El abogado general del TJUE avala la mayor parte de la ley de amnistía

Aval del abogado general de la Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los aspectos nucleares de la ley de amnistía. El abogado general ha concluido que la norma “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión. Se trata de los dos elementos centrales, relativos a la malversación y el terrorismo, que sí cuestionaban los tribunales españoles contrarios a la norma.

El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y, en parte, ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE el año pasado y este plazo ya se ha cumplido) y retirar toda medida cautelar.

Además de la ofensiva del Tribunal Supremo contra la ley al negarse a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers, cuatro instancias nacionales enviaron al TJUE cuestiones prejudiciales antes de decidir sobre la norma.

Las cuestiones prejudiciales más relevantes fueron las enviadas a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Estos tribunales consideran que la norma pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera a la directiva europea de lucha contra el terrorismo, extremo que este jueves ha desmentido con contundencia el abogado general del TJUE Dean Spielmann en sus conclusiones.

Tras despejar de forma clara las dudas jurídicas sobre la norma, el letrado general también replica a las inusuales críticas políticas contra la norma que realizó el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, en la vista del pasado mes de julio. El abogado de la Comisión cuestionó la amnistía “a cambio” de la investidura y la llegó a tildar de “autoamnistía”.

La respuesta del abogado general es contundente. “Nada permite calificar la ley de autoamnistía”, zanja Spielmann en su texto. El abogado general agrega que la norma se aprobó en el Congreso fruto de un procedimiento “regular” y “tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista”, y no como resultado “de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario”.

El abogado general también niega que la amnistía suponga sustraer las funciones del Poder Judicial. “Su aplicación no se sustrae al control judicial”, remarca el texto de Spielmann, que remarca que la norma está bien acotada en cuanto a hechos y plazo temporal: “Se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas”.

El abogado general de la UE es una figura del TJUE que proporciona a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo. Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia, que todavía no tiene fecha.

A nivel jurídico, la Comisión se situó en un punto intermedio entre partidarios y detractores de la ley: la avaló a grandes rasgos pero rechazó algunos de sus aspectos y, en otros, pidió dejarlos en manos de los jueces españoles (extremo que quieren evitar los independentistas). Las conclusiones del abogado general van en la línea de las expectativas independentistas y no dan margen de maniobra a los tribunales españoles que han planteado las cuestiones prejudiciales para no aplicar la ley.

De la respuesta europea a la amnistía dependen, en buena medida, dejar ya casi en imposible cualquier nueva petición del Supremo para extraditar al expresident Carles Puigdemont así como salvar de la cárcel a los CDR acusados de terrorismo.

Uno de los aspectos clave de la futura sentencia será ver el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía (y que será clave para comprobar si los magistrados en España vuelven a ignorar la ley y no la aplican en los casos más sensibles para los independentistas, como ha hecho el Supremo con Puigdemont). Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE dentro de unos meses.