Junts evita un castigo al Gobierno y tumba la maniobra del PP para aplazar el cierre de las nucleares

Junts ha evitado a última hora una nuevo castigo al Gobierno al votar en contra de una enmienda del PP que intentaba modificar el calendario para el cierre de las centrales nucleares, previsto de forma escalonada hasta 2035. El Ejecutivo consigue una jornada parlamentaria redonda tras conseguir la aprobación de la ley de clientela, que ya camina al Senado, y la entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible sin los principales cambios que buscaban los de Alberto Núñez Feijóo. 

Pese a las dudas desde que el PP introdujo la enmienda, el Gobierno ha tenido un día redondo en el Congreso, con la aprobación de la Ley de Atención a la Clientela, del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la aprobación definitiva de Movilidad Sostenible, un gran proyecto que busca impulsar el transporte público y una importante reducción de emisiones, un proyecto del que además dependen 10.000 millones de fondos europeos. 

Con este movimiento, Junts sigue sin probar en los botones de votación del hemiciclo la anunciada ruptura de relaciones con el Gobierno. Es cierto que la ley de movilidad sostenible estaba pactada de antemano y no entraba en el listado que los independentistas anunciaron que tumbarían a partir de ahora, pero la enmienda del PP había abierto una brecha en un tema sensible para Junts.

La semana pasada el partido de Feijóo aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para enturbiar la estrategia del Ejecutivo con un tema muy sensible para algunas regiones específicas, como Extremadura, donde el partido de Alberto Núñez Feijóo acaba de forzar un adelanto electoral para finales de diciembre. Allí se encuentra la central de Almaraz. La jugada ha conseguido además abrir una grieta en el PSOE, con el candidato a esas elecciones, Miguel Ángel Gallardo, a favor de la prórroga de la vida de esa planta. 

La enmienda fracasada buscaba alargar el calendario pactado, después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy acordaran presentar una solicitud formal para prorrogar el cierre de Almaraz hasta junio de 2030, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y 2028, según el calendario que las empresas y el Gobierno pactaron en 2019. La prórroga haría coincidir el cierre de la planta extremeña con los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), y Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030).

En el Gobierno habían dejado en cualquier caso la decisión sobre Almaraz en manos del Consejo de Seguridad Nuclear. El Ministerio de Transición Ecológica ha remitido ya a ese órgano la petición de modificación del calendario de las eléctricas con la exigencia que ya marcó Pedro Sánchez en una comparecencia en mayo: que la prórroga garantice la seguridad del suministro, que no esté en riesgo la seguridad radiológica y que no suponga un extracoste para el contribuyente.

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez aseguró en una entrevista en El País que el Gobierno “no tiene una posición en absoluto dogmática, sino pragmática” sobre las nucleares. “¿A qué me refiero? A que si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta. Pero tienen que cumplir con esas tres exigencias que, a mi juicio, son de puro sentido común”, dijo. 

El problema, más allá de esta cierta flexibilidad marcada por el Gobierno, que ha enfadado a Sumar, radicaba en que la enmienda del PP era mucho más amplia y abre el abanico de las condiciones. La modificación que ya ha introducido el Congreso establece que el titular de cada una de las centrales podrá solicitar con al menos 18 meses de antelación al plazo previsto “una nueva autorización al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”. “La documentación soporte de la solicitud del titular, desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica, será la que determine el Consejo de Seguridad Nuclear”, establece. 

Con la votación de este jueves, el Congreso no modifica finalmente los planes pactados a la espera de lo que decida el Gobierno tras la petición de las eléctricas. Aunque habían mostrado tranquilidad, la jornada sirve también para apuntalar una derrota del PP que buscaba herir al Gobierno en un tema sensible en la campaña de Extremadura.

Impulsar la eliminación de los vuelos cortos

Más allá de esta enmienda en concreto, la votación de este jueves supone la aprobación definitiva de la Ley de Movilidad Sostenible, un texto muy importante para el Gobierno que viene de la legislatura anterior y que ha experimentado una intensa negocaición en comisión. El texto reconoce por primera vez el derecho a la movilidad sostenible. Y como parte de ese derecho impone el objetivo de llegar a la neutralidad climática a mitad de siglo, con el objetivo vinculante de ir descarbonizando todo el sistema de transporte.

En este sentido, ley insta a las administraciones a elaborar planes para impulsar el transporte público colectivo, con servicios incluidos de movilidad compartida, colaborativa o a demanda, que hasta ahora no se habían contemplado como alternativa. También se actualizan las etiquetas medioambientales de los automóviles, con la idea de incrementar el parque de coches eléctricos. La ley también incluye algunos aspectos relacionados con el coche eléctrico, como la aceleración del despliegue de la infraestructura pública de recarga.

Otro de los puntos más significativos es el plan que contempla la ley es el plan para impulsar la reducción de vuelos domésticos. El texto no establece un compromiso claro pero encarga al Ministerio de Transportes la elaboración de un estudio que examine desde el punto de vista técnico las posibilidades para la “racionalización de vuelos cortos” cuando exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media, salvo en los casos en los que haya conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.

“El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estudiará desde un punto de vista técnico, si la racionalización del uso de los vuelos cortos […], siempre dentro del marco normativo europeo, podría ser una medida que, de una forma efectiva, permita reducir las emisiones del modo aéreo, analizando, asimismo, otros posibles impactos de la medida”, dice el dictamen aprobado en la comisión. “En el marco de este estudio, se hará una propuesta de regulación de los vuelos […], teniendo en cuenta los posibles efectos en varios ámbitos, como la conectividad regional, los impactos a nivel económico y social como es el caso del impacto en las subvenciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares o la propia capacidad de sector para descarbonizarse”, establece.

La ley no plantea medidas como el pago por uso de las autovías, que se descartó por completo; y habilita, pero no obliga a poner peajes en zonas urbanas. También exige a las empresas que tengan 200 personas en un centro de trabajo o entre 100 y 240 en distintos turnos que elaboren planes propios de movilidad.