Los frentes laborales abiertos del Gobierno: de los permisos de duelo a las cuotas de los autónomos

El Gobierno de coalición progresista ha hecho bandera hasta la fecha de varias leyes laborales como eje central de su mandato. De la reforma laboral, con la que se ha desplomado el trabajo temporal, a las subidas récord del salario mínimo o las reformas de pensiones, que recuperaron las subidas anuales con el IPC. Ahora, con una mayoría en contra en el Congreso tras el último portazo anunciado por Junts y una patronal que rechaza casi cualquier medida que plantea, al Ejecutivo se le complica aprobar nuevas iniciativas, aunque tiene varias negociándose o en trámite de aprobación. Entre otras, el Estatuto del Becario, las cuotas de los autónomos a partir de 2026 y la ampliación de los permisos de duelo por fallecimiento de familiares.

Los frentes laborales abiertos se enfrentan a un contexto complejo, pero no se dan por perdidas todas las batallas. Las medidas que lo tienen más difícil son aquellas que han de tramitarse en el Congreso de los Diputados, como quedó claro con el fracaso de la ley para reducir la jornada laboral, aunque hay algún ejemplo para la esperanza en el Ejecutivo, como la ampliación de los permisos por nacimiento de hijos a las 19 semanas.

Por otro lado, hay otras iniciativas que el Gobierno pretende aprobar por real decreto, que solo requiere de la luz verde del Consejo de Ministros. Aun así, la patronal ya ha avisado de que puede impugnar en los tribunales algunas de estas últimas.

A continuación, recopilamos las medidas laborales pendientes más destacadas y qué opciones tienen de prosperar.

1) Los permisos de duelo y cuidados paliativos

El Gobierno pretende ampliar el permiso remunerado por fallecimiento de familiares hasta los 10 días –desde los dos actuales– y crear un nuevo permiso de 15 días por cuidados paliativos, como anunció la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se suele referir a la medida como “los permisos de duelo”. La propuesta de Trabajo ha comenzado a negociarse ya en la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos y, por el momento, se enfrenta al rechazo de las patronales CEOE y Cepyme por el coste que tendría.

Los agentes sociales se han comprometido a presentar sus propuestas para intentar llegar a un acuerdo, entre las que los empresarios plantearon que el Estado pague parte de los días de ausencia de los trabajadores. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, reivindican la necesidad de ampliar los actuales días de permiso por la muerte de familiares, que consideran muy insuficientes, haya o no acuerdo con los empresarios.

El cambio normativo requiere de una ley, para modificar el actual Estatuto de los Trabajadores. En esta materia tan sensible, Yolanda Díaz se ha mostrado optimista de sacarla adelante, como ocurrió con la reciente ampliación de los permisos por nacimiento, ya que considera que es muy demandada por la ciudadanía y que oponerse a ella tendría un alto coste para los partidos políticos. Eso sí, los permisos por nacimiento se pagan con dinero público y esta medida afecta al bolsillo de los empresarios, con una gran influencia en los votos de PP y Junts, especialmente.

2) Las cuotas de los autónomos a partir de 2026

Las nuevas cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos a partir de 2026, para que sigan aproximándose a sus ingresos netos como se pactó en la reforma de 2022, siguen pendientes. Tras la polémica suscitada por las primeras propuestas del Ministerio de Elma Saiz, la negociación está en suspenso, indican fuentes del diálogo social.

Mientras que la patronal y su colectivo de autónomos ATA están intentando salirse del consenso alcanzado hace solo tres años, sin voluntad de subir las cuotas a los autónomos con mayores ganancias pese a su infracotización, en los sindicatos y colectivos progresistas de autónomos UPTA y UATAE insisten en la necesidad de retomar la negociación y la senda de cuotas para los próximos años. Además, entre las materias que están sobre la mesa está una mejora de la prestación por cese de actividad (el cese de los autónomos), todavía sin cerrar.

En su última propuesta, el Ministerio de la Seguridad Social intentó plantear un incremento de mínimos solo para 2026. Por el momento, el acuerdo en el diálogo social parece muy complicado y también los apoyos en el Parlamento, ya que la medida requiere de una ley. Si no prosperasen las nuevas cuotas, todo parece indicar que en un primer momento se prorrogarían las actuales de 2025.

Otra cosa son las consecuencias de retrasar la medida: al ser un hito del Plan europeo de Recuperación, dentro de la reforma de pensiones, España se arriesga a perder hasta 1.400 millones de fondos europeos por incumplir la reforma de los autónomos.

3) Subida salarial de los empleados públicos

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han comenzado esta semana la negociación para un nuevo acuerdo, que incluirá la subida salarial de más de 3,5 millones de empleados públicos. Tras semanas de parón por parte del Ejecutivo y la amenaza de huelga de las centrales sindicales, las partes han comenzado la negociación con buenas sensaciones, aunque todavía sin una cifra para la actualización de los sueldos para 2025, una de sus principales reivindicaciones, informa David Noriega.

La negociación abordará las mejoras retributivas, pero también otras medidas organizativas en materia de empleo y de mejora de las condiciones laborales. Función Pública quiere dibujar un nuevo marco plurianual, de 2026 a 2028. Sobre el tema que más interés suscita, los incrementos salariales, para ese periodo plurianual tendrán un componente fijo y otro variable, “de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo”, según ha trasladado el ministerio a los sindicatos.

4) El Estatuto del Becario

El Consejo de Ministros dio la semana pasada el primer paso para aprobar el Estatuto del Becario, una ley para reconocer a los estudiantes nuevos derechos en sus prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, y también para poner límites al abuso y el fraude en esta figura.

Esta puede ser una de las medidas que lo tiene más difícil para salir adelante, por las grandes resistencias que enfrenta entre los rectores de universidades y algunos sectores empresariales. Como muestra, lo que ha tardado el propio Gobierno en llevar la norma al Consejo de Ministros: más de dos años desde que la pactó con los sindicatos CCOO y UGT.

El ser un anteproyecto de ley, inicia ahora un proceso de informes y trámites preceptivos hasta pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, algo que puede demorarse varios meses. Entonces, el Ejecutivo mandará el proyecto de ley al Congreso de los Diputados para tramitar la norma con el resto de formaciones políticas. Una tarea que en este caso se antoja más complicada de lo habitual, ya que en el pasado varios socios de investidura del Gobierno (PNV, ERC y EH Bildu) han mostrado también sus reticencias a esta regulación.

5) La Ley de prevención de riesgos laborales

La que Yolanda Díaz ha calificado en estos días como “la ley más importante de todas”, pero que está en un segundo o tercer plano, como suele ocurrir con un tema tan importante –e invisible– como las muertes en el trabajo y los accidentes laborales. Se trata de la renovación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que exigen las organizaciones sindicales desde hace años para frenar el estancamiento (e incluso aumento) de la siniestralidad laboral desde 2012. El año pasado murieron 796 personas en accidentes de trabajo, un 10% más que el anterior.

El texto legal que está sobre la mesa incorpora, entre otras, mayores obligaciones para prevenir los riesgos psicosociales ante la enorme escalada de bajas por salud mental, la perspectiva de género en la salud y seguridad ante los accidentes, así como medidas para integrar la prevención dentro de las empresas (que no sea del todo externalizada sin ningún enlace dentro de las compañías), algo sobre todo pensado para las pequeñas, en las que se registran la gran mayoría de siniestros.

Con una mesa de diálogo social que se abrió hace más de un año, en febrero de 2024, la ministra de Trabajo emplazó la semana pasada en público a los empresarios a intentar cerrar un acuerdo este mes de noviembre. “Tenemos muchas diferencias, pero la salud de los trabajadores no es una de ellas”, apuntó Díaz. Fuentes sindicales son menos optimistas sobre las posibilidades de un acuerdo con los empresarios, aunque insisten en la urgencia de ello. Los cambios requieren la tramitación de una ley, que debería por tanto pasar por el Parlamento.

6) El refuerzo del control horario

Tras decaer la medida en la ley para reducir la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo inició en septiembre los trámites para endurecer el control horario por real decreto. El texto que plantea el departamento de Yolanda Díaz recoge varias novedades muy relevantes. Entre ellas, que la Inspección de Trabajo tenga acceso en remoto al registro de las empresas, así como que este especifique expresamente las horas ordinarias y las extraordinarias que se realizan, así como si estas últimas se pagan o se compensan en descanso.

Al tratarse de un real decreto, la norma no tiene que pasar por el Congreso, sino que la puede aprobar en solitario el Gobierno. Ahora mismo está recabando el informe de varios ministerios y organismos oficiales, como el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos. Cuando supere esta fase, el texto irá al Consejo de Ministros, que podrá aprobarlo y que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor. El Gobierno dio luz verde a que se tramitara por la vía de urgencia, para recortar los plazos, aunque aún no hay fecha para su aprobación.

No obstante, hay muchas posibilidades de que la patronal CEOE impugne este refuerzo del control horario en los tribunales, ya que los empresarios consideran que las medidas anunciadas no pueden plasmarse en un reglamento, sino que requerirían de una ley.

7) Aumento del salario mínimo y su reglamento

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es uno de los platos fuertes de la agenda laboral del Gobierno, como ha ocurrido en los últimos años. Desde 2018, los Ejecutivos de Pedro Sánchez han elevado este suelo salarial un 61%, hasta los 1.184 euros brutos al mes este 2025.

El Ministerio de Trabajo ha activado la ya habitual comisión de personas expertas para asesorar al Gobierno cuánto subir el SMI este 2026, con el objetivo de que cumpla el compromiso de la Carta Social Europea de garantizar el 60% del salario medio del país. En esta ocasión, Yolanda Díaz ha pedido dos propuestas: una en la que el SMI tribute por primera vez en el IRPF, como quiere Hacienda, y otra sin pagar este impuesto.

El Gobierno puede aprobar la medida en solitario por decreto, aunque antes el Ministerio de Trabajo tratará de pactarla con los agentes sociales. Los últimos años ha habido acuerdos con los sindicatos mayoritarios, pero no con los empresarios, que en esta ocasión tampoco se prevé que estén dispuestos a ningún pacto.

Y este año hay otra novedad. Trabajo está negociando en paralelo un real decreto para modificar la regulación del salario mínimo, por ejemplo para que las empresas no puedan absorber el aumento del SMI a través de ciertos pluses y complementos salariales, como ha respaldado el Supremo. De nuevo, en este caso también se prevé que la patronal impugne el decreto en los tribunales.

8) La subida de las pensiones y del IMV para 2026

El aumento anual de las pensiones tendrá que pasar por el Congreso, como cada año. La subida general se calculará según la inflación media del año, como recogió la reforma de pensiones de 2021, mientras que se prevén mayores aumentos para las pensiones mínimas y las no contributivas, así como el ingreso mínimo vital (IMV).

Lo previsible es que la revalorización sea respaldada por el Parlamento, al ser una medida de la que depende la nómina mensual de 10 millones de pensionistas y 2,4 millones de personas en pobreza. Aunque el año pasado hubo sorpresa, cuando PP y Junts tumbaron la revalorización de las pensiones para hacer decaer el llamado ‘decreto ómnibus’. Después, no obstante, ambas formaciones respaldaron la subida en un segundo decreto con escasos cambios.

9) Jubilación flexible y el complemento contra la brecha de género

El Ministerio de la Seguridad Social ultima también una reforma de la denominada “jubilación flexible”. Es la fórmula por la que una persona jubilada vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión, y que el Ejecutivo pretende incentivar más para hacerla más atractiva.

En la mesa de negociación con los agentes sociales también se aborda la reforma del complemento contra la brecha de género en las pensiones que la justicia europea consideró discriminatorio y facilitar la jubilación a tiempo parcial de los empleados públicos laborales, entre otras medidas.

Todavía no hay acuerdo entre las partes, aunque en esta mesa hay más opciones que en otras para un acuerdo tripartito, como ocurrió con los cambios en la jubilación parcial, demorada y activa en vigor desde hace unos meses. En todo caso, las medidas tendrían que pasar después por el Congreso y reunir los apoyos parlamentarios para ser aprobada.

10) Negociación sobre las bajas médicas

Esta negociación de la Seguridad Social está menos madura y es objeto de muchas reticencias por parte de los sindicatos. Se trata de la reforma de algunos aspectos de la incapacidad temporal, las prestaciones que reciben los trabajadores cuando están enfermos, en un contexto de gran auge de las bajas médicas.

En un inicio, la ministra Saiz generó una gran polémica al hablar de bajas más “flexibles” que permitieran también trabajar, lo que enturbió de partida la negociación. Después, Seguridad Social aclaró que solo pretende regular una modalidad de “altas progresivas” para ciertas patologías largas, como el cáncer, a partir de la recuperación de la persona trabajadora, y para situaciones de pluriactividad. Además, también se está hablando de varios cambios en la gestión de la prestación, con el objetivo de evitar demoras administrativas, entre otros. No obstante, esta negociación es de más largo recorrido y de momento no se espera que se vaya a cerrar un acuerdo al respecto.