalidad de todos y cada uno de los trabajadores”. “El personal que envía ese escrito, efectivamente participó en el concurso de traslados y escogió voluntariamente otro destino fuera del CIAM”, un proceso que enmarca “dentro de la normalidad de cualquier administración pública”.

Más de un siglo de historia

El CIAM es el heredero de la Granja Agrícola Experimental creada en Monelos –hoy, un barrio de A Coruña– en 1888. La construcción de la actual avenida de Alfonso Molina, la gran vía de acceso a la ciudad, hizo que se trasladase a un municipio vecino, primero al de Bergondo, en Guísamo y, en la década de los sesenta, a Abegondo, donde ocupa una superficie de más de 200 hectáreas. En ese tiempo, nunca perdió el “espíritu público de modernizar y dinamizar el agro gallego”, cuenta Sánchez quien repasa el conocimiento y los materiales acumulados desde hace más de un siglo. “Allí se puede montar un museo”.

En la transición, el Gobierno pidió un préstamo al Banco Mundial –“similar al que se solicitó para el rescate bancario”– con el objetivo de poner en marcha “la base del mundo agroganadero en el Estado”. Se escogieron entonces puntos geográficos de referencia climática para la instalación de centros de élite. Para el noroeste cantábrico, escogieron Mabegondo.

“Arrancó a tope de presupuesto, 2.000 metros cuadrados de laboratorio y tres investigadores muy inteligentes que viajaron por todo el mundo para impregnarse de conocimiento”. A su vuelta, pusieron en marcha las tres líneas que todavía hoy existen: vegetal, producción anima y maquinaria. En los 80, las competencias se transifirieron a la Xunta a la que ahora, “sobre todo desde 2021”, los profesionales señalan como responsable de ese “ataque” que los investigadores sacaron a la luz con su carta.

“La escribieron para que quede constancia de que no se van porque quieren”, sentencia Sánchez. “Querían seguir dedicándose a la investigación pública, pero aquí no pueden más y se van a otros centros administrativos”. Como ella misma tiene intención de hacer.