Un responsable de Urbaser autorizaba los vertidos ilegales en Madrid por los que la empresa amenaza con despidos

Actuaciones “motu proprio y de manera inexplicable, pues no disponían de instrucción alguna emitida por la empresa”. De esta forma arremetía la notificación de sanción de la compañía Urbaser que recibieron dos empleados, a los que la empresa responsabiliza de vertidos ilegales de aguas negras en el cantón de limpieza de Las Tablas, una actuación denunciada hace meses por Ecologistas en Acción después de que quedara captada en un vídeo. Trabajadores de la entidad insistieron en que “era una orden” y ahora este periódico ha tenido acceso a mensajes que prueban cómo el método irregular era conocido y aprobado por cargos superiores.

Así queda reflejado en conversaciones telefónicas entre el delegado de Urbaser David Lao y una capataz, a la cual la compañía ha abierto otro expediente sancionador con amenaza de despido o suspensión de empleo y sueldo entre 12 y 60 días. En los mensajes, anteriores a la trascendencia mediática del caso, la operaria trasladaba puntualmente al cargo de Urbaser las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en dos cantones, con imágenes de las prácticas acometidas en las que se dan cuenta de las aguas negras vertidas. “Limpia la arqueta de Quintanapalla [calle donde se ubica el cantón de Las Tablas]. Luego vemos cómo”, ordena Lao a esta trabajadora, que en la actualidad se encuentra de baja.

La capataz respondió a Lao preguntando por si lo que quería que sanearan era “el pocillo”, nombre coloquial con el que la plantilla se refiere a las arquetas que se abrieron para llevar a cabo esta limpieza irregular. La capataz envía varias fotos al delegado de Urbaser y explica que “se han limpiado las rejillas de Quintanapalla” o que “el martes se hizo Isla de Arosa [otro cantón del distrito de Fuencarral-El Pardo]”.

“Llevamos así más de año y medio, dos veces a la semana. Hemos vertido unos 150 litros de aceite hidráulico al alcantarillado público”, denunciaba un trabajador del servicio municipal de recogida de residuos de Madrid sobre la dinámica en el cantón de limpieza del Ayuntamiento en Las Tablas, al norte de la capital.

Impacto al río Jarama después de “directrices de mandos superiores”

Ecologistas en Acción alertaba en un comunicado de “un impacto al medio ambiente y a la salud de los trabajadores que requiere una intervención urgente por parte de Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid, ya que afecta a sus instalaciones”. Y añaden: “La carga contaminante estará llegando a la estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas, alterando su normal funcionamiento e incrementando el riesgo de contaminación directa del río Jarama. Especialmente si existen tormentas con intensa precipitación en poco tiempo y el agua del alcantarillado no puede ser retenida por los tanques de tormenta y se vierte directamente al río. Se trata de un delito ambiental que afecta directamente el adecuado funcionamiento del alcantarillado y depuración del Canal de Isabel II y el Ayuntamiento”.

El conflicto medioambiental derivó en poco tiempo en un choque laboral. Los dos empleados retratados ejecutando estas tareas irregulares recibieron el pasado 28 de julio sendas notificaciones de sanción por parte de Urbaser, a la que luego se unió la enviada a la capataz. Sin embargo, diversas fuentes de la plantilla consultadas por Somos Madrid aseguran que estas actuaciones han sido “repetidas en el tiempo” y que seguían “las directrices de mandos superiores”.

“Si no cumplíamos con lo que el jefe nos mandaba, nos conllevaba una sanción”, aseguraba un miembro del personal. Explicaba que recibían las directrices de mandos intermedios, de su capataz, pero que estas “vienen siempre a su vez del jefe de servicio”. En caso de no seguir estas indicaciones, los trabajadores temporales se exponían a “la no ampliación de sus contratos como forma de castigo”. La plantilla fija también podía sufrir represalias: “Si ibas al médico no valía un justificante. Te exigen un certificado que demuestre que la prueba tenía que ser necesariamente en el horario de tu turno. Te retienen la cantidad correspondiente a esas horas hasta que les llevas a juicio, y no es hasta ese momento que te lo devuelven para evitarse el proceso”.

La notificación de sanción laboral de Urbaser, a la que tuvo acceso este medio, habla por contra de actuaciones sin “instrucción alguna emitida por la empresa”: “Usted empezó a recoger parte del líquido que se encuentra en un cubo con otro de menores dimensiones y una cuerda, siendo posteriormente basculado en el interior del cubo que previamente había trasladado hasta las inmediaciones del separador de hidrocarburos […] Arrojaron el líquido hacia una alcantarilla situada a la entrada del cantón”. Una intervención que, admite la propia empresa, supone “transgredir una prohibición expresa” y “daña la imagen de la compañía”.

Las cartas dirigidas a los dos empleados y a la capataz finalizan con las propuestas de sanción: “Los hechos son susceptibles de ser tipificados como falta muy grave, siendo sancionables con la suspensión de empleo y sueldo o el despido, tal y como se recoge en el artículo 56.3 del Convenio colectivo general del sector”. Las fuentes laborales explican que sus compañeros siguen meses después a la espera de una respuesta por escrito sobre el estado y el alcance concreto de la multa: “Pero tienen claro que no se van a comer ni un día de castigo, van a defenderse. Seguramente en el juicio ni se presentará Urbaser, sobre todo cuando vea que existen más vídeos. Pero aunque se retracten, piensan llevar a la empresa a los tribunales. Y el malestar ya está en toda la plantilla”.

Una investigación interna ante el silencio del Ayuntamiento y las críticas de sindicatos o ecologistas

Este diario ha contactado en reiteradas ocasiones al área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para conocer su postura acerca de los vertidos, el resto de actuaciones que denuncian los operarios y la posible intervención ante ellas, así como si estas dinámicas pueden suponer un incumplimiento del acuerdo contractual con Urbaser. Por el momento, la concejalía que lidera Borja Carabante no da respuesta a las preguntas trasladadas.

Desde Urbaser declararon por su parte el pasado agosto que “actualmente la investigación interna sigue en curso y, por ende, aún no se han adoptado medidas de índole laboral, aunque sí se han adoptado otras de refuerzo de control y supervisión de las operaciones”. Esta vez, la compañía prefiere no hacer declaraciones públicas por el momento ante las cuestiones dirigidas a ella, después de las revelaciones sobre el papel de David Lao en los vertidos irregulares.

“No hay ninguna evidencia para atribuir la responsabilidad de este incidente a estos trabajadores en concreto”, recogía la alegación a la sanción laboral de Urbaser que presentó el sindicato UGT (al que está afiliado uno de los afectados). El escrito profundiza en estas críticas: “¿Cómo es posible que sucedan hechos como los descritos en su relato en un cantón donde continuamente están entrando y saliendo trabajadores, incluidos mandos intermedios, y nadie se percate de lo que hacen dos trabajadores abriendo una arqueta que nadie debía abrir según su versión?”.

A estos reproches se ha sumado el sindicato de Comisiones de Bases, co.bas, en una misiva dirigida a Borja Carabante. Recuerdan al concejal “las denuncias de Ecologistas en Acción contra Urbaser por vertidos ilegales al alcantarillado y por acumular residuos de barredoras en el cantón de Isla de Arosa, hechos que demuestran una falta total de control y supervisión municipal”. Hablan de una “grave y mala gestión del servicio de limpieza viaria en el distrito de Fuencarral-El Pardo, gestionado por Urbaser”.

“Se constata una falta de vehículos operativos, escasez de barrenderos en las calles y una planificación deficiente, lo que provoca amplias zonas sin atender. Este verano, por primera vez en muchos años, no se ha activado el retén de conductores, por lo que no se cubrieron las vacaciones ni las bajas, dejando numerosos vehículos inmovilizados y reduciendo drásticamente el servicio”, indican en un escrito que recoge otra serie de críticas a la compañía adjudicataria de dos lotes de limpieza licitados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

“Cabe recordar que con la anterior adjudicataria, Valoriza, la organización y planificación eran más eficientes, a pesar de contar con menos medios, lo que evidencia que el problema actual es de mala gestión. Además, el temor de los vecinos de Montecarmelo ante la posible gestión del futuro cantón por parte de Urbaser tiene fundamento, dados los antecedentes recientes en el distrito”, apuntan desde co.bas. La empresa tendrá la compleja tarea de administrar el mencionado cantón, uno de los que ha despertado más contestación vecinal debido a talas y trasplantes infructuosos de árboles ya ejecutados o molestias de salubridad, ruidos, movilidad y seguridad que anticipan residentes del entorno.

Parcela de Montecarmelo a la que se han traslado los árboles trasplantados, con los ejemplares secos o muertos de color marrón al fondo. En primer término, en el lado donde se instalará el cantón, un tablón colocado por vecinos con la inscripción «nos quieren talar».

Urbaser asumió el lote de los servicios de limpieza y recogida de residuos correspondientes a Fuencarral-El Pardo en 2021. La compañía, que antiguamente pertenecía a ACS y en la actualidad está en manos del fondo estadounidense Platinum Equity, se hizo con dos de los seis contratos concedidos: el número 3 (que además de Fuencarral-El Pardo incluye los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros y el 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones.

La relación contractual que se ha mantenido después de que la multinacional apartase a su número tres y al máximo responsable de Sertego (su filial de gestión de residuos) después de reconocer esta empresa su responsabilidad en una trama de fraude. Mezclaban aceite reciclado con gasoil para venderlo en estaciones de servicio, con un perjuicio para la Hacienda pública de 4,2 millones de euros. Urbaser enmarcó los cambios en “un proceso de reorganización”.

El último revés de la compañía llegó a finales de agosto, cuando trascendió que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid anuló la adjudicación de 1.091 millones de euros en un contrato de limpieza impulsado por la 42 localidades que conforman la Mancomunidad de Municipios del Noroeste por “falta de motivación”. Tumbó la concesión una modificación presentada por la empresa sobre su propuesta inicial, ante la cual la mesa de contratación debía decidir si se trataba de una mejora o un cambio sustancial en los pliegos. Cada una supone implicaciones propias y un tratamiento distinto en el proceso. “En el expediente existe una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica”, subraya la resolución.

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