No es el fiscal general el que debe demostrar que es inocente

Esta semana, he asistido a las tres sesiones del juicio del fiscal general en el Tribunal Supremo, que se reanuda el próximo martes. A la hora de cubrir un acontecimiento como este, siempre hay que tener clara una cosa. Son las acusaciones las que tienen que probar por encima de toda duda que el acusado es culpable. No al revés. Desde luego, la defensa sostendrá que es inocente e incluso una bellísima persona, pero la estrategia que debe analizar un periodista es fundamentalmente la de las acusaciones. Es lo mismo que intenté hacer en el juicio del procés. 

El delito por el que se acusa a Álvaro García Ortiz es el de revelación de secretos, que es un asunto muy serio en el sistema judicial en la medida en que puede suponer una conculcación de los derechos de un acusado. La gran paradoja reside en que los sucesos que se juzgan fueron desencadenados por la revelación de un secreto realizada por un alto cargo del Gobierno de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, con el fin de favorecer la estrategia política adoptada por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y defender los intereses particulares de una persona, su novio, acusado de delitos fiscales. Y todo a cuenta de unos hechos que eran conocidos desde días antes por periodistas de varios medios, además de un alto número de fiscales.

Y en esas estamos. Las acusaciones necesitan dar un giro a lo que se ha escuchado hasta ahora en el juicio y convencer al tribunal de que García Ortiz filtró hechos confidenciales porque reveló que fue el abogado de Alberto González Amador el que hizo una propuesta de negociación al fiscal del caso, no al revés como dijo el artículo de El Mundo. Atentos, no en el comunicado que difundió finalmente la Fiscalía General del Estado (FGE), porque ahí ni el juez instructor creía que se había producido un delito. Y a partir de aquí resumo algunos de los elementos más llamativos del juicio y de lo que le rodea.

1. Suposiciones y deducciones. Nadie ha probado en el juicio que el fiscal general fuera el responsable directo de la filtración fraudulenta. No se juzga a la FGE, sino específicamente a García Ortiz. La fiscal Almudena Lastra daba por hecho que la FGE iba a filtrar datos sobre la situación legal de Amador y por eso conminó al fiscal Julián Salto a que no entregara a sus superiores la información que le reclamaban. “Le dije: por favor, los van a filtrar. No hagas nada”, dijo Lastra en el juicio. Luego, acusó a García Ortiz de haberlos filtrado. “Le dije: has filtrado los correos”. El fiscal general no lo negó ni lo confirmó: “Eso no importa. Hay que enviar la nota”. Lastra no tiene pruebas de que la filtración fuera obra de García Ortiz. Sólo lo supone. Lo mismo Miguel Ángel Rodríguez, que dijo que se trataba de “una deducción lógica”. Al menos, no se refirió como argumento de autoridad a las “canas” (su experiencia), como hizo en la instrucción. No lo hizo, porque, en el contexto de un juicio, habría sonado como una broma de mal gusto.

2. Vía libre para filtrar. Rodríguez pidió permiso a Amador para utilizar los correos de su abogado y el fiscal. “Haz lo que veas”, le respondió. Le estaba dando vía libre para que los filtrara, íntegros o sólo el contenido, y que por tanto dejaran de ser secretos. No todos, sólo uno para que lo publicara El Mundo y pareciera que era el fiscal quien se había adelantado para proponer un pacto de conformidad (falso) y para que Rodríguez extendiera el bulo de que todo se había parado por “órdenes de arriba”. El autor del artículo, Esteban Urreiztieta, declaró que lo consideró “un correo independiente de los otros”, lo que es curioso porque también dijo que no conocía el primer email cuando escribió la noticia.

Hay que recordar en este punto que el hecho de que el abogado de Amador ofreciera un acuerdo, que inevitablemente conlleva reconocer algún delito, y que el fiscal estuviera dispuesto a escucharle es perfectamente normal en estos casos. 

3. Hacerse la víctima. Tenemos estos días toda una pléyade de personas que se apuntan al martirio. Se presentan como víctimas cuando están sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones. Carlos Mazón es la más desvergonzada (como se ve en esta viñeta de Fontdevila). Juan Carlos de Borbón no le va a la zaga. González Amador se ha unido a la fiesta. “El fiscal general del Estado me había matado”, anunció. No tendrá un juicio justo: “No tengo ninguna duda de que voy a ser condenado”. Sorprendentemente, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, no le recordó lo que suelen decir los jueces en los juicios. Los testigos están para aportar hechos, no opiniones. Mucho menos, si son sobre el futuro. Y si afirman que en España puedes estar condenado antes incluso de que se celebre el juicio, ya ni te cuento.

4. El suicidio como salida razonable. Como estaba lanzado, Amador quiso decir unas palabras tras concluir las preguntas de las partes. Otro momento que Arrieta debería haber cortado de raíz. La pareja de Ayuso ofreció una de las frases memorables del juicio: “O me voy de España o me suicido”. Interesante alternativa. Lo primero no pondría fin a sus responsabilidades penales. Lo segundo, sí, por razones obvias. Más allá del toque lacrimógeno, como de película de Antena 3 de los domingos por la tarde, hay detrás una estrategia evidente. Sabe que si el fiscal general es declarado culpable, su abogado podrá pedir que se clausure el procedimiento judicial contra él por delitos fiscales alegando indefensión. Esa es su única esperanza. La Audiencia de Madrid confirmó el viernes que irá a juicio por fraude fiscal y falsificación de documentos. Le piden tres años y nueve meses de prisión. Y lo tiene muy chungo.

Viñeta de Manel Fontdevila.

5. Habla con tu novia. Más allá de los presuntos delitos cometidos, ¿quién tiene la culpa de que Amador se encuentre en esta situación? Está bastante claro. Díaz Ayuso y su consigliere. Lo dijo Lucía Méndez en una tertulia de Hora 25: “Si es una víctima de alguien, será una víctima de su novia y del jefe de gabinete de la presidenta”. Fue Díaz Ayuso quien desde el primer momento convirtió los negocios de Amador y la investigación de Hacienda en un tema político de alcance nacional al acusar a “los poderes del Estado” de ir contra él en una rueda de prensa en Leganés. Luego, Rodríguez ejecutó la estrategia con la ayuda de varios medios de comunicación y la Fiscalía se vio obligada a reaccionar con una nota de prensa, lo que realmente no fue una gran idea.

6. La amnesia. Pilar Sánchez Acera, dirigente del PSOE madrileño, declaró en la sala que no se acordaba del nombre del periodista y del medio que le pasó un documento sobre el caso que ella quería que Juan Lobato utilizara en el pleno de la Asamblea de Madrid. Habían pasado ocho meses desde ese día hasta que le preguntaron por el tema en la fase de instrucción. No me creo nada de lo que dijo. ¿Recibe un documento que puede ser muy importante para la labor de oposición del PSOE en la Asamblea y olvida quién se lo dio? Eso nunca pasa en política. Otra cosa es que las acusaciones no tenían manera de presentar hechos conocidos que pudieran contradecirla y por tanto su testimonio terminó siendo bastante irrelevante para el objeto del juicio. 

7. Sobre los periodistas y sus secretos. Varios periodistas declararon en el juicio que conocían los documentos del caso antes de que el fiscal Salto los pusiera en manos de sus jefes. Alfonso Pérez Medina cuenta además con el chat de la redacción de La Sexta como prueba de que hablaron de ello. José Precedo, compañero de eldiario.es, explicó que conocía todo lo relacionado con el caso una semana antes de que Julián Salto informara al fiscal general. No pudo publicarlo antes porque no tenía el permiso de la fuente y debía confirmar algunos elementos del caso. Precedo sabe quién se lo pasó –y no fue García Ortiz–, pero no puede decir quién es, porque vulneraría el secreto profesional que las fuentes de los periodistas dan por hecho que se respetará. Esto es esencial en toda investigación periodística relacionada por ejemplo con casos de corrupción. 

“Yo sé quién es la fuente y no lo puedo decir. Es un dilema”, dijo. Ciertamente, es un dilema, pero no tiene alternativa. Hizo lo que debía. Cualquier periodista que vulnere el secreto profesional debería abandonar la profesión. ¿Quién le va a creer después si recibe una confidencia y promete que no contará quién se la ha dicho? Bueno, siempre puede dedicarse a tertuliano de la tele que para eso no se necesitan principios tan elevados. 

El presidente del tribunal se lo tomó a mal y perdió los papeles. “Una cosa es que no lo diga y otra que nos amenace”, intervino el juez Martínez Arrieta. No había tal amenaza. Un día antes, Amador había dicho que la justicia en España es una farsa, al menos en su caso, y el juez ni pestañeó. De repente, decidió que ese comentario era un ataque al tribunal, lo que podría considerarse un delito de desacato. ¿Y ahora qué, señoría? Va a acusar a un periodista de cometer un delito cuando emita la sentencia por decir la verdad?

8. Abogado de garrafón. Las acusaciones intentaron desdeñar el testimonio de Precedo. El defensor de Amador preguntó desde hace cuánto tiempo conocía a García Ortiz. Desde 2003 y a causa de la investigación judicial del naufragio del Prestige, respondió el periodista. En la instrucción, le preguntó si era verdad que sus familias se conocían, lo que era falso. Esta vez, se abstuvo de reiterar la pregunta.

Otro abogado, que representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, una pequeña asociación de fiscales que odia a García Ortiz, fue más lejos. Juan Antonio Frago quiso desprestigiar a Precedo con el argumento de que había entrevistado siete veces al fiscal general en más de veinte años. Como si entrevistar a alguien, te convirtiera en su colega. Al día siguiente, insistió en lo mismo en Twitter rebuscando en antiguos tuits de Precedo. Este le respondió que estaba citando cuatro veces la misma entrevista como si fueran diferentes. Pero es mejor esta respuesta: “He entrevistado más veces a Feijóo que al fiscal general, pese a haber pasado más tiempo ocupado en información de tribunales. Según el silogismo de este abogado, Feijóo y yo deberíamos ser íntimos amigos”. 

Es evidente que este abogado y fiscal en excedencia no sabe nada de periodismo y de derecho anda muy justito.

9. Periodistas cabreados. Algunos están muy enfadados con los testimonios de los periodistas en el juicio. Temen que hagan que sea más difícil que García Ortiz sea condenado. Rafael Latorre, columnista de El Mundo, sostiene que su testimonio es “irrelevante” al haberse acogido al secreto profesional. Es lo mismo que decidió el juez instructor, porque cuestionaba el relato con el que quería llevar a juicio al fiscal general. Uno pensaba que siempre es importante que un testigo diga la verdad en un juicio, pero parece que hay excepciones. Como gran argumento, esgrime que “si el documento de marras circula por ahí desde hace semanas, a qué viene el acoso a Julián Salto, el hincha importunado, para conseguirlo”. No hay que ser un genio para saber que si García Ortiz ordenó que llamaran al fiscal Salto para que enviara esos documentos es porque no los tenía y los necesitaba para escribir la nota de prensa. 

10. Insisto. Da igual qué opinión tengas sobre García Ortiz, Díaz Ayuso o González Amador. Esto no es un partido de fútbol en el que quieres que ganen los tuyos. Es un juicio en el que la culpabilidad del acusado debe demostrarse con pruebas, no con indicios sospechosos, ejemplos de amnesia de algún testigo o deducciones de otros. Son las acusaciones las que deben demostrarlo. No es el acusado el que debe probar que es inocente.