Las organizaciones humanitarias advierten que la deportación de menores argelinos que plantea el PP en Balears es ilegal

La Fiscalía está tramitando, en estos momentos, una petición del Gobierno de Argelia para repatriar a siete adolescentes que llegaron en septiembre en una embarcación recreativa a Eivissa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que el Ministerio Público tramita expedientes de devolución de siete menores, de entre 14 y 17 años, después de que sus padres hayan “solicitado el ejercicio de la patria potestad”. En su visita a Argelia, Marlaska se entrevistó con el ministro del Interior del país norteafricano, Said Sayoud, quien aseguró que la información detallada sobre la situación de los menores estaba en manos de las autoridades españolas.

Se trata de un caso excepcional, dado que Balears tutela a otros 298 menores argelinos a los que nadie reclama. Sin embargo, está siendo utilizado por las autoridades del archipiélago balear para reclamar el retorno de todos los menores argelinos —lo cual es ilegal, según la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo— sin explicar cuál es la situación de cada uno de ellos, ni concretar cuál es el fundamento técnico o jurídico para justificar tal deportación colectiva. Marga Prohens (PP), presidenta del Govern, afirmó que había que repatriar también a los otros 298 menores a su país de origen, después de que se hiciera pública la tramitación que lleva a cabo la Fiscalía. La Conselleria de Bienestar Social del Govern no ha respondido a la consulta sobre cuál sería la argumentación técnica o jurídica para justificar la deportación de los 298 menores argelinos tutelados por las administraciones del archipiélago balear.

Según la presidenta balear, la totalidad de los menores no acompañados, bajo tutela de los consells insulares, tienen “contacto permanente con sus padres”. Por este motivo, dijo desconocer “por qué el Gobierno argelino ha solicitado la devolución de estos siete menores ‘con nombre y apellidos’ y no la de los otros más de 300”. “Donde tienen que estar los menores, siempre que se pueda, es con sus padres”, afirmó Prohens y añadió que por estas razones se solicitaba que la repatriación fuera “total”. En su opinión, la reunión mantenida entre Marlaska y su homólogo argelino estaba rodeada de “oscurantismo y dudas sobre la gestión de la política migratoria”.

elDiario.es ha preguntado al Ministerio del Interior en qué consiste este procedimiento de repatriación. “El asunto no es competencia del Ministerio del Interior. Durante su visita a Argel, el ministro del Interior solo mencionó el procedimiento iniciado por la Fiscalía, que es la responsable de coordinar todas las actuaciones y analizar la documentación remitida por las autoridades argelinas, como así explicó Grande-Marlaska en su comparecencia”, han respondido las fuentes consultadas. Por cuestiones de agenda, tampoco ha podido responder la Fiscalía, a la que se le consultaba cuáles son las circunstancias por las cuales se puede iniciar un expediente de devolución.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, explican a este diario que los dos casos consultados son distintos. En el primero, el de los siete menores argelinos, las familias han pedido “la patria potestad de sus hijos”. Se trata de un precepto “contemplado legalmente” que el Estado español tiene que atender, indican. Es decir, “en este caso no se trata de menores en situación de desamparo, como sí es el caso del resto de niños tutelados por las comunidades autónomas”, señalan. Las mismas fuentes afirman que el Govern es conocedor de esta situación, pero que trata de “generar confusión entre la población sobre unas situaciones y otras”. “Recordamos al Govern de Balears que es una obligación legal la tutela digna de los y las menores en situación de desamparo, y que sus intentos por tratar de evitar esta responsabilidad tienen un componente racista muy preocupante”, lamentan.

Aumento en la llegada de pateras

Como consecuencia de la ausencia de vías legales y seguras para migrar, la ruta balear se ha consolidado como una de las principales para llegar a Europa desde países norsaharianos. A inicios de octubre de este año se han registrado 5.909 llegadas de personas a las costas del archipiélago balear, según datos conjuntos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno. Este número supera ligeramente las 5.882 personas que llegaron el año pasado, una cifra que supone un 158,3% más que en 2023, según el informe de Seguridad Anual de 2024. El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, agrupa las llegadas dentro de un marco de control fronterizo y securitario.

Entre las personas adultas también se encuentran menores, que en la mayoría de los casos están en una situación de desamparo, lo que obliga al Estado a asumir su tutela legal. En España, las competencias en materia de protección de menores corresponden a las comunidades autónomas, aunque en el caso balear están transferidas a los consells insulares de cada una de las cuatro islas. El reto que esto representa para las administraciones públicas —que necesitan más recursos para atender las llegadas debido a la falta de planificación y recursos en el sistema de acogida—, no les exime de su responsabilidad legal con los menores, tal como recuerdan tres organizaciones especializadas consultadas por elDiario.es: CEAR, Plataforma de la Infancia y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

El Estado debe garantizar la tutela de los menores

Mauricio Valiente, director general de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), explica a elDiario.es que el hecho de que los menores puedan vivir en su entorno familiar es la primera consideración que hay que tener en cuenta, pero que también prima tanto su opinión como su interés superior. “La reagrupación familiar es un derecho del menor. Lo que pasa es que detrás puede haber una expulsión”, afirma Valiente.

En el caso de los siete menores argelinos llegados a Eivissa, cuyos expedientes tramita la Fiscalía, indica que se tienen que cumplir varias garantías. Que los menores vivían en un entorno familiar, que la familia los está reclamando y que no hay una situación de excepcionalidad que haya provocado su salida. Esto último, sin embargo, tiene un margen de interpretación “muy grande”. “¿Cuándo se rompe el derecho a la vida en familia? Cuando hay una situación de explotación o persecución. El Estado de acogida tiene que valorar las circunstancias concretas de cada caso”, valora Valiente. Además, habría que escuchar también a los menores para conocer “qué ha motivado su salida”. “Es una situación un poco excepcional que hayan llegado en embarcaciones recreativas. Hay que estudiar cada caso concreto. En última instancia, los jueces españoles tienen que revisar la situación de estos menores en caso de que se acordara esa reagrupación familiar”, argumenta.

Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de la Infancia, afirma a este diario, como Valiente, que hay que “analizar el interés superior de cada niño”, es decir, individualmente. Lo ejemplifica así: si unos padres reclaman a su niña, pero quisieran casarla, habría que tener en cuenta su bienestar por encima de la voluntad de sus progenitores. “Aunque lo reclamen, si los derechos de esa niña —o su vida— corren peligro, en ningún caso se debería proceder a esa reagrupación familiar a su país de origen”, asegura Escorial.

La experta en derechos de la infancia insiste también en que hay que analizar cada caso individualmente. Por tanto, no es posible expulsar colectivamente a 298 menores. Así, cree que el hecho de que una familia reclame a ese niño o niña es un indicio de que va a estar bien, y de que se van a asegurar sus derechos, pero hay que analizar que no haya ninguna circunstancia que impida que esa situación se vaya a dar satisfactoriamente.

“En todo este proceso es importante que se escuche al niño o niña porque puede dar claves sobre si es aconsejable o no la repatriación”, sostiene Escorial y añade que la legislación contempla que para que se den esas garantías el menor también tiene derecho a representación legal. En el caso de estos siete expedientes, la experta advierte de que la Fiscalía podría descubrir que a lo mejor no es recomendable que alguno de ellos vuelva a su país de origen.

“No se puede hacer”, insiste Escorial cuando se le pregunta sobre si se puede devolver a casi 300 menores a su país de origen. En este sentido, recuerda la devolución ilegal de menores desde Ceuta a Marruecos en 2021. “El Supremo se ha pronunciado clarísimamente y ha habido sentencias de todo tipo. No se puede devolver de manera colectiva sin analizar individualmente cada caso”, advierte la experta. E insiste en que de nada sirve que haya un acuerdo de repatriación con el país de origen. Es decir, primero hay que localizar a la familia, después se abre un expediente, el niño o niña accede a un abogado, hay que escucharle y tener en cuenta su opinión, analizar el caso y, finalmente, tomar la decisión. “Es complejo”, concluye.

Fuentes complementarias de la Plataforma de la Infancia señalan a este diario que el retorno al país de origen solo es una solución duradera aceptable cuando se cumplen tres requisitos: coincide con el interés superior del niño; se puede asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen y se respetan las garantías que exige la legislación (la ley de extranjería y su reglamento, así como la ley de protección jurídica del menor).

Por otro lado, tanto Valiente como otros expertos consultados recuerdan que las relaciones entre España y Argelia no son buenas. De hecho, no existen acuerdos bilaterales de devolución de migrantes entre ambos países. “Me extrañaría mucho que hubiera familiares identificados reclamando al resto de menores”, reconoce el director general de CEAR e insiste en que las comunidades autónomas tienen la obligación de ejercer la tutela en el marco de la ley. “Desconozco las peculiaridades de la administración balear y los consells insulares, pero eso es un tema menor. Quien tiene la tutela no puede renunciar a ella. Mezclar un caso con el otro no tiene ningún sentido”, opina. Valiente se refiere al caso de los siete menores reclamados por sus progenitores a diferencia de los otros 298 niños y niñas a los que nadie reclama.

En la misma línea se ha expresado Ana Rosado, investigadora de la Frontera Sur en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). “Para que se dé esa repatriación a los países de origen tiene que existir un consentimiento expreso del menor y que los padres o la institución que tenga su tutela den su consentimiento y así se produzca esa repatriación”, asegura Rosado. La investigadora recuerda que España tiene que comprobar y garantizar que el sistema argelino es adecuado para esa acogida. Rosado, como Escorial, también recuerda la devolución ilegal de menores desde Ceuta a Marruecos en 2021. “Están vulnerando los derechos de la infancia de una manera sistemática. El principio de protección y no discriminación les da igual, para ellos prima la condición de persona extranjera”, lamenta la experta.

El PP pide la devolución de los menores argelinos

El Consell Insular, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, anunció el 27 de octubre la inversión de 1,2 millones de euros con el objetivo de garantizar “la cobertura inmediata y adecuada” de la atención de los menores no acompañados que llegan a Eivissa. “La propuesta responde a la necesidad de dotar de recursos extraordinarios a un servicio que se encuentra en una situación límite como consecuencia del crecimiento continuado e imprevisible de llegadas”, afirmó la institución insular.

En ese mismo comunicado, el Gobierno local pide a la Delegación del Gobierno en Balears que amplíe los trámites de repatriación iniciados para siete menores de origen argelino y los haga extensivos a los 77 menores argelinos que se encuentran bajo su tutela. Además, el Consell Insular insiste en que la situación de los centros de acogida es “insostenible” y que es necesaria una actuación “inmediata y coordinada” con el Gobierno para “garantizar una respuesta justa y equilibrada entre territorios”.

elDiario.es ha preguntado al Consell Insular cuál es la argumentación técnica o jurídica que justifique el retorno de los otros 77 menores a Argelia, teniendo en cuenta que la institución ibicenca asume la tutela legal de los menores que se encuentran en situación de desamparo. “Precisamente que con estos siete se haya iniciado un procedimiento de repatriación por parte de Argelia significa que ese procedimiento existe y exigimos que se aplique”, responden las fuentes consultadas. “Son menores y deben estar con sus padres”, añaden.

Carolina Escandell (PP), consellera de Bienestar Social del Consell Insular, explicó el 18 de julio que Eivissa registra una ocupación del 231,25% en cuanto a las plazas específicas para menores migrantes. Es decir, se han multiplicado por cuatro en el último año. “Estas cifras son insostenibles y demuestran que el sistema de acogida en Eivissa está en situación límite”, opinó. La consellera del ramo reivindicó que el Consell Insular se compromete firmemente con la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, pero quiso advertir también que esta responsabilidad “solo se puede ejercer con garantías si se dispone de una financiación estable, una planificación coordinada” y mayor coordinación institucional.

La ley permite el reparto de migrantes

La respuesta que exige el Consell Insular en cuanto a una actuación “inmediata y coordinada” con el Gobierno para “garantizar una respuesta justa y equilibrada entre territorios” ya existe, como ha recordado Mauricio Valiente, director general de CEAR, a este diario. Se trata del Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Es decir, la normativa que aprobó el Gobierno para la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia.

La modificación de esta ley permite sacar adelante un sistema de reparto para las comunidades que acojan a un número de menores que multiplique por tres su capacidad de acogida. Según explicó Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, el acuerdo permitía que las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial, tengan la posibilidad de modificar dichos criterios y los requisitos del acuerdo si así lo dictaminan de forma unánime. “En tanto en cuanto se tiene acuerdo, si una comunidad autónoma, sea cual sea, multiplica por tres su capacidad ordinaria de acogida, esa región se podrá declarar ‘en contingencia migratoria’. Esa comunidad trasladará su situación para que se activen los mecanismos marcados por este decreto-ley”, afirmó.

Este mecanismo es, precisamente, el que recuerda Valiente que tienen las comunidades autónomas para afrontar situaciones como la de Balears. Cuando se sobrepasa la capacidad de atención de menores, incide, “se pueden repartir entre otras comunidades autónomas”. “El PP se ha negado a desarrollarlo [el acuerdo] pero es una ley. Hay un mecanismo legal previsto”, insiste el director general de CEAR.

El presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí (PP), quiere derogar esta ley. Según explicó, su Ejecutivo apoya la estrategia acordada por el conjunto de instituciones de las Illes Balears (donde el PP gobierna con Vox como socio principal, menos en Eivissa y Formentera) que incluye la presentación de un recurso legal contra el decreto-ley que regula la acogida de menores migrantes y la petición de su suspensión cautelar. Reclamó, además, más colaboración de Frontex para “frenar la ruta balear” y exigió al Estado “más medios de seguridad y una actuación en origen, especialmente, con Argelia”. “Quien tiene las competencias para poder frenar esta crisis debe actuar de una vez”, concluyó.