Juan Carlos I, un rey ingrato que sigue libre gracias a los poderes del Estado

Juan Carlos I vende estos días unas memorias de recuerdos poco exactos y olvidos sorprendentes. “Reconciliación”, que así se titula el libro, parece más bien en algunos momentos un ajuste de cuentas. “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia”, se justifica Juan Carlos I en el párrafo con el que promociona un libro que saldrá a la venta en España el próximo 3 de diciembre. Algunos secretos del rey emérito permanecieron sepultados mucho tiempo, pero no en la penumbra de los palacios sino en bancos suizos. De esa manera, la Agencia Tributaria de España no podría cobrar los impuestos debidos por su fortuna oculta en el extranjero.

El monarca dispara en sus memorias algunos reproches, basados en premisas falsas, contra protagonistas políticos de la historia reciente de España. Juan Carlos abdicó en 2014 a la fuerza, humillado por sus comportamientos inapropiados, aunque nada se sabía entonces de sus fortunas ocultas en Suiza. Y huyó de España seis años después, en agosto de 2020, para fijar su residencia en Abu Dabi tras una investigación judicial en marcha que husmeaba en sus andanzas financieras más inconfesables. En el libro que ahora vende para que no le roben su historia, Juan Carlos I afirma: “El Gobierno [de Pedro Sánchez] transformaba estas investigaciones jurídicas en una caza de brujas, en un juicio moral que afectaba al conjunto de mi reinado y de mi acción política”. En ese ataque a los que supuestamente le desacreditaron sin motivo incluye a Dolores Delgado, ministra de Justicia (2018-2020) y fiscal general del Estado entre 2020 y 2022.

La historia judicial del caso Juan Carlos I cuenta otra historia muy distinta. Doce años antes de su autoexilio, el monarca aceptó un regalo de 100 millones de dólares –ahora cree que fue un error– del rey Abdalá bin Abdulaziz de Arabia. En aquel verano de 2008, el rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría pagado en impuestos 51 millones de euros.

El gestor suizo de aquella operación se llamaba Arturo Fasana y administraba también otras fortunas españolas en una cuenta denominada “soleado”. Algunas de esas fortunas correspondían a empresarios implicados en el caso Gürtel que salpicó a numerosos gobiernos y dirigentes del PP.

Los manejos del rey en Suiza no se empezaron a conocer hasta diez años después, cuando se publicó en julio de 2018 una grabación del comisario José Manuel Villarejo con Corinna Larsen, examante de Juan Carlos I. La conversación sugería un blanqueo de capitales del rey de España, pero el juez instructor de la Audiencia Nacional con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción archivó en septiembre de 2018 la causa abierta por esa grabación. El carpetazo llegó en apenas 56 días y sin practicar diligencias.

El Gobierno de Pedro Sánchez no dijo ni una sola palabra sobre aquel archivo precipitado ni promovió, que se sepa, ninguna iniciativa para reabrir una causa con pruebas suficientes de los manejos ilegales de Juan Carlos I.

El argumento de jueces y fiscales fue que la grabación no parecía prueba suficiente, que los indicios eran muy endebles y que los hechos relatados se correspondían con un tiempo en el que Juan Carlos I estaba protegido por la inviolabilidad que la Constitución establece. El juez instructor interrogó a Villarejo y la Agencia Tributaria le contestó que no le constaba que Juan Carlos I tuviera cuentas en el extranjero. Con esos trámites, se olvidó del asunto sin escuchar lo que tuvieran que decir la examante o los supuestos testaferros.

Pese al archivo, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo abierta una línea de investigación sobre los negocios privados del rey Juan Carlos en el extranjero y, a la vez, la fiscalía suiza investigó por su cuenta entrando en los secretos que guardaba la banca de aquel país sobre la fortuna oculta del rey de España.

El teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, fallecido en diciembre de 2021, investigó la fortuna oculta del rey emérito y envió a su abogado, Javier Sánchez Junco, notificaciones de las tres investigaciones preprocesales abiertas a Juan Carlos I en junio, noviembre y diciembre de 2020. La prensa, con muy pocos datos de la investigación, publicó las sospechas existentes sobre el rey emérito. Aunque alguien en la Fiscalía planeó citar al rey emérito para que declarara en las diligencias preprocesales abiertas, se rechazó esa posibilidad para evitar “un circo mediático”.

En esa situación límite, con el monarca huido a Abu Dabi, su abogado presentó el 9 de diciembre de 2020 una regularización fiscal por 638.393 euros. Se trataba de los impuestos no pagados en su día por el rey a cuenta de la donación que un empresario mexicano le había hecho a través de un testaferro. Solo dos meses después, en febrero de 2021, el abogado Sánchez Junco volvió a hacer otra regularización por casi 4,4 millones de euros correspondientes a impuestos no pagados por los regalos de su primo Álvaro de Orleans, quien había costeado desde la Fundación Zagatka los vuelos privados de Juan Carlos I durante varios años. En la ventanilla del Ministerio de Hacienda, dirigido por la socialista María Jesús Montero, no pusieron pegas a la operación pese a que la ley señala que si un contribuyente tiene una inspección abierta o en marcha de la Fiscalía ya no es posible saldar cuentas y hay que abrir juicio. El rey emérito tuvo suerte porque ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni la Fiscalía que le investigaba, dirigida entonces por Dolores Delgado, pusieron pegas a una regularización que le libraba de una condena de cárcel segura.

La Fiscalía del Supremo archivó las tres investigaciones preprocesales abiertas a Juan Carlos I. Lo hizo en abril de 2021, con Dolores Delgado como fiscal general y con el Gobierno de Pedro Sánchez totalmente inactivo en relación con esa causa. La Fiscalía defendió que los delitos fiscales de Juan Carlos I al ocultar en Suiza la fortuna que le regaló el rey de Arabia no eran perseguibles porque en aquel periodo (de 2008 hasta 2012, año en que el rey decidió donar todo el dinero que guardaba en Suiza a favor de Corinna Larsen) gozaba de inviolabilidad. Esa cuestión nunca quedó suficientemente aclarada por el principal intérprete de la Constitución. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía sobre el alcance de la inviolabilidad y no ha resuelto la duda sobre si todos los actos del Rey también están protegidos por ese derecho. Prestigiosos juristas sostienen que las conductas privadas del rey Juan Carlos —como sería esconder en Suiza un regalo de 100 millones de dólares y no declarar esa donación en España para evitarse el pago de impuestos— no pueden estar amparadas por la inviolabilidad.

El Gobierno de Mariano Rajoy (2012-2018) impulsó una pequeña reforma, consensuada con el PSOE, para proteger a Juan Carlos I tras su abdicación en junio de 2014. Entonces había dos demandas civiles presentadas contra el rey por juicios de paternidad. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, redactó de urgencia una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que cualquier denuncia contra Juan Carlos I solo pudiera ser investigada en el Tribunal Supremo. En el preámbulo de aquella reforma, sin efectos legales, se introdujo por primera vez una interpretación sobre el alcance de la inviolabilidad: “Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad”.

El archivo de todas las investigaciones abiertas en la Fiscalía a Juan Carlos I no eludió un grave reproche al monarca por sus manejos financieros durante diversas etapas de su reinado. Pero la prescripción de algunos de los delitos cometidos, el escudo de la inviolabilidad que le protegió los 39 años de reinado (1975-2014) y una regularización extraordinaria más que dudosa salvaron al rey de la cárcel por blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho.

Todo lo que pudieron hacer los poderes del Estado (incluyendo al Gobierno de Sánchez) lo hicieron para evitar al rey Juan Carlos un trago (la condena por fraude fiscal castigada con varios años de cárcel) aún más humillante y amargo que su huida a Abu Dabi por traicionar a su país con una conducta deshonesta.