El verdadero complot en el caso contra el fiscal general

En su maratónica deposición de este jueves ante el Tribunal Supremo, el abogado de Alberto González Amador en el juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos describió una suerte de complot para destruir a su defendido y, por extensión, a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De acuerdo con la narración del letrado, la conspiración estuvo capitaneada por el jefe del Ministerio Público y contó con la participación de dirigentes socialistas, con el presidente Sánchez en cabeza, y periodistas que actuaban como una correa de transmisión informativa perfectamente sincronizada con el cuartel general del número 4 de la calle de Fortuny.

Lo que no entiendo es por qué nuestro Perry Mason hispano no llegó al origen del complot, si resultaba extremadamente sencillo hacerlo. Pudo haber contado que el fiscal general, los dirigentes socialistas y los periodistas comenzaron a tejer la trama induciendo al novio de Ayuso a dar un pelotazo de dos millones de euros con las mascarillas en plena pandemia. O cómo lo arrastraron contra su voluntad a defraudar a Hacienda en 2021 y a seguir con sus andanzas defraudatorias en 2022 con un entramado de sociedades y facturas falsas. Y cómo, seguidamente, lo convencieron de que intentara regularizar su deuda con Hacienda cuando ya era legal hacerlo.

También pudo haber relatado que el fiscal general y su pandilla convencieron a González Amador de que contar sus líos con Hacienda y la justicia a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y le diera barra libre a este para hacer con la información lo que considerase oportuno. Y cómo Rodríguez, seguramente manipulado por el fiscal general, envió a varios medios amigos el pantallazo de un mail que le había enviado González Amador, indicándoles que la Fiscalía, y no el abogado del defraudador, había solicitado un acuerdo de conformidad y que este había sido frenado “desde arriba”. Los medios en cuestión publicaron dócilmente la información… obligados por el fiscal general, supongo. Mientras, Díaz Ayuso, también inducida por el infatigable fiscal general, no paraba de acusar al Gobierno y la propia Fiscalía de intentar de destruirla a ella a través de su novio.

Ironías aparte, el único complot que ha habido en todo este asunto es el que montaron González Amador –para defraudar a Hacienda– y el jefe de gabinete de la presidenta madrileña para convertir, con la obediencia supina de varios medios de comunicación, el caso González Amador en el caso Fiscal General del Estado. Una confabulación en la que ha participado activamente Díaz Ayuso con una artillería de declaraciones públicas que han ido desde presentar cínicamente a su novio no como deudor, sino acreedor de Hacienda, a denunciar una operación en marcha para destruirla políticamente.

En su relato de los hechos, el abogado de González Amador no solo enfiló sus baterías contra el fiscal general, sino que leyó declaraciones de dirigentes socialistas en las que se refieren al novio de Ayudo como “defraudador confeso”. Y dedicó buena aparte de su intervención a lanzar insidias contra los periodistas que han testificado en el juicio y han afirmado bajo juramento que las informaciones que publicaban no procedían del fiscal general, aunque se han resistido a revelar sus fuentes invocando el secreto profesional.

Pero, eso sí, al bulo que puso en marcha Miguel Ángel Rodríguez –que no es un ciudadano más, sino un alto cargo de confianza de la presidenta madrileña– y que provocó una respuesta de la Fiscalía General del Estado mediante un comunicado público, el abogado de González Amador le antepuso un ‘presunto’. Cuando era una patraña del tamaño de un configura y el origen de cuanto sucedió después.

Será, por supuesto, el Tribunal Supremo quien haga las valoraciones pertinentes de cuanto se ha dicho en el juicio y decida la suerte del fiscal Álvaro García Ortiz. Sea cual fuere la decisión de los magistrados, habremos asistido a una sorprendente metamorfosis judicial, en la que un caso de fraude a Hacienda se convirtió mediante un complot –este sí auténtico– en una causa sin precedentes contra el fiscal general del Estado por haber intentado –con mayor o menor fortuna– desmontar la conspiración.